El vicepresidente del Cabildo de Tenerife ha mostrado su apoyo al sector primario frente al nuevo acuerdo de la Comisión Europea con los productores latinoamericanos
El Cabildo de Tenerife muestra defiende el sector primera frente a los acuerdos de Europa con Mercosur.
El Cabildo de Tenerife, a través de su vicepresidente Lope Afonso, ha expresado su respaldo al sector primario en el contexto de la firma del nuevo acuerdo UE-Mercosur.
Según Afonso, «puede representar la mayor zona de libre comercio hasta ahora conocida», atrayendo «bondades» pero también «incertidumbres» en Canarias.
Ha pedido «especial sensibilidad» con los agricultores canarios de cara a proteger los productos reivindicados en Bruselas, como los cítricos, la miel y los productos cárnicos. «Las bondades que pueda traer el nuevo acuerdo no pueden llevarse a costa de la desprotección del sector primario en Canarias, ya castigado por diferentes cuestiones».
Afonso ha reivindicado «las mismas condiciones» y la puesta en marcha de controles fitosanitarios garantizando las operaciones con «las mismas garantías».
Lope Afonso ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la primera institución insular.
El acuerdo supone, entre otras medidas, la eliminación de los aranceles del 35 %, que tenían que pagar las empresas europeas por acceder a los países del Mercosur. Esto multiplicará los flujos comerciales en la mayor área comercial del mundo, en un momento donde las relaciones con EE.UU. UU. pasan por una situación crítica.
Como suele ocurrir, hay sectores perjudicados por la nueva competencia en las importaciones (cereales, arroz, vacío o miel) y otros con posibilidad de expansión de mercado (aceites, vinos, porcino, lácteos).
El acuerdo con Mercosur está previsto que se firme el próximo 17 de enero en Paraguay.
CC destaca que el Estado hace suya la reclamación histórica del partido sobre esta limitación
Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática
El Gobierno de España propuso este miércoles a la Comisión Europea(CE) que le autorice a limitar la compra de viviendas en Canarias que no se vayan destinar a uso residencial para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a jóvenes y colectivos vulnerables.
La propuesta figura en el paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores sugirió a Bruselas incluir en la futura simplificación de la normativa de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE, nueve territorios de Francia, Portugal y España a los que los tratados reconocen un trato singular, según informó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
También el Gobierno de Canarias se había dirigido a la CE para que se haga una excepción con las RUP en materia de vivienda con el fin de contener el alza de precios, aunque en su caso iba en otra dirección: prohibir o limitar la compra de viviendas en su territorio a extranjeros no residentes.
España propone a la UE limitar la compra de viviendas en Canarias / Archivo RTVC
Sugerencia del gobierno canario
El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, se desplazó a Bruselas para persuadir a la CE de que tomara cartas en el asunto, con estadísticas que acreditan que en Canarias una de cada cuatro viviendas en venta van a parar a ciudadanos extranjeros.
Por otro lado, Clavijo argumentó que las islas tienen un territorio fragmentado y limitado, donde las tensiones de mercado inmobiliario afectan en mayor medida a la población residente.
Una de cada cuatro viviendas en venta van a parar a ciudadanos extranjeros / Archivo RTVC
El Gobierno central no se había pronunciado hasta ahora sobre la petición de Clavijo, más allá de reconocer que la iba a estudiar, pero ya ha elevado a la UE su propia sugerencia para el conjunto de las regiones ultraperiféricas, en su caso, Canarias.
«Proponemos que se limite con mecanismos legislativos la adquisición de vivienda en la regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y puedan acceder a ella los jóvenes y otros colectivos con dificultades», detalló el ministro Torres.
La contribución de España al debate sobre el futuro de las normativa de las RUP se extiende a otros ámbitos de especial interés para Canarias: el sector primario, la inmigración y las ayudas de Estado.
En el caso del sector primario, el Gobierno planteó una solicitud específica para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), por considerarlo «de vital relevancia para el sector primario» de Canarias.
Su planteamiento, compartido por los ministerios de Agricultura y Hacienda, «destaca el valor estratégico del sector primario en las RUP, especialmente en Canarias, solicitando, a su vez, que se mantenga su singularidad del POSEI con un presupuesto suficiente y pidiendo también agilización administrativa y burocrática».
El valor estratégico del sector primario en las RUP, especialmente en Canarias, es esencial / Archivo RTVC
Torres, que coordinó los trabajos para articular el texto enviado por España a Bruselas, detalló que también se solicitan medidas para la sostenibilidad del sector primario, «como el establecimiento de reglas para que se pueda renovar con urgencia la flota pequeña de las RUP».
