El pleno del Parlamento ha apoyado tramitar una ley de iniciativa popular para proteger árboles urbanos
El Parlamento ha apoyado este miércoles por unanimidad tramitar una proposición de iniciativa popular, que reunió casi 18.800 firmas, para elaborar una ley de protección del arbolado urbano que, entre otras cuestiones, prohíbe la tala y obliga a los municipios a hacer un inventario de sus ejemplares.
La proposición de ley de iniciativa legislativa popular ha sido defendida ante el pleno de la Cámara regional por Domingo Afonso, quien ha señalado que sólo existe una norma de este tipo, aprobada en Madrid, y ha defendido su necesidad porque, pese a las «muchísimas funciones» que desempeñan, los árboles urbanos están en peligro.
Domingo Afonso se ha referido al papel de los árboles de ciudad y pueblo como reguladores del CO2 y su función en lugares de esparcimiento y recreo, además de contribuir a evitar ruidos y partículas contaminantes.
Unos 100.000 árboles urbanos en la «lista negra»
Sin embargo hay unos 100.000 grandes árboles urbanos «en la lista negra» por motivos como construcción de infraestructuras, aparcamientos y remodelación de inmuebles y, a diferencia de los ejemplares situados en suelo rústico, carecen de protección alguna, por lo que la supervivencia de un árbol de 200 años «depende del concejal al que le toque tomar la decisión», ha añadido.
Y en el ámbito de residencias privadas depende de la voluntad de los propietarios, ha continuado Domingo Afonso, para quien existe «una especie de odio endémico al árbol».
La ley puede ser una herramienta útil para los ayuntamientos que, en su opinión, muchas veces cortan árboles por presiones de tipo urbanístico «e incluso de la propia ciudadanía».
Árboles de más de 15 años de antigüedad
En el texto de la iniciativa legislativa popular se establece la protección de todos los árboles urbanos de más de 15 años de antigüedad o más de 20 centímetros de diámetro del tronco a 1,40 centímetros del suelo, se prohíben las talas y propone siempre como alternativa el trasplante, excepto cuando hay riesgo para la seguridad.
También prohíbe las podas drásticas que afecten a más de un tercio de las ramas y las que se efectúan fuera de época, lo que daña la viabilidad del árbol y puede afectar a la avifauna.
En el texto de la iniciativa legislativa popular, que ahora será debatido en ponencia, se estipula asimismo la obligación de los propietarios de árboles catalogados dentro del inventario municipal a su mantenimiento, y los promotores creen que se podría arbitrar algún tipo de compensación o ayuda por este esfuerzo.
Además se prevé un plazo de dos años a partir de que la futura ley canaria de protección del arbolado municipal entre en vigor para que los ayuntamientos hagan el inventario de los árboles existentes en su suelo urbano.
Domingo Afonso ha pedido a los grupos parlamentarios que tomasen en consideración esta iniciativa «no por nosotros, sino para que las generaciones futuras puedan disfrutar de los árboles como en su momento hicimos nosotros».
