El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, dice que se realizará alguna retención del gasto para servicios «muy inflacionistas» como la sanidad y la educación
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, adelantó este lunes la voluntad del ejecutivo de realizar alguna «retención» del gasto previsto en el presupuesto autonómicos para 2022, para garantizar la financiación de servicios públicos «muy inflacionistas» como la sanidad y la educación.
Román Rodríguez mencionó estas intenciones del Gobierno sin aportar más detalles en la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, cuando la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, anteriormente en Ciudadanos y ahora colaboradora de Coalición Canaria, le preguntó por las medidas para reducir el gasto superfluo.
El consejero de Hacienda respondió que cualquier gasto del Gobierno está incluido en un presupuesto que aprueba el Parlamento. Por lo que si alguien considera que hay gastos superfluos en el presupuesto del Gobierno tiene derecho a criticarlo, o incluso a denunciarlos a los tribunales si cree que hay alguna ilegalidad.
«Un discurso fácil, simplificador y demagógico», de Espino
Rodríguez, según él para no alimentar «el discurso fácil, simplificador y demagógico» de Espino, no habló sobre un «gasto superfluo» concreto por el que le preguntó la diputada. Un almuerzo de 15.000 euros con empresarios, de 300 euros por comensal, celebrado en 2020 por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, para tratar sobre los fondos europeos, el cual, según ella, fue «una comilona«.
En el transcurso de la comisión, el consejero de Hacienda reiteró ante las propuestas del diputado del PP Fernando Enseñat que el Gobierno de Canarias no tiene intención ni de subir ni de bajar impuestos, y señaló que en Canarias la presión fiscal está doce puntos por debajo de la media española y es diecisiete puntos inferior a la media de la Unión Europea.
«No hemos tocado la fiscalidad, no hemos aumentado la deuda y hemos tenido más recursos que nunca, eso es gestionar bien los intereses de la gente», dijo Rodríguez después de que Enseñat le pidiera explicaciones por la falta de avances en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
Críticas del PP
El diputado del PP acusó al consejero de Hacienda de no dotar de medios humanos y materiales a la Agencia Tributaria Canaria para luchar contra una economía sumergida del 25% del PIB.
La explicación, según Enseñat, es que en lugar de recaudar más atajando el fraude para así rebajar la presión fiscal. «Es más cómodo» aumentar la recaudación «cobrando impuestos a los de siempre«, los trabajadores, los autónomos y las pymes.
Rodríguez admitió que es necesario mejorar los recursos humanos de la Agencia Tributaria Canaria, cuyo personal «no ha crecido lo previsto». Eso debido a que «los procedimientos son los que son» y aún están tomando posesión este año los que ganaron la oposición en 2018.
También indicó, en respuesta a la diputada de NC Esther González, que es importante culminar la digitalización del organismo. Para ello se utilizan fondos europeos Next Generation. Aún así se mostró muy satisfecho con la profesionalidad de la Agencia Tributaria. Con ella el Gobierno canario ha firmado un acuerdo de tres años con objetivos medibles y que se evalúa cada tres meses.
Cumplimiento del REF
El vicepresidente respondió además a una pregunta de la diputada de CC-PNC Rosa Dávila. Una pregunta sobre el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) por parte del Gobierno de España. Afirmó que en los presupuestos estatales de 2021 y 2022, como ya sucedió en 2017 y 2018, se ha cumplido el mandato legal. El mandato de que la media inversora por habitante en Canarias sea al menos equivalente a la media nacional.
Además, en 2022, debido «a la presión y al diálogo» y «por primera vez en la historia«, ninguno de los programas del REF ha quedado sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que no quita que «siempre se quiere más».
Dávila en cambio acusó al Gobierno de olvidarse de los compromisos negociados con el Estado en 2018. Negociados por el anterior ejecutivo canario y «cuyos fondos nunca fueron librados». Entre ellos 700 millones de euros para infraestructuras educativas o 1.000 millones para infraestructuras hidráulicas. También un plan estratégico para el turismo canario y un plan adicional de vivienda.