También se plantea «la Modificación del Reglamento de la UE para permitir ayudas ‘de minimis’ destinadas a reformas y mejoras de seguridad y sostenibilidad en buques pesqueros de menos de 12 metros».
Ayudas estatales y migración, propuestas centrales
En cuanto a migraciones, España pide «facilitar el traslado de menores y la derivación de personas migrantes desde las RUP al territorio europeo continental, evitando su concentración en estas regiones y garantizando un marco jurídico adecuado».
En 2025, Canarias llegó a tutelar en solitario a casi 6.000 menores africanos llegados en pateras y cayucos, que ahora comienzan a distribuirse entre el resto de comunidades españolas en virtud de la reciente reforma de la Ley de Extranjería.
Por otro lado, España quiere que se permita a Canarias y al resto de las RUP «un régimen más flexible para la aprobación de ayudas de Estado, sin restricciones en cuanto a cuantías, sectores ni plazos, siempre que no se vea afectada la cohesión interna de la Unión».
Finalmente, el Gobierno español anima a Bruselas a convertir las regiones ultraperiféricas en un banco de ensayos «para probar innovaciones legislativas en un entorno controlado, simplificando normas y reduciendo cargas antes de su aplicación al conjunto de la Unión».
CC celebra esta reclamación histórica
David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), destacó en un comunicado de la entidad que “finalmente el Gobierno de España hace suya una reclamación histórica sobre la limitación de la adquisición de vivienda por parte de no residentes».
Para el secretario de Organización, “solo nos queda sumarnos al Gobierno de España en esta defensa, pero lamentamos el tiempo que se ha perdido así como que nos tacharon poco más o menos de locos e ilusos, dado que la Unión es un espacio de tránsito libre de personas y bienes”.
Según recuerda el partido en este comunicado, «Clavijo ha desarrollado en esta legislatura una estrategia para trasladar esa necesidad tanto ante el Estado como ante la Unión Europea, en diversos foros, ante la realidad que se vive en las isla».
“Llegan tarde, muy tarde, pero llegan, y eso al final es lo importante para Canarias”, concluyó Toledo.
El juicio por el asesinato del joven grancanario ha cumplido su tercer día con el testimonio de las forenses
Una de las puñaladas que recibió el joven Yenedey N.M., que murió el 19 de mayo de 2023 tras ser agredido en un bar de Las Palmas de Gran Canaria, fue mortal de necesidad y tuvo que ser atacado «cara a cara», han afirmado este miércoles las dos médicas forenses que efectuaron el informe de autopsia.
En la tercera sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el acusado José Miguel A., la Fiscalía le atribuye un delito de homicidio y dos de lesiones, una de ellas leve. Por su parte, la acusación ejercida por la madre del fallecido sostiene la calificación de asesinato.
Durante la vista, las forenses explicaron que la primera puñalada alcanzó el pulmón, lo que provocó una hemorragia de difícil contención y causó finalmente la muerte de la víctima, que se produjo tres horas después en el hospital.
El cadáver presentaba en el lateral izquierdo del cuerpo, además de esta lesión en el tórax, otra por encima de la cadera que impacta en el hueso, así como otras dos heridas superficiales en el antebrazo izquierdo que las forenses atribuyen a que intentó defenderse.
Las dos lesiones profundas se produjeron en un periodo de tiempo muy corto porque no hay cambio de posición entre el agresor y la víctima, y las direcciones de las heridas son parecidas, detallaron las médicas.
El ataque a Yenedey fue «cara a cara» y la primera puñalada fue mortal/ Archivo RTVC
Así mismo, señalaron que el consumo de alcohol y drogas por parte de una persona no siempre impide saber lo que se está haciendo, ya que el acusado había bebido y consumido cocaína desde el día anterior a los hechos.
En cuanto a la lesión en el glúteo izquierdo de la amiga de Yenedey N. M., que supuestamente se encontraba entre el fallecido y el acusado, los testigos indicaron que fue superficial y que la causó un objeto cortante, posiblemente un cristal, aunque lo más probable es que se produjera con el mismo cuchillo.
Respecto a la lesión que sufrió el dueño del local en la cabeza, determinaron que se originó por un golpe cuando intentó arrebatar el arma al acusado.
En cualquier caso, señalaron que el mismo arma causó todas las heridas, incluida la de la joven, ya que se trata de lesiones incisas originadas en un mismo entorno.
Sesión de la tarde
En la sesión de tarde, los dos psicólogos forenses que emitieron un dictamen del acusado encargado por su defensa han concluido que su testimonio sobre los hechos es verosímil y que su perfil no responde al de un «homicida intencional».
