El director del Servicio Canario de Salud (SCS) manifiesta en un audio divulgado por el departamento que dirige que el SCS colaborará con la justicia y en la recuperación del dinero «que no está en las arcas públicas», cuatro millones de euros que se entregaron a la empresa RR7 antes de recibir unas mascarillas que nunca llegaron
El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, contra quien se ha querellado la Fiscalía Anticorrupción en el «caso mascarillas», ha afirmado este miércoles que «el Servicio Canario de la Salud» ha seguido todas sus actuaciones «basándose en la legalidad vigente».
Domínguez manifiesta en un audio divulgado por el departamento que dirige que el SCS colaborará con la justicia y en la recuperación del dinero «que no está en las arcas públicas», cuatro millones de euros que se entregaron a la empresa RR7 antes de recibir unas mascarillas que nunca llegaron.
La querella de la Fiscalía contra Domínguez es por prevaricación y tráfico de influencias, en un caso en el que el Ministerio Público incluye en sus acusaciones al administrador de la empresa RR7 United Limited, Rayco Rubén González, por estafa, y la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
En la declaración difundida, Conrado Domínguez afirma que «el Servicio Canario de la Salud, durante todo este periodo de pandemia, ha seguido todas las actuaciones basándose en la legalidad vigente en cada uno de los momentos, intentando velar siempre por el interés general para poder proteger a los profesionales del Servicio Canario de la Salud».
«En cualquier caso, es importante la colaboración que habrá que hacer con la justicia y por supuesto seguir, a través de los órganos que tiene el gobierno, persiguiendo el poder recuperar el dinero que en este caso no está en las arcas publicas», concluye.
Indicios de delitos de prevaricación, tráfico de influencias o estafa
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias califica de grave la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del Servicio Canario de la Salud y el responsable de la empresa RR7 por el pago de 4 millones para mascarillas.
Ocurrió en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando escaseaban los suministros. La Fiscalía aprecia indicios de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales. Sanidad insiste en que todo se hizo de forma legal y dice que se pretendía proteger a los sanitarios con el material adecuado.
