En un década se ha triplicado en España el número de niños cuyos padres no están casados, un tipo de familia que ya casi iguala al formado por progenitores que han legalizado su unión. Sin embargo, sus hijos no tienen los mismos derechos.

Son algunas de las observaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su diagnóstico sobre la situación de la protección familiar en España, marcada por la elevada pobreza infantil -del 19,3 %, en la OCDE es el 12,9- y el bajo nivel del gasto social en familia e infancia -1,3 del PIB, frente al 2,3 de la UE-27-.

Entre sus propuestas, permisos parentales retribuidos para que los progenitores no tengan que volver tan rápido a sus trabajos, una prestación universal por hijo y garantizar una protección mínima en todo el territorio español.

La evaluación y las recomendaciones están incluidas en un Libro Blanco, al que ha tenido acceso Efe. Va a servir de base para la ley de diversidad familiar que prepara el Ministerio de Derechos Sociales para reconocer jurídicamente los distintos modelos de familias. El único marco legal nacional en esta materia vigente es la Ley de 2003 sobre protección de la familia numerosa.

Familias más pequeñas y padres no casados

En las últimas décadas, las familias españolas se han vuelto más pequeñas y menos «tradicionales» en su composición, señala la OCDE. Si en la segunda mitad del siglo XX España contaba con una de las tasas de fertilidad más altas de Europa, ahora tiene la tasa más baja de la región, con 1,3 en 2018, en comparación con el promedio de la UE de 1,5.

La legalización del divorcio y la aceptación social de la convivencia no matrimonial han conformado una composición familiar más diversa, en la que han bajado los nacimientos de hijos de padres casados y han aumentado los menores que viven en familias monoparentales o reconstituidas, muestra este extenso análisis de 198 folios.

Por ejemplo, el 47 % de los niños en España tienen padres no casados, el triple que hace 10 años (era el 18 %).

Sin embargo, esos cambios en los modelos familiares no se han reflejado en la evolución de las leyes en España, advierte la OCDE.

Los derechos y la protección económica de los niños cuyos padres no están legalmente casados difieren de aquellos cuyos padres están casados, alerta este organismo internacional.

Para superar esas situaciones, plantea aprobar medidas dirigidas a estos nuevos tipos de familias, como las dirigidas a protección de estos hogares en caso de fallecimiento de los progenitores no casados.

Permisos retribuidos para padres para retrasar la vuelta al trabajo

En España han aumentado más del 50 % las madres empleadas en las últimas dos décadas. Eso hace que el modelo de familia de doble ingreso sea el dominante. Sin embargo, las mujeres continúan teniendo más responsabilidades en el cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. No obstante, la OCDE aprecia indicios de cambios de esos patrones con la mayor disponibilidad del permiso de paternidad y la extensión de la custodia compartida.

Para este organismo, aunque el derecho de familia ha evolucionado de manera considerable, no lo ha hecho la política familiar. Es decir, la combinación de prestaciones, servicios, exenciones fiscales y permisos que ayudan a los miembros de las familias a criar y cuidar a las hijas e hijos menores y otras personas dependientes.

En este ámbito, ayudarían políticas como la aprobación de permisos parentales retribuidos que aseguren el cuidado de los hijos.

Pobreza infantil

La pobreza infantil es muy alta en España en comparación con la mayoría de los demás países de la OCDE, con casi uno de cada cinco niños viviendo en pobreza relativa. Se atribuye a una elevada tasa de familias desempleadas e insuficientes transferencias públicas.

Urge a proteger especialmente a las familias monomarentales y monoparentales. El 40 % viven en la pobreza en España (OCDE es de 32 % y el 27 % entre los países europeos de la OCDE).

Mejorar las tasas y la calidad del empleo de los progenitores, aumentar el gasto social dirigido a familias de bajos ingresos, ajustes en el régimen de pensiones por alimentos en caso de divorcio y servicios familiares integrados y con menos barreras de acceso, son algunas de sus recomendaciones.