José Miguel A. no es un psicópata frío y calculador, sino una persona de baja autoestima, con escasa confianza en sí mismo, con ciertas paranoias y poca tolerancia al estrés, por lo que tiende a actuar en caso de ataque, han añadido los dos profesionales.
También han expuesto que el procesado tiene una problema de drogadicción reconocido y presenta un patrón de conducta adictiva como consumidor habitual de cocaína, droga que consumió desde el día anterior de los hechos junto con alcohol y que le limitó la capacidad de pensamiento.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y ONG, que reducen a 56 la cifra de liberados desde el pasado 8 de enero.
«A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024», ha señalado durante una sesión de la cámara en la que ha negado que los liberados sean «presos políticos» sino que ha hablado de «políticos que habían incurrido en faltas contra la ley, contra la Constitución; gente que pidió invasión; gente que pidió agresiones militares contra Venezuela, que promovió la violencia, la desunión, la división».
Al hilo, el presidente del Parlamento venezolano ha defendido que «justamente para promover la convivencia pacífica y la unión nacional (…) el Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelación«, antes de asegurar que la liberación de detenidos «va a seguir ocurriendo».
Rodríguez se ha referido asimismo a la ONG Foro Penal, que hasta el momento ha confirmado 56 personas liberadas de las 116 anunciadas hace días por el Gobierno de Delcy Rodríguez, cuestionando a una entidad que ha calificado de «desprestigiada» y a la que ha acusado de «utilizar la situación de las personas privadas de libertad» a su favor.
En este sentido, ha sugerido que las personas liberadas registradas por la ONG «serán los que pagaron a Foro Penal». «Porque Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina», ha agregado.
Familiares de presos políticos en Venezuela. Imagen Reuters
Foro Penal niega pagos por asistencia legal
Poco después, la ONG ha negado que «exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones de Derechos Humanos (…) desde nuestra fundación hace más de 23 años». «Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos», ha precisado, antes de reiterar la cifra de 56 personas liberadas desde el pasado 8 de enero.
En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, ha defendido que «las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nace de (sus) análisis, sino del incumplimiento de los órganos del poder público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que se están utilizando para decidir quién resulta favorecido o no».
Asimismo, Foro Penal ha retado a la Asamblea Nacional a hacer pública la información «distinta a la nuestra» que posea sobre los excarcelados, alegando que «se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano». «La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional», ha sostenido.
La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión y multa millonaria para el cabecilla de la trama
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dejado visto para sentencia el juicio contra Mukesh Daswani, considerado el presunto cabecilla de la supuesta estafa piramidal conocida como caso Tradex, una trama que habría afectado a cerca de un centenar de personas, la mayoría residentes en la capital tinerfeña.
La Fiscalía solicitó para él una pena de 12 años de prisión y el pago de casi dos millones y medio de euros en concepto de indemnización a los afectados. En el proceso también se juzga a su socio, Francisco Imobach Pomares.
Daswani, único de los acusados que permanece en prisión preventiva, se le señala como el responsable de haber captado inversiones millonarias prometiendo beneficios de hasta el 50 % en un corto periodo de tiempo.
Durante su declaración, el procesado intentó diluir su responsabilidad repartiendo culpas entre su círculo más cercano de colaboradores, a quienes atribuyó conocimiento de la situación financiera real de la empresa.
El acusado reconoció que la gestión de Tradex fue “muy deficiente” y aseguró que se vio “totalmente desbordado” cuando, según sus palabras, “la utopía de los beneficios se convirtió en la realidad de las pérdidas”.
Por otro lado, también explicó que la empresa comenzó a principios de 2021 con la intención inicial de impartir formación presencial en trading, tras capitalizar el paro y recibir una indemnización de su anterior empleo.
Según la versión del acusado, sus propios alumnos fueron quienes insistieron en realizar inversiones reales, primero con pequeñas cantidades de entre 1.000 y 1.500 euros.
El juicio del caso Tradex queda listo para sentencia / Archivo RTVC
Tensiones y posible estafa organizada
Con el paso de los meses, el número de clientes creció y las aportaciones aumentaron, especialmente a partir de la incorporación de Francisco Imobach Pomares, primero como alumno y después como colaborador clave que atrajo a familiares y amigos.
Daswani afirmó que hasta finales de 2021 no se formalizaron contratos y que muchos acuerdos con clientes se realizaron sin su conocimiento directo, ya que utilizaban modelos con su firma gestionados por colaboradores.
Según afirmó durante el juicio, las pérdidas comenzaron a aflorar en abril de 2022 y se concretaron en julio, cuando se produjeron tensiones internas, episodios violentos y su salida de la oficina escoltado por la Policía.
