El secretario de la COAG se acoge a su derecho a no declarar

Tampoco han querido declarar el director de la finca ni una trabajadora de la ONG, Oportunidades de Vida

El secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias (COAG), Manuel Redondo, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar. Ha sido tras ser citado por la Fiscalía de Extranjería dentro de la investigación abierta por presunta contratación de menores inmigrantes por Rafael Hernández.

El secretario de la COAG se acoge a su derecho a no declarar
Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo.

También acudió el yerno del presidente de la COAG, encargado de la finca donde supuestamente trabajaban los menores inmigrantes. Menores que a su vez eran acogidos en un centro dependiente de la ONG Oportunidades de Vida, ‘Tagoror‘, que dirige su mujer.

Ni el yerno, ni la trabajadora de Oportunidades de Vida, han querido responder a las preguntas de la Fiscalía. Los citados se presentaron ante la Fiscalía en compañía de sus abogados. No obstante, declinaron hacer declaraciones a los periodistas, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados.

Informa: redacción RTVC

Derecho a no declarar

El presidente de la COAG y su hija comparecieron ante la Fiscalía y mantuvieron la misma posición de guardar silencio el pasado lunes. En dicha jornada declararon como testigos un ex empleado de Oportunidades de Vida, J.C.G.S., y su mujer, ingeniera agrónoma que fue contratada como docente por la COAG para cursos de formación agraria destinados a menores inmigrantes.

La Policía y la Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en la finca del presidente de la COAG. Durante la inspección hallaron a diez menores trabajando, lo que ha concluido en un expediente sancionador, suspendido cautelarmente por la investigación penal contra Hernández. Pero que acredita los hechos, según el citado testigo.

Este testigo indicó a los periodistas que la Fiscalía dispone de pruebas documentales y de grabaciones de conversaciones con Hernández y el secretario ejecutivo de la COAG en las que ambos reconocen los hechos que se investigan, un presunto delito de trata con fines de explotación laboral.

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