El Gobierno prevé aprobar este martes una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho más de 1,2 millones de hogares para desligarlo de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como prorrogar los recortes fiscales vigentes para contener la factura eléctrica.
Así lo asegura al menos el diario Cinco Días este lunes, al detallar que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, a través de un real decreto ley, una batería de medidas para aliviar la factura de la electricidad, especialmente, a los consumidores vulnerables y a las empresas.
Entre ellas se impulsará una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho 1,2 millones de consumidores vulnerables para desvincularlo de la evolución del precio en el «pool» (mercado mayorista donde se fijan a diario los precios de la electricidad).
En paralelo, se aprobará un nuevo modelo de financiación de dicho bono. Se incluiría también como financiadoras a las compañías reguladas que gestionan las redes: la de transporte, Red Eléctrica, y las distribuidoras.
Prórroga de los tributos de la luz
El Gobierno tiene previsto también prorrogar el recorte de los tributos de la luz (la suspensión del impuesto del 7 % a la generación y las bajadas del IVA al 10 % y del impuesto eléctrico al 0,5 %).
Además se compensarán en un 80 % los peajes de la industria vía Presupuestos, a la vista de la nueva flexibilidad para dar ayudas de Estado, tal como hacen ya Alemania y Francia sin oposición de la Comisión Europea.
El Gobierno también regulará la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore. Permitirá una rebaja de los cargos de la factura en casi 2.000 millones de euros, al tiempo que podría aprobar el desarrollo de las subastas de energía primaria.
Ribera: eléctricas y gasistas deben asumir ganar menos
Según apunta el diario, lo que por el momento no se va a aprobar es la imposición de un tope al precio del «pool». Algo que apoya el Gobierno y que permitiría que las eléctricas con tecnologías que no requieren de gas dejaran de recibir los llamados «beneficios llovidos del cielo».
Este mismo lunes, en una entrevista con Expansión, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostiene que las empresas que más ganan deben aportar más para bajar el precio de la electricidad. Un reto en el que las empresas eléctricas, pero también las gasistas, deben asumir que podrían cobrar menos.
Aboga por actuar en varios frentes
La también vicepresidenta cuarta del Gobierno defiende que ante los precios de récord que tienen la electricidad y el gas en toda Europa, es preciso actuar en varios frentes.
«Por un lado, contener precios» de forma inmediata y con «medidas urgentes» que deberían adoptarse a nivel europeo indica sin descartar que España «actúe antes» si no hay consenso, y por otro, «revisar las reglas del mercado».
Se trata de un reto «histórico», señala Ribera, que implica cambiar normas que llevan décadas en vigor. Entre otras cosas, defiende que hay que «sacar al gas del mercado mayorista eléctrico -lo que se conoce como desacople-.
Se barajan varias opciones
En la práctica, se «deja en suspenso parte del régimen europeo que organiza el mercado» y se interviene por parte de las autoridades, aunque aún faltan por concretar los términos de ese desacople.
Entre las posibilidades que se contemplan figura poner un precio máximo al mercado eléctrico, o precio máximo al gas cuando haga ofertas para las centrales eléctricas. Una tercera vía sería sacar «definitivamente al gas del mercado eléctrico» y pagar a cada central eléctrica con arreglo a unos costes y una rentabilidad.
En todo caso, insiste, los próximos días serán decisivos, con la vista puesta en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas los próximos 24 y 25 de marzo.