Tras estos hechos, aseguró que abandonó la isla rumbo a Abu Dabi por consejo de su padre, donde finalmente lo detuvieron. Por otro lado, Daswani reconoció gastos personales elevados y la compra de vehículos de alta gama, aunque sostuvo que acabó vendiéndose para obtener liquidez.
Finalmente, el tribunal deberá determinar ahora si estos hechos constituyen una estafa organizada y el grado de responsabilidad de cada acusado en una causa que ha dejado importantes pérdidas económicas y una profunda huella entre los afectados.
La Autoridad Portuaria y la Guardia Civil han desahuciado a Margarita de su domicilio, un barco en el que vivía hace 5 años, alegando que está en mal estado. Los colectivos de apoyo aseguran que se ha hecho sin presencia de la comitiva judicial
Informan: Helena Diez / Javier Giménez
Margarita llevaba cinco años viviendo en su barco. Es su domicilio, en el que está empadronada y tiene sus pertenencias. Tiene 71 años y este martes se ha quedado en la calle sin alternativa habitacional al ser desahuciada. A su alrededor, decenas de personas han intentado sin éxito que se parase esta actuación y han recriminado que se lleve a cabo sin comitiva judicial. La Autoridad Portuaria de Las Palmas asegura que la embarcación no cuenta con las condiciones adecuadas. Alegan peligro de hundimiento y también que no está permitido vivir en los pantalanes de la Marina.
Desahucio de Margarita, de 71 años, de su barco-vivienda en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha confirmado que durante un año se le han hecho requerimientos a la mujer para que arreglase los problemas de la embarcación. Finalmente, la justicia delegó en ellos el desalojo. Asegura además que durante todo este proceso, Margarita no manifestó su situación de vulnerabilidad.
Se trata de una mujer de escasos recursos y sin red de apoyo. La primera noche fuera de su casa la pasó en la pensión Casa Roja, en el barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. Es un alojamiento que le proporcionó de forma urgente en Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
RTVC
Apoyo a Margarita
Sobre las 10:00 horas de la mañana se esperaba que se llevase a cabo el desahucio. Por eso, decenas de personas y medios de comunicación se congregaron alrededor del domicilio de Margarita. Miembros del ‘Colectivo Derecho al Techo’ y de ‘Mi barco, mi casa’ denunciaban la situación. «Ella está viviendo esto con mucha presión. Desde las ocho hay aquí Guardia Civil y Policía Portuaria», describía Antonio Pérez, portavoz de ‘Mi barco, mi casa’.
Declaraciones: Tito Martín, portavoz de Derecho a Techo
Pérez asegura que tanto la afectada como las autoridades sabían que no se presentaría la cominitiva judicial, por lo que no se debía llevar a cabo el desahucio. «No se ha presentado nadie del juzgado, hemos preguntado a Dácil La Camera, la Directora de La Marina de Las Palmas, y aquí no se va a presentar nadie del juzgado. La Guardia Civil tampoco tiene notificación de eso. Están con una orden administrativa para intentar desahuciar a una persona de su domicilio», insistió ante las cámaras de esta casa.
Sin embargo, y a pesar de las enérgicas protestas de los presentes, se llevó a cabo este desahucio que deja a Margarita en la calle. Pérez asegura que no tiene a donde ir.
El autor del asesinato se convirtió en el primer condenado a prisión permanente revisable en Canarias
Este miércoles, 14 de enero, se cumplen diez años del asesinato de Salvador Luis, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, un crimen que conmocionó no solo al municipio, sino a toda Canarias.
El autor fue Sergio Díaz Gutiérrez, exnovio de la nieta de la víctima, quien protagonizó un caso que pasaría a la historia judicial del archipiélago. Díaz se convirtió en el primer condenado en Canarias a prisión permanente revisable, una pena que comenzó a aplicarse en España en 2015.
El 14 de enero de 2026, Salvador Luis, una persona especialmente vulnerable tras haber sufrido un ictus, fue asesinado con alevosía y ensañamiento, sin posibilidad alguna de defensa. Estas circunstancias llevaron a que Sergio Díaz se convirtiera en el primer condenado en Canarias a prisión permanente revisable y el segundo en todo España.
“El mínimo tendría que estar hasta los 25 años en prisión”, explicaba entonces Juan López Montero, abogado de la familia, al detallar las particularidades de este tipo de condena en casos de asesinato.
