Todos los grupos coincidieron en que el acoso a las mujeres que acuden a clínicas a abortar es inaceptable y no se puede permitir
El Pleno del Parlamento de Canarias, con el voto en contra del Grupo Popular, ha aprobado este miércoles una PNL del Grupo Socialista en la que se apoya la modificación del Código Penal ya aprobada en el Congreso que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas a abortar, con penas que van desde tres meses a un año de cárcel o trabajos en la comunidad. Los populares sí apoyaron que la Cámara inste al Gobierno regional que impulse programas de educación sexual y de prevención de embarazos no deseados.
María del Pino González ha comentado que el aborto es un «derecho reconocido» en España pero no se puede ejercer en libertad por la acción de «grupos ultra» que «acosan y hostigan» a las mujeres y a los profesionales que lo practican a las puertas de los centros sanitarios.
Ha comentado que el acoso es «una constante» y recordado que la UE insta a los países a que garantice la discreción, la libertad de las mujeres y la calidad en la prestación del servicio, reivindicando el derecho a un «aborto seguro» por lo que los socialistas proponen que el acoso sea delito.
En su opinión, los avances en igualdad «son lentos» y hay que «protegerlos y blindarlos». ¿Por qué las mujeres tenemos que ser insultadas y agredidas o agachar la cabeza para poder abortar?, no vamos a permitir que se de ni un paso atrás», ha agregado.
Estigmatización de las mujeres que quieren abortar
María del Río, de Sí Podemos, ha criticado que las asociaciones «estigmatizan» a las mujeres e «incomodan» a los trabajadores y muchas mujeres no tienen derecho al aborto debido a la objeción de conciencia, caso de Lanzarote.
Por ello, ha presentado una enmienda para que se apruebe la reforma de la ley de derechos sociales y reproductivos para que el aborto se pueda realizar de forma efectiva.
Respuesta tardía
Vidina Espino, del Grupo Mixto, ha comentado que la decisión de abortar «es muy dura y difícil» y tiene grandes repercusiones para las mujeres pero entiende que la PNL «llega tarde» porque la ley orgánica ya se ha modificado en el Congreso e incluye penas.
Además, ha apuntado que no hay constancia en Canarias de que se den estas prácticas de acoso.
No se puede permitir el acoso
Melodie Mendoza (ASG) ha afirmado que cuando una mujer decide poner fin a su embarazo debe tener «todos los medios» adecuados a su disposición y estar acompañada por profesionales para decidir «libremente».
En ese sentido, ha indicado que «no se puede permitir» el acoso a las mujeres cuando acuden a las clínicas.
Carmen Hernández (NC) no entiende que haya grupos que traten de imponer una «dictadura moral» y que una mujer no pueda ejercer su derecho. Asimismo, ha criticado a los partidos políticos que «amparan los escraches».
Miguel Ángel Ponce, del Grupo Popular, ha indicado que la libertad de la mujer para abortar está garantizada. Además, sostiene que «queda mucho por hacer» en prevención y salud sexual. El diputado asegura que hay hasta un 30% de interrupciones de embarazo en las islas.
Ha comentado que el acoso es «inaceptable» pero ya se ha modificado el Código Penal.
Judith Bayarri, del Grupo Nacionalista, ha mostrado su preocupación por el auge del acoso en clínicas vinculado al crecimiento de la extrema derecha en España. Así, entiende que «no se pueden amparar» en la libertad de expresión.
Además, ha señalado que sigue habiendo «muchas deficiencias» en programas de prevención y salud sexual.
