La norma fue aprobada el pasado 6 de abril en el Senado con la oposición del PP y VOX. Las penas desde este jueves podrían ser de entre tres meses y un año de prisión
Acosar a una mujer que acude a una clínica para interrumpir voluntariamente su embarazo o a los profesionales que los realizan es delito. Desde este jueves, podrá recibirse un castigo de una pena de entre tres meses y un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.
La reforma del Código Penal, publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), castiga a quien «obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» y acose a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».
También quien acose a los profesionales sanitarios que realizan abortos y a los directivos de los centros habilitados. Ante estos centros habilitados suelen concentrarse miembros de asociaciones provida.
La ley considera «imprescindible garantizar una zona de seguridad» alrededor de esos centros. De esta forma, podrá garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física y moral, así como sus derechos sexuales y reproductivos.
Para perseguir este acoso no es necesaria la denuncia de la persona agraviada. Además, según la gravedad del caso, el tribunal podrá imponer también al condenado la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de entre seis meses y tres años.
Por otr lado, en la ley se destaca que se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OMS pidió asegurar la confidencialidad de las mujeres que deciden abortar. Algo que se recoge un informe de 2018 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo. En este sentido, alertaba de que miles de mujeres sufren increpaciones, insultos, coacciones y amenazas al acudir a esos centros.
El grupo parlamentario socialista impusó esta norma que aprobó el pasado 6 de abril el Senado con la oposición del PP y Vox.