Diez años del asesinato que marcó a Icod de los Vinos/ Archivo RTVC
López Montero, hoy casi jubilado, recuerda que se trató de la primera sentencia de este calibre en las islas, aunque, posteriormente, el Tribunal Supremo la revocó por un defecto de forma.
Desde su implantación, unas 52 personas salieron condenadas a prisión permanente revisable en España, en casos tan mediáticos como los asesinatos de Diana Quer o del niño Gabriel Cruz. En el caso de Salvador Luis, la condena alternativa impuesta a su asesino fue finalmente de 24 años de prisión.
El Ejecutivo canario ha celebrado este lunes dos sesiones, una deliberativa y otra ordinaria, donde se han analizados los retos de Canarias para 2026 y, en especial, el nuevo modelo de financiación autonómica
Declaraciones: Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la UE / Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha mostrado este lunes su preocupación por el modelo de financiación autonómicaque ha propuesto el Ejecutivo del Estado, «tanto en el fondo como en las formas», aseguró el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Cabello adelantó tras la reunión en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha celebrado dos sesiones, una deliberativa y otra ordinaria. En la primera de ellas Cabello ha informado que se ha tratado los retos que tiene Canarias para los primeros meses de este año, retos que ha calificado de «claves» paras las islas.
En este sentido, el portavoz del Gobierno ha enumerado que los temas claves para el archipiélago en este arranque de año giran en torno al próximo marco financiero de la Unión Europea, el modelo de financiación autonómica y el denominado real decreto Canarias.
Consejo de Gobierno, 12 enero 2026. Imagen Presidencia del Gobierno
Oposición al modelo de financiación autonómica
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha mostrado su rechazo a la propuesta de la nueva financiación autonómica ya que esta reforma beneficia a las comunidades más ricas y rompe el principio de solidaridad, perjudicando a Canarias, igual que ocurrió con la quita de la deuda, donde ya la Comunidad Autónoma perdió 1.700 millones de euros debido a la metodología con la que se procedió a la quita.
Asián, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, apuntó que por población, Canarias debería recibir más de 1.000 millones de euros, pero se quedarían solo 618 millones. La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez resta a los servicios básicos del archipiélago más de 437 millones de euros, aseguró la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario.
«Todas las comunidades infrafinanciadas han mejorado su posición salvo Canarias, que no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. Es decir, ¿se han acortado las diferencias entre las CCAA?, Sí. ¿Las infrafinanciadas han mejorado su posición relativa? Sí. ¿En Canarias ha sucedido eso? No, nos hemos quedado solos en el décimo quinto puesto del reparto», observó.
El Gobierno canario votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles y va a trabajar para que el Congreso la rechace si finalmente es aprobada por el Estado. Y si fuera aprobada, también defenderán los derechos de Canarias ante los tribunales.
Sobre el próximo marco financiero de la Unión Europea, el Gobierno de Canarias ha aprobado la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias con los objetivos y prioridades del marco financiero europeo 2028-2034 para mantener el estatus de RUP junto a las otras regiones ultraperiféricas.
La propuesta financiera de la Comisión Europea no garantiza el el acervo RUP ni ofrece salvaguardas suficientes para que las medidas específicas reconocidas de las regiones ultraperiféricas las defina la UE en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades de los Estados.
En este sentido, la Comunicación recuerda que ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.
Para el Ejecutivo canario, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad institucional, en lograr que Canarias luche con una sola voz, junto al resto de las RUP y sus tres Estados, por seguir contando con fondos específicos en el presupuesto de la UE, apuntó el portavoz del Gobierno canario.
Desde el Gobierno de Canarias se confía en que, tras las aportaciones de los grupos, esta Comunicación sea aprobada por unanimidad y dé fuerza para defender los intereses de Canarias en Bruselas con una sola voz.
Matilde Asián y Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Imagen Presidencia del Gobierno
Negociación con el Estado
El Consejo de Gobierno también ha respaldado este lunes la decisión del presidente canario de abrir la negociación formal con el Estado para avanzar en el autogobierno con dos asuntos prioritarios: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales integrados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).
Con este fin, el presidente ha mandado una primera carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que solicita la apertura del proceso bilateral para avanzar en la cogestión de los aeropuertos en cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía.
Dicho artículo recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando de forma activa en la toma de decisiones de Aena.
RTVC
El Gobierno sabe que no será una negociación sencilla porque el Estado siempre se ha resistido a ceder poder en la gestión de los aeropuertos. Pero si hay una comunidad donde es imprescindible la participación en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos es Canarias.
Por otra parte, en una segunda carta, el presidente Clavijo solicita al ministro Torres el inicio del proceso bilateral para negociar el traspaso a Canarias de la competencia de control tributario de los incentivos fiscales del REF.
