El Ministerio del Interior reconoce un impago de 76 millones en todo el Estado, situando al archipiélago entre las regiones afectadas por los retrasos de Instituciones Penitenciarias
El Ministerio del Interior ha reconocido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene contraída una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios ocasionados por la atención a los reclusos desde 2018. El departamento estatal aclara que el Gobierno central ha abonado 121,4 millones de euros a las administraciones autonómicas desde esa misma fecha por este concepto.
Dentro de este reparto de impagos, Canarias figura entre las comunidades damnificadas con una deuda pendiente de 5,5 millones de euros. El Ejecutivo central sitúa las cifras del archipiélago a la par de otras regiones como Baleares, que reclama 7,2 millones de euros, Aragón, con 6,6 millones, Castilla y León, que espera 4,5 millones, o Galicia, que registra 3,4 millones de euros acumulados.
La Comunidad de Madrid destaca como la región a la que el Gobierno central adeuda la mayor cantidad, con 27,2 millones de euros, una cifra que representa el 35 % del total del dinero pendiente de pago. Una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press detalla que el Ejecutivo central ya ha pagado a las arcas madrileñas 21 millones de euros por estos servicios asistenciales, mientras que Andalucía sigue a Madrid en la lista con 14,8 millones pendientes de cobro.
El lento avance del traspaso de competencias
El Ministerio del Interior recuerda en su contestación que avanzar en el traspaso de servicios y funciones en materia de sanidad penitenciaria constituye un «objetivo estratégico» para la Administración Penitenciaria. Esta hoja de ruta atiende al mandato de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, una normativa estatal que busca unificar la gestión sanitaria en todo el país.
Hasta el momento, solo el País Vasco (2011) y Navarra (2021) han completado esta transferencia competencial, además de Cataluña, que asumió estas funciones con anterioridad a la vigencia de la citada norma. La disposición adicional sexta de esta ley ordena explícitamente la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su posterior traspaso definitivo a las comunidades autónomas.
El Gobierno ha deparado estos datos económicos en una respuesta por escrito dirigida al Grupo Popular en el Congreso, después de que el PP se interesara formalmente por el importe exacto que Instituciones Penitenciarias ha abonado y el que todavía adeuda a cada una de las autonomías por la atención médica prestada a la población reclusa desde 2018 hasta la actualidad.
Alianzas digitales para esquivar el bloqueo
El Ministerio del Interior recuerda que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «viene haciendo importantes esfuerzos, a todos los niveles» para cumplir eficazmente con la asistencia sanitaria penitenciaria a falta de que se materialice dicha transferencia total de competencias. El Gobierno defiende su gestión ordinaria de los centros penitenciarios a pesar de las tensiones financieras con las regiones demandantes.
El Ejecutivo central destaca la firma de convenios de colaboración con distintas comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y telemedicina. Estas herramientas de coordinación técnica intentan paliar el retraso en la descentralización de las competencias médicas dentro de las cárceles españolas.
Interior subraya que estos convenios sectoriales permiten a los profesionales sanitarios de los establecimientos penitenciarios acceder directamente a los datos médicos públicos, tanto de atención primaria como de la red especializada. Este sistema informático unificado facilita la consulta del historial de las personas privadas de libertad ingresadas actualmente en cualquiera de los centros del país.
