El cambio mas importante afecta a la instrucción que sale del ámbito de los jueces para quedar en manos de la Fiscalía
El Gobierno estatal está dando pasos estos días para acelerar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una tarea pendiente desde hace muchos años que el Ejecutivo pretende completar en esta legislatura.
Supondría toda una revolución del proceso penal en España.
El cambio mas importante afecta a la instrucción que sale del ámbito de los jueces para quedar en manos de la Fiscalía. Los magistrados, por su parte, también tendrán trabajo puesto que controlarán las garantías constitucionales y procesales.
Sin embargo, en un órgano tan jerárquico como es el Ministerio fiscal hay voces que alertan de problemas de independencia.
La reforma incluye la exclusión de los partidos políticos y los sindicatos de la acción popular.