El Gobierno busca que Canarias asuma el control de los principales incentivos fiscales del REF: la RIC, las deducciones por inversiones, los incentivos de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos en el archipiélago.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado por unanimidad un decreto que modifica la Ley del Suelo para evitar la caducidad de las tramitaciones urbanísticas
Declaraciones: El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda
El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto ley que modifica la Ley del Suelopara ampliar los plazos de los informes ambientales, y también la ley de cooperativas, al dar un año más a las sociedades para adaptar sus estatutos a la ley.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho que el decreto trata de evitar la caducidad de las tramitaciones urbanísticas fijando la posibilidad de solicitar una prórroga para los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan formulado cambios sustanciales en el contenido, y que los instrumentos de ordenación que cuenten con memoria ambiental ya prorrogada y hayan superado la fase de información pública, tengan un año más de plazo para poder ser aprobados.
Gracias a este decreto, ya en vigor, se han aprobado los planes generales supletorios de San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife) y próximamente ocurrirá lo mismo con los de La Orotava (Tenerife), Arrecife (Lanzarote) y Mazo (La Palma).
«No contar con planificación genera inseguridad jurídica, desprotección e impide desarrollar políticas de interés social», ha destacado.
En cuanto a las cooperativas, ha apuntado que el decreto ley es el único instrumento normativo «eficaz, inmediato y proporcionado» para evitar que entren en causa de disolución –el plazo de adaptación vencía el 10 de enero–.
Edificio en construcción. Imagen de recurso EP
Actualización de la Ley del Suelo
Miranda ha vuelto a mostrar su predisposición a actualizar la Ley del Suelo, una norma que tiene casi nueve años y «ha funcionado» aunque «es necesario adaptarla a los nuevos tiempos» por lo que en los próximos meses se abrirá el debate político una vez se analicen todas las alegaciones recibidas.
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha apuntado que el decreto tratar de evitar que «la rigidez normativa y los plazos mal encajados» acaben generando «perjuicios innecesarios».
En esa línea ha indicado que «nadie está planteando rebajar garantías ni relativizar la protección» del territorio, sino evitar que haya que «reiniciar» un planeamiento al completo y «botar a la basura» medio millón de euros.
«No es una vía rápida ni tampoco es un atajo, es una forma de evitar el absurdo administrativo y de garantizar que el planeamiento pueda culminarse sin sacrificar ni la legalidad ni la protección ambiental», ha comentado.
Sobre las cooperativas cree que la urgencia es aún más «evidente» ya que se cumplían los plazos para la adaptación estatutaria.
ASG asume las dificultades de la planificación urbanística
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que las dos leyes son «fundamentales» para el desarrollo económico de Canarias y este decreto viene a resolver las «dificultades» a las que se enfrentan las administraciones públicas, que se ven obligadas a reiniciar la tramitación de planes urbanísticos porque se agotan los plazos.
Ha comentado que son procesos «largos y muy exigentes» que no se retrasan por dejación sino por su «complejidad», y que dejaba «mucho trabajo perdido y dinero público gastado», por lo que es una «mejora clara y razonable» prorrogar los plazos para informes ambientales.
En cuanto a las cooperativas, ha comentado que evitar su disolución «no es un privilegio sino una cuestión de sentido común» pues son «fundamentales» en la economía de las islas ya que «generan empleo, fijan población y sostienen actividades económicas en el ámbito rural».
Javier Nieto (Vox) ha apoyado el «fondo» del decreto porque la caducidad de los procesos urbanísticos «produciría un perjuicio grave a la sociedad» y hay que evitar que «decaigan» las cooperativas, si bien se ha opuesto a la «forma» ya que se incrementa la «sobrecarga administrativa».
Esther González (NC-BC) ha advertido de la «rutina» que hace el Gobierno de Canarias para modificar la Ley del Suelo debido al «fracaso» de la norma aprobada en 2017, que solo «sobrevive» con prórrogas y decretos.
Ha indicado que la ley está «fallida y mal concebida» pues «prometió agilidad y seguridad» y ha generado «bloqueo e incertidumbre», subrayando que hace falta una reforma estructural, no solo ampliar plazos.
No obstante, pese al «fiasco» de la Ley del Suelo, ha mostrado su apoyo al decreto ley porque su partido no quiere «planes anulados ni ayuntamientos paralizados».
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha comentado que el decreto ley es «sólido y proporcionado» y ante las críticas de la oposición, ha apuntado que el ‘Pacto de las Flores’ no modificó la ley, solo hizo «parches que les interesaban».
