Indicios de prevaricación administrativa que refleja la magistrada del Juzgado de Instrucción número cuatro de La Laguna, que lo eleva al Supremo
El Juzgado de Instrucción número cuatro de San Cristóbal La Laguna ha elevado a la Sala Segunda, Sala lo Penal, del Tribunal Supremo una exposición razonada en pieza separada sobre la presunta implicación del senador Fernando Clavijo Batlle en el denominado caso Reparos cuando era alcalde de La Laguna.
La instructora de estas diligencias previas considera que «hay indicios de que el señor Clavijo podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al solventar reparos de la intervención» en múltiples expedientes.
Como Fernando Clavijo es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, su aforamiento nacional determina que solo el Tribunal Supremo podría investigarle. Esta situación se daría siempre en el caso de que se estime el escrito de la magistrada de La Laguna.
Irregularidades en los contratos
La juez Ana Serrano sostiene en su escrito que las prórrogas de los contratos eran improcedentes, a juicio del interventor municipal. Además, se recurría de manera «fraudulenta» al contrato menor que no puede durar más de un año ni ser prorrogado.
Asimismo, apunta que parece «muy difícil» que Clavijo, economista titulado y con más de 20 años de experiencia en la administración pública en diferentes cargos, desconozca «los pilares» de la contratación pública que se basan en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
En la misma línea entiende que es «difícil» que no conozca que los contratos no los puede realizar de forma indefinida la misma empresa. Asimismo, la «obligación» que tiene la administración de planificar las contrataciones para garantizar los servicios a los ciudadanos.
En la resolución se recoge que había prórrogas extemporáneas y con efecto retroactivo. También autorizaciones de continuidad del servicio con principios de contratación administrativa vulnerados.
La juez achaca a Clavijo que no ordenó que se tomaran medidas para evitar la reiteración de las prórrogas –en algunos casos hasta ocho años– pese a recibir información por un equipo gestor. Además, ocasionaba un «perjuicio» a las arcas municipales dado que el plan económico-financiero 2011-13 implicaba que las contrataciones que salieran a licitación bajarían su coste entre un 15% y un 20%.
