La operación investigó tres presuntos desalojos ilegales en diferentes provincias, entre ellas en La Orotava, en Tenerife

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Savita’, ha procedido a la detención de un hombre y una mujer, de 36 y 30 años, e investiga a otras tres. Los dos detenidos están acusados de una presunta comisión de desalojos ilegales en viviendas por parte de una empresa de seguridad en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

La investigación ha determinado que en los tres casos el modo de proceder era coincidente ya que en el «desahucio exprés» de las tres viviendas se simulaba una falsa ocupación por parte de la misma persona que, a su vez, fingía un engaño por parte de los moradores, quienes presuntamente le vendían las llaves de la casa.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Vila Joiosa (Alicante), con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos (Madrid).

Detenidos, en libertad

Los detenidos han sido puestos en libertad tras la toma de declaración en sede policial. Las diligencias por los hechos investigados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de La Vila, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación en agosto de 2021 tras tener conocimiento de que en una vivienda de La Vila se había instalado una puerta ‘antiokupa’ a una persona que tenía un contrato de renta antigua. Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la vivienda existía un conflicto motivado por la vigencia de ese contrato.

Al parecer, la legítima moradora, al llegar a su domicilio, se encontró con una puerta instalada especialmente para evitar las ocupaciones ilegales. Las primeras indagaciones relacionaron estos hechos con una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.

El propietario manifestó que contrató a una empresa mediadora en desalojos pero que, al llegar al domicilio, encontró a una persona distinta de la inquilina. Por su parte, esta mujer afirmó que la moradora presuntamente le había vendido las llaves de la vivienda y le había asegurado que era propiedad del banco.

Una vez que el hombre demostró que era el titular de la vivienda, firmó un contrato privado en el que la presunta ‘okupa’ accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.

Otro desalojo en La Orotava

No obstante, de las investigaciones llevadas a cabo se observaron similitudes entre este hecho ocurrido en La Vila y otro de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en junio de 2021. En esta ocasión, entre la propietaria de la vivienda y la presunta ‘okupa’, que era la misma que en el inmueble de la localidad alicantina, también existía un documento privado que acordaba el abandono voluntario y exprés del inmueble.

Esa situación hizo saltar las alarmas de la Guardia Civil, puesto que el formato del documento firmado entre particulares coincidía con el de Alicante y el nombre de la presunta okupa aparecía editado a ordenador -un dato llamativo dado que supuestamente se desconocía la identidad de la persona que había ocupado el inmueble-.

Tercera ocupación

Asimismo, otra idéntica situación se produjo en una vivienda de Sagunto, en el que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.

En este caso, con la connivencia de los propietarios, la empresa mediadora realizaba vigilancias de los inmuebles al objeto de aprovechar la ausencia de los inquilinos. Al no encontrarse estos en la vivienda, la empresa accedía al interior y procedía a la falsa ocupación y posterior desalojo y dejaba constancia de lo sucedido mediante la firma de un supuesto acuerdo entre particulares.

Una vez finalizadas las pesquisas, el 21 de febrero, en Arroyomolinos se procedió a la detención de la mujer de 30 años que presuntamente ocupaba las viviendas y a la que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa y contra la inviolabilidad del domicilio.

Investigados por los desalojos ilegales

El mismo día se procedió a la investigación de la propietaria de la vivienda de Tenerife, una mujer española de 37 años a la que se le imputa un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro de coacciones.

También se procedió a la investigación del propietario de la vivienda de La Vila, de 69 años, al que se le imputa el delito de denuncia falsa, contra la inviolabilidad del domicilio y coacciones.

Además, el 22 de febrero, también en Arroyomolinos, se abrió investigación a un trabajador de la empresa especializada en desalojos, un varón de 37 años, al que se le imputa el delito de pertenencia a grupo criminal, coacciones y contra la inviolabilidad del domicilio.

Por último, el 23 de febrero se detuvo en Barcelona al dueño de la empresa investigada, un hombre de 36 años al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones y allanamiento de morada.