Pablo Rodríguez ve en el nuevo decreto una herramienta clave para simplificar tiempos de tramitación de licencias especialmente en municipios con escasez de medios técnicos
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado este martes en sede parlamentaria la aprobación del nuevo Decreto Ley para la agilización de licencias urbanísticas, una herramienta clave para agilizar la puesta a disposición de más viviendas en los municipios y simplificar los tiempos de tramitación de licencias, especialmente en aquellos ayuntamientos con escasez de medios técnicos.
Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que esta medida no persigue suplantar competencias locales, sino colaborar con los ayuntamientos que lo deseen, facilitándoles instrumentos que permitan reducir los plazos administrativos y contribuir así a dinamizar el desarrollo de vivienda protegida.
«Lo que estamos haciendo es colaborar con los ayuntamientos, no sustituirlos. El Tribunal Supremo ya ha dicho que, en situaciones excepcionales o cuando faltan medios, la Administración puede apoyarse en otros organismos para ayudar a resolver los trámites. Y eso es exactamente lo que buscamos: apoyar, no imponer. Sabemos que muchos ayuntamientos no tienen los recursos suficientes para afrontar solos el problema de la vivienda, y por eso queremos ofrecerles nuevas herramientas. Tampoco eliminamos requisitos, solo los simplificamos», añadió Rodríguez en su comparecencia.
“En algunos municipios, obtener una licencia puede tardar hasta dos años, cuando el plazo legal es de tres meses. Eso repercute directamente en el coste final de la vivienda, con sobrecostes que pueden oscilar entre los 5.000 y los 9.000 euros”, explicó el consejero, quien añadió que “la propia FECAM ha reconocido esta dificultad y ha respaldado este decreto como un mecanismo necesario y útil”, indicó el consejero.
Un Gobierno con más herramientas que nunca
El responsable del área ha insistido en que esta medida forma parte de un enfoque más amplio del Ejecutivo, que ha desplegado “más mecanismos e instrumentos que ningún otro gobierno anterior” para hacer frente a la emergencia habitacional que afecta no solo a Canarias, sino al conjunto del Estado y de Europa.
Rodríguez ha destacado que se han aplicado modelos ya probados en otras comunidades autónomas y se han introducido fórmulas pioneras en el Archipiélago, como la vivienda asequible incentivada. «No se trata de buscar culpables, sino de poner soluciones sobre la mesa, y eso es lo que está haciendo este Gobierno», ha apuntado.
Gestión eficaz de suelos
El consejero también ha querido dejar claro el compromiso del Gobierno con la gestión eficaz del suelo público. “Hoy no hay ni un solo suelo en manos del Instituto Canario de la Vivienda que esté paralizado. Todos los suelos finalistas disponibles están o en construcción o en fase de proyecto”, ha afirmado.
Esta movilización del suelo contrasta con situaciones pasadas, donde muchos terrenos permanecían inactivos durante años. La activación total del suelo disponible permite acelerar la construcción de nuevas viviendas y ampliar el parque público de forma real y efectiva.
Viviendas del Sareb
El consejero de Vivienda del Gobierno canario también ha asegurado que es más eficaz dar recursos a las comunidades para políticas de vivienda que la empresa pública estatal que planteó el Gobierno de España hace meses y que, según el Ejecutivo canario, ha paralizado acciones como la compra de activos de la Sareb por parte de las autonomías.
Rodríguez ha insistido en que desde 2023 les parece oportuno que las viviendas que pertenecen a la Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) pasen a manos de las comunidades autónomas para que, a su vez, puedan ponerse en alquiler social para familias vulnerables.
En esa línea trabajaban, ha dicho, para comprar unos 300 inmuebles de la Sareb con ese fin, si bien ha aseverado que desde el anuncio del Gobierno de España de convertir la empresa pública Sepes en una empresa estatal de vivienda esas iniciativas de compra se han paralizado.
Ha subrayado que no le parece mal que administraciones como el Gobierno de España se impliquen para resolver el problema de emergencia habitacional, que es un problema europeo, ha agregado, pero ha pedido hacerlo con «eficiencia».
Por último, ha planteado que el Sepes, la empresa de gestión de suelo público reconvertida en empresa estatal de vivienda, cuenta con «suelos en lugares estratégicos que podrían ser de extraordinaria utilidad y que también han quedado paralizados».
