Tras analizar la documentación y los datos recibidos, el Defensor del Pueblo también ha formulado varias recomendaciones a las administraciones
El Defensor del Pueblo, tras analizar la documentación y los datos recibidos de las administraciones -Ministerio de la Presidencia, Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de La Palma-, las quejas recibidas y la información recogida en la visita a la isla el pasado mes de octubre -donde mantuvo encuentros con las administraciones implicadas, el Diputado del Común y las asociaciones de afectados- considera adecuada la respuesta administrativa ante la catástrofe provocada por el volcán Cumbre Vieja y, al tiempo, formula varias recomendaciones que ha hecho llegar a las administraciones.
Notable esfuerzo normativo
El Defensor del Pueblo hace una serie de consideraciones y, a la vista de los datos de los que dispone, reconoce que se ha realizado un notable esfuerzo normativo, por la vía de urgencia, que ha permitido la puesta en marcha de un conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados, “medidas que las distintas administraciones están aplicando y gestionando en tiempos razonables, sin perjuicio de que algunos aspectos o ámbitos de la respuesta normativa y administrativa presenten más obstáculos que otros para su materialización”.
También reconoce la institución que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora es muy significativo y “parece acorde con la gravedad de los daños acaecidos”. A su vez, el Defensor del Pueblo considera que las administraciones implicadas están actuando de manera conjunta y coordinada.
Más de 577 millones en ayudas
Según los datos ofrecidos por las administraciones las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros. De ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción. Y el resto para emergencia social y apoyo al empleo (88,99 M€), ayudas para empresas, autónomos y sectores económicos (84,34 M€) y otras medidas y ayudas -montaje desaladoras, fondo de garantía del riego agrícola…- (144,62 M€).
En esa misma fecha se habían recibido, en el Registro Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36% (239).
No obstante, ante una catástrofe de esta naturaleza y dada la dimensión del daño producido, “es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes”.
Recomendaciones
El Defensor del Pueblo recuerda que hay que considerar en primer lugar a las personas afectadas y la difícil situación en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad. En ese sentido, ha recomendado a las administraciones, en sus tres niveles -estatal, autonómico y local- que incrementen sus esfuerzos para resolver a la mayor brevedad las solicitudes pendientes, “especialmente las relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual” y aquellos expedientes que están pendientes, si es preciso, mediante el refuerzo de los medios materiales y personales y la detección y corrección de las causas que provoquen retrasos y dificultades en su tramitación.
La institución estima que la magnitud y amplitud del daño causado por la erupción del volcán, así como el número de afectados, y la trasformación de una extensa zona territorial, plantean desafíos que deben ser objeto de reflexión. Así ha dirigido al Ministerio de la Presidencia, la recomendación de “que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente”.
Asimismo, con el fin de obtener suelo para las viviendas y actividades de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo estima necesario, y así se lo recomienda a la Vicepresidencia de que Comunidad Autónoma de Canarias que apruebe cuanto antes las normas que establezcan la nueva ordenación urbanística que permita afrontar las consecuencias sufridas en el territorio por la erupción volcánica. Y que lo haga lo más ágil y rápidamente posible, atendiendo a las necesidades de la población afectada.
