La dirección del PSOE acusa al Gobierno de CC-PP de disparar por encima de las 11.600 la cifra de personas con derechos reconocidos pero sin prestaciones y en 1.400 las que ya han sido excluidas del sistema

El PSOE Canarias ha denunciado este jueves el “desmantelamiento progresivo” que está sufriendo el sistema de atención a la dependencia en el Archipiélago. Y ha acusado al Gobierno regional, formado por Partido Popular y Coalición Canaria, de utilizar cifras falseadas para esconder su falta de gestión y el abandono a las personas más vulnerables.

En una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Nira Fierro y Marta Arocha, secretaria de Organización y secretaria de Dependencia del PSOE Canarias, respectivamente, han advertido de que “el Gobierno de Canarias lo único que pretende es mejorar las estadísticas a base de mentir a la ciudadanía”.

“Estamos ante el gobierno de las falsedades, de las trampas y la mentira”, ha enfatizado Nira Fierro, que ha hecho un repaso por todos los datos estadísticos “falsos” que ha venido ofreciendo el Ejecutivo de CC y PP, citando la educación de cero a tres años, docentes y ratios en las aulas, entrega de viviendas públicas, listas de espera de sanidad, políticas contra la violencia de género y “ahora también la atención a la dependencia”.

«La realidad de la calle es distinta a la que ellos nos presentan»

“Sus datos dirán lo que ellos quieren que digan, pero la realidad de la calle es bien distinta a la que ellos nos presentan. La deriva de este gobierno es que nos va a dejar una Canarias destrozada de aquí a dos años”, ha pronosticado.

Las portavoces socialistas han puesto el foco en esta ocasión en la proliferación de lo que han denominado “PIAS falsos”. En concreto, 11.691 personas a las que se les ha reconocido su grado de dependencia y sus derechos, pero que no reciben el correspondiente servicio. “Es como sacarse la lotería sin recibir nunca el premio. Dan papeles vacíos a los ciudadanos, les dicen que tienen un derecho, pero no les dan nada”, han descrito.

Según los datos oficiales expuestos en la comparecencia de este jueves, entre los meses de julio y agosto, el Ejecutivo de CC-PP ha emitido 3.161 nuevas resoluciones sin prestación efectiva, lo que sitúa a Canarias como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de de ayudas no efectivas o irreales (21,55 % frente al 1,99 % nacional). “Desde luego, las mentiras en la consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado, sí que son históricas”, han lamentado Fierro y Arocha, desmintiendo con ello el balance de gestión de atención ofrecido por el Gobierno.

Han subrayado que estas resoluciones se deberían traducir en ayudas económicas vinculadas a la contratación de servicios privados que, en la práctica, no existen. “En Canarias no hay suficientes empresas para cubrir la demanda y, si en tres meses no se logra contratar por las personas en situación de dependencia, se les retira el derecho”.

1.400 personas excluidas del sistema

Como resultado de esta situación, entre enero y agosto el Gobierno ha dado de baja a 1.400 personas que esperaban desde hace años por una prestación. “Personas que probablemente ni siquiera son conscientes de que han sido excluidas del sistema”, han denunciado. Por ello, han hecho un llamamiento ”a los ciudadanos para que sean conscientes de que, a quien se le ha reconocido una  ayuda económica del gobierno, si no la hacen efectiva en tres meses, sepan que pierden el derecho”.

Para las responsables políticas socialistas, este modelo que está siguiendo el Ejecutivo regional no solo es ineficaz, sino también profundamente injusto y, según marta Arocha, ilegal. “Están dejando desamparadas a las personas en situación de dependencia, a sus familias y, especialmente, a las mujeres cuidadoras, que soportan la mayor carga del cuidado en los hogares”.

Además, han acusado a PP y CC de haber paralizado la creación de nuevas plazas públicas. “No se han firmado los convenios con los cabildos insulares y no se ha generado ni una sola nueva plaza en 2025”.

«Disminución drástica de las prestaciones públicas»

Los datos evidencian una disminución drástica de las prestaciones públicas entre enero y agosto: 1.706 plazas menos en centros residenciales, 1.666 en centros de día, 2.337 en ayuda a domicilio, 4.439 en promoción de la autonomía personal y 2.259 en teleasistencia. “Solo crecen las prestaciones económicas, pero no los servicios, cuando la ley de dependencia está diseñada precisamente para garantizar servicios públicos de calidad”.

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En total, 5.457 personas han fallecido en Canarias durante este año mientras esperaban una prestación de dependencia. “Esto no es una gestión, es un fracaso político y una falta de humanidad”, ha dicho Marta Arocha.

El PSOE ha exigido al Ejecutivo autonómico implicación en esta tarea, la reactivación inmediata de los convenios con los cabildos y un compromiso real con la ampliación de la red pública de servicios sociales, para «garantizar una atención digna, justa y efectiva a todas las personas en situación de dependencia en Canarias».