La Ley de Vivienda encara su recta final y el Gobierno de coalición espera aprobar una ley que consideran «absolutamente fundamental»
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este lunes que se encuentran en la recta final de la negociación de la Ley de Vivienda con los grupos parlamentarios y que el objetivo del Gobierno de coalición es aprobarla en las próximas semanas.
En este sentido, se ha mostrado confiada en ser capaces entre todos los grupos políticos de ultimar esas cuestiones que pueden quedar pendientes de negociación ya que tienen una gran responsabilidad con la ciudadanía.
La titular del departamento entiende que es una ley «absolutamente fundamental» para garantizar a todo el mundo el derecho a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes, a la clase media trabajadora y a los más vulnerables que a día de hoy han vivido el acceso a la vivienda como un «auténtico drama».
En declaraciones a los medios tras presentar los nuevos abonos ferroviarios gratuitos, ha insistido en que el proyecto de Ley de Vivienda salió del Consejo de Ministros consensuado por las fuerzas progresistas de este gobierno y que se inició el trámite de negociación parlamentaria para hacer incorporaciones de las diferentes fuerzas progresistas del arco parlamentario e incorporar mejoras.
Raquel Sánchez ha reconocido que se han incorporado observaciones en ese sentido pero que más que la atribución de medallas lo más importante es que se lleva mucho tiempo haciendo un trabajo ingente.
Una ley que no tenga grietas jurídicas
El objetivo, ha agregado, pasa por aprobar una ley que no tenga grietas jurídicas y ofrezca la máxima seguridad para evitar que se vea rodeada de numerosos recursos judiciales que debiliten su eficacia.
Asimismo, ha indicado que indiscutiblemente se van a respetar las competencias de las comunidades autónomas, ya que es una línea roja que se autoimponen, y que están muy cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que pide un esfuerzo conjunto para no defraudar a la ciudadanía.
Para ello, se ha fijado un sistema que compatibiliza que en las zonas que se declaren tensionadas por parte de las comunidades autónomas se establezca un sistema de índices de referencia y, por otra parte, se incorpora un sistema de incentivos fiscales para los pequeños propietarios. Con estas dos fórmulas se pretende o controlar, o regular o limitar ese incremento de los precios del alquiler, ha apuntado.
Operación Campamento
Sobre la Operación Campamento ha explicado que tras el protocolo con el Ministerio de Defensa para que se pudiera adquirir ese suelo, se están ultimando los trámites administrativos para formalizar el convenio, la compraventa y se está trabajando con el Ayuntamiento de Madrid en una operación «sin precedentes».
Este desarrollo y otros previstos van a hacer de 2023 el año de la vivienda pública en España, ha afirmado, y para hacer un seguimiento de las 100.000 viviendas de alquiler social que quiere sacar al mercado este Gobierno se va a poner en marcha una web para consultar todas estas promociones.
«Este gobierno está impulsando como nunca la promoción de un parque público de vivienda, podemos aplicar medidas de contención de la renta pero necesitamos en España un parque público de vivienda en el que se promocione el alquiler», ha agregado Sánchez, que asegura que no se va a permitir que estas viviendas se enajenen a fondos buitre.
