Según la versión facilitada, Ricardo Fiestras estuvo en la terraza con unos jóvenes y después se metió en el apartamento, donde fue avisado de la presencia de la Guardia Civil.
El juez Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Lanzarote, niega haber participado en una fiesta ilegal de carnaval y asumirá la sanción que se le imponga por incumplir las medidas frente a la covid-19, siempre que se ajusten a los hechos ocurridos.
Según han indicado a Efe fuentes cercanas al juez, éste se encontraba desde el pasado lunes alojado en un chalé con su pareja, y a unos 300 metros, se hospedaba un matrimonio conocido, y al inmueble acudieron de visita en la tarde de ayer, jueves, los dos hijos de ambas parejas con sus novias, todos ellos estudiantes universitarios, que organizaron una fiesta en la piscina, junto a un quinto adulto.
Según la versión facilitada, el juez estuvo en la terraza con los chicos y después se metió en el apartamento, donde fue avisado por uno de los jóvenes de la presencia de la Guardia Civil, pues el resto se escondieron asustados.
El magistrado se dirigió a los agentes con respeto «en todo momento», han señalado las fuentes, que han indicado también que los jóvenes abandonaron el chalé sobre las 20.30 horas, y que, «sin ningún tipo de prevalimiento» por razón de su cargo, el magistrado identificó a las personas que estaban en la casa.
Según las fuentes, Fiestras a su vez, pidió también al agente que le tomó los datos y al que le acompañaba que se identificaran y fue entonces cuando éste les comunicó a los guardias civiles que era juez, y uno de ellos le dijo que sabía su condición.
Así mismo, conforme a lo manifestado por estas fuentes, entre los adultos no había ninguna letrada de la Administración de Justicia como han publicado algunos medios, según siempre la versión cercana al juez.
Las fuentes ha indicado también que los adultos, incluido Fiestras, habían pasado la covid, por lo que entienden no pusieron en riesgo a ninguna persona, ya que los jóvenes no estaban allí alojados, y ha insistido en que asumirá la sanción administrativa en la que hayan incurrido, ajustándose a lo ocurrido y no a lo que se ha difundido en los medios.