Ha comentado que muchos años de trabajo se van «al cubo de la basura» en planificación urbanística cuando caducan los plazos de tal manera que entiende que este decreto es «necesario y urgente» ya que afecta a la construcción de viviendas o infraestructuras.
CC dice que un decreto de «sentido común»
El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha apuntado que el decreto introduce «sentido común» en la tramitación urbanística pues muchos planes tienen los informes ambientales caducados cuando se llega al final.
«No relajamos la protección ambiental, pero evitamos que planes muy avanzados se caigan por un puro problema de calendario. Protegemos el territorio y, al mismo tiempo, damos seguridad a ayuntamientos, cabildos, inversores y sobre todo a la ciudadanía, que esperan soluciones en materia de vivienda, servicios e infraestructura», ha agregado.
Ha afeado a la formación canarista que está «muy despistada» porque pasó por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura y no hizo «nada» ni con al ley del suelo ni con el alquiler vacacional.
Nayra Alemán (PSOE) ha apuntado que este debate es «técnico y no ideológico» y está a favor de que se amplíen plazos ambientales en la tramitación de planes urbanísticos para que «no tengan que reiniciarse desde cero».
No obstante, ha tildado de «llamativo» que se acuda a un decreto ley cuando la reforma de la Ley del Suelo sigue aparcada«y sin volcán y sin pandemia», y ha pedido al Gobierno más «compromiso» para dotar de medios reales a los órganos ambientales y de planificación.
La diputada socialista ha afeado al Ejecutivo que las soluciones excepcionales «no pueden ser la norma» y reivindicado el papel del Parlamento para legislar sobre «asuntos estructurales».
El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad presentadas a la nueva ley audiovisual de Canarias, del Grupo Socialista y de NC-BC
Informa: Redacción Informativos RTVC
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha comentado que la ley tiene la función de «regular de forma ordenada» el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias y cuenta con el aval de Consejo Consultivo –aunque alerta de inconstitucionalidad de algunos artículos– y el Consejo Económico y Social.
Ha dicho que se respeta el «pluralismo democrático» aunque coincidan la Junta de Control y el mandato del Parlamento, y comentado que se han incorporado medidas pactadas con el sindicato mayoritario de RTVC, que los servicios informativos no sean subcontratados y que se subrogue el personal.
Pleno del Parlamento de Canarias (archivo). Imagen @parcan
Ineficacia de la ley 2014
Barreto ha indicado que la ley de 2014 ha sido «ineficaz» y un «fracaso», con una década sin mandato marco aprobado, y entiende que el servicio público «no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo».
Ha alertado de la situación «crítica» y el «bloqueo» al que se ha sometido a RTVC, de tal forma que hace falta una nueva ordenación.
«Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios», ha señalado.
Proyecto de ley «ilegal y antidemocrático», según NC-BC
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), ha expresado una dura crítica al proyecto de ley impulsado por el Gobierno sobre la Radiotelevisión Canaria (RTVC), al que califica de “cacicada”, “ilegal” y “antidemocrático”. Según Hernández, la iniciativa vulnera el sistema democrático, tal como ha advertido el Consejo Consultivo, y plantea un debate de fondo sobre quién controla realmente la televisión pública canaria.
La diputada sostiene que el Gobierno pretende diseñar una televisión “más cómoda al poder político” y “más útil” a sus intereses, especialmente en un contexto preelectoral. A su juicio, el proyecto busca “secuestrar” el ente público en beneficio de Coalición Canaria, reproduciendo el bloqueo existente pero con una ventaja clara para el Ejecutivo. Denuncia que todo el poder se concentra en una sola figura, el administrador general, designado por el Gobierno y sin contrapesos efectivos, ni control parlamentario ni profesional.
Hernández considera que la Junta de Control queda “vacía de contenido”, ya que el administrador general asumiría plenos poderes en gestión, contratación y línea editorial. Además, reprocha al Ejecutivo no haber buscado consensos durante la legislatura y optar ahora por una solución que califica de “simple pero muy peligrosa”: restar poder al Parlamento. También lamenta la eliminación del Consejo de Informativos.
Como alternativa, NC-BC propone una nueva Junta de Control integrada por un representante de cada grupo parlamentario, ampliable según criterios de proporcionalidad. Finalmente, la diputada advierte del riesgo de externalizar los servicios informativos y reclama garantizar el empleo estable en RTVC, considerado esencial para preservar la independencia editorial del medio público.
