La reforma del Reglamento del Senado busca dilatar a aprobación de la ley de amnistía, aunque el PSOE ya ha dicho que recurrirá esta medida
El pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento que pretende dilatar la aprobación de la ley de amnistía con los votos de la mayoría absoluta del PP, el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera el cambio reglamentario inconstitucional.
Tras la reforma del artículo 133 del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay «vacaciones parlamentarias» como ocurre en enero.
El PSOE recurrirá este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional (TC) y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna para dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.
Sostienen que la reforma del Reglamento contraviene el artículo 90 de la Constitución, que fija en 20 días el plazo del Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso, y la interpretación del TC sobre que esta regla se aplica también a las proposiciones de ley.
Recurso al Tribunal Constitucional
Los miembros del PP en la Mesa del Congreso se opondrán a la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía, según ha avanzado la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, quien la denomina «de autoamnistía» porque la redactaron quienes se beneficiarán y ha adelantado también un futuro recurso de inconstitucionalidad.
En una rueda de prensa en el Congreso este martes, Gamarra ha recordado que en 2021 una proposición de ley de amnistía, que ha considerado que era similar a la presentada ahora por el PSOE, no se admitió a trámite por la Mesa, en la que los socialistas se opusieron a su calificación por considerarla inconstitucional.
Ese mismo argumento empleará ahora el PP en la Mesa, ha explicado Gamarra, al subrayar que «si era inconstitucional en 2021 lo es en 2023» y que tanto los diputados socialistas como los letrados deberían verlo «con los mismo ojos» que entonces.
La portavoz del PP ha indicado que la calificación en la Mesa es el primer momento en el que su partido podrá pronunciarse institucionalmente sobre la proposición de ley orgánica, que, no obstante, previsiblemente tendrá tramitación parlamentaria, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar en ese órgano.
Registro de la ley de amnistía
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que su grupo decidió registrar la ley de amnistía en solitario por no «marear más la perdiz» y ha dicho que lo hacen «convencidos» de que servirá para «reforzar la convivencia», aunque son conscientes de que es un instrumento «muy arriesgado».
En una rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, López ha explicado sin entrar apenas en detalles por qué registraron el lunes en la Cámara Baja la proposición de ley de amnistía sin la firma de sus socios parlamentarios de Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, pese a que estaban dispuestos a unirse.
«Pensamos que ya era el momento de presentar (la proposición de ley de amnistía), que no teníamos que marear más la perdiz, y ahí esta, la hemos presentado los socialistas pero con la garantía de que el resto de grupos parlamentarios que van a apoyar la formación de gobierno van a apoyar también esta ley», ha dicho.
El portavoz socialista ha reconocido que son «muy conscientes» de que la amnistía es «un instrumento arriesgado seguramente» que además «tiene la incomprensión en este momento de mucha gente», como señala que ocurrió en su momento con otras «políticas para el reencuentro» con Cataluña como la denominada mesa de diálogo o los indultos.