Falta de diálogo con la oposición, según el PSOE
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha criticado duramente la actuación del Gobierno de Canarias y, en particular, del presidente Fernando Clavijo, por imponer y tramitar con urgencia una nueva ley sin diálogo previo con la oposición. Fierro considera que se trata de un “asunto nuclear” que debería haberse abordado desde el consenso parlamentario y sostiene que esta forma de actuar refleja el llamado “modo Clavijo” de gobernar, basado —según denuncia— en decisiones unilaterales y portazos al Parlamento.
Durante su intervención, reprochó al presidente que reclame acuerdos solo en los temas que considera prioritarios, mientras que en cuestiones relevantes para la Cámara autonómica impone su criterio, llegando a calificar la norma como la “ley Clavijo”.
Fierro también cuestionó la urgencia con la que se está tramitando la ley, criticó la vinculación del Gobierno con la Radio Televisión Canaria (RTVC) y lamentó la reducción del peso del Parlamento en el control institucional. Finalmente, advirtió de que el Consejo Consultivo ha alertado sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos y sobre el riesgo de comprometer la neutralidad institucional.
Terminar con una situación de provisionalidad
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que este proyecto de ley pretende superar las «anomalías institucionales» del control de RTVC pues se ha funcionado «en un régimen transitorio y provisional».
Así, ha comentado que se busca una «salida democrática» para garantizar el «pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural».
Ha lamentado que haya sido «imposible» constituir el órgano de control parlamentario y cree que la oposición hace un «flaco favor» a los trabajadores de RTVC cuando fía el buen funcionamiento a la Junta de Control.
Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que RTVC no puede seguir funcionando desde la «provisionalidad» y vivir en la «excepción», subrayando que la ley «no nace contra nadie» sino a favor de la «estabilidad».
Ha cuestionado la «parálisis orgánica» y el «bloqueo» del ente en los últimos años y destacado que el nuevo modelo de gobernanza «busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia». «No estamos ante una ley que concentre poder», ha indicado.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha apuntado que el objetivo de la ley es derogar la de 2014 para que el ente «dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC», afeando al Ejecutivo que no haya intentado «desbloquear» la situación en esta legislatura.
Jover ha advertido de que la Junta de Control y el administrador general pueden ser «susceptibles de presión política», lo que «compromete» la independencia editorial y operativa, al tiempo que ha cuestionado la falta de pluralidad en la programación de la radio y la televisión, y el «despilfarro, con un aumento del presupuesto.
Carlos Ester (PP) ha reprochado a los socialistas las «trampas» que se hacen en RTVE, con «sesgo político» en los informativos, y frente a esto, ha defendido que la nueva ley de RTVC va a dar «orden y limpieza» antes las «deficiencias» de la ley de 2014, que obligaba a gestionar vía decretos.
Ha criticado las «mentiras» del PSOE porque habrá «control parlamentario» y presentado como aval del Gobierno la firma del convenio colectivo en la ‘La Radio Canaria’.
Vidina Espino (CC) ha comentado que la ley es necesaria para acabar con el «bloqueo institucional» de la última década y medidas provisionales que han acabado «cronificándose», afeando a PSOE y NC-BC que votaron en contra de miembros de la Junta de Control.
Ahora, ha detallado, la ley mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación, pero si no hay acuerdo, en una segunda votación los miembros pueden ser designados por mayoría absoluta, similar esquema al del director general.
Asimismo ha valorado que por primera vez se «blinda» el carácter público de los servicios informativos pese a las «falsedades» de PSOE y NC-BC, y mostrado su deseo de que la ley salga con el mayor consenso posible.
Espino ha cargado contra las «contradicciones» de PSOE y NC-BC cuando en la pasada legislatura se dedicaron a «ampliar y ampliar las competencias» del administrador general, Francisco Moreno, al tiempo que ha ironizado con que durante el ‘Pacto de las Flores’ existía «teleRomán».
La plantilla de RTVC seguirá demandando blindar el carácter público de los informativos
La plantilla de Radio Televisión Canaria, que continúa su ronda de encuentros con los grupos parlamentarios, defienden que la gestión pública con medios propios debe quedar blindada en la ley audiovisual canaria y seguirán con su calendario de actos reivindicativos hasta que se vea reflejado en la norma.
“Parece que hay una predisposición a llegar a acuerdos con la parte trabajadora porque creo que entienden, o lo hemos hecho entender, que la ley, tal y como está redactada, no asegura al cien por cien que la Televisión Canaria, que el servicio público que ofrecemos a la ciudadanía, va a seguir siendo blindado desde el punto de vista de una empresa pública”, aseguró Aday Domínguez, presidente del Comité Intercentros Televisión Pública de Canarias.
Declaraciones: Aday Domínguez, presidente del Comité Intercentros Televisión Pública de Canarias
