El Consejo de Ministros aprobó este martes la reforma de la Ley de Extranjería que otorgará permisos de trabajo y residencia a los jóvenes migrantes al cumplir 18 años
La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias cree que, aunque no es «tan ambiciosa» como la reforma de la Ley de Extranjería que José Luis Escrivá había prometido al asumir el cargo, la modificación de su reglamento «es la medida de más calado» de las planteadas por el Ministerio de Migraciones.
Así lo ha considerado el departamento que dirige Noemí Santana (Podemos) tras la aprobación, este martes, por el Consejo de Ministros de la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados al cumplir 18 años para evitar que caigan en la ilegalidad.
La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario valora que el texto «pretenda acabar con una dinámica que se repite constantemente: los jóvenes extutelados que no han sido documentados en los centros de acogida, como marca la ley, pasan, de la noche a la mañana, de ser niños protegidos a adultos en situación irregular».
Tras cumplir los 18 años
Recuerda, además, que al cumplir los 18 años, «tienen que abandonar los centros y ya no son solo jóvenes sin papeles, sino que la mayoría se convierte también en personas sin hogar, por lo que «todos los recursos que las comunidades autónomas hayan invertido en su formación e inclusión durante el tiempo que han pasado acogidos sirven para poco porque, sin documentos, no pueden trabajar y quedan condenados a la exclusión».
«Estamos de acuerdo con la modificación que propone Escrivá. Nosotras y todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias de una manera especial porque los chicos que nos llegan están casi en el límite de cumplir la mayoría de edad y eso hace que sea mucho más complejo el proceso de documentarlos y que no nos de tiempo a hacerlo», afirman fuentes de la Consejería.
El departamento del Ejecutivo canario recalca que «las trabas también son importantes para aquellos que sí lograron permisos de residencia mientras estaban tutelados pero que, a la hora de renovarlos como adultos, no consiguen cumplir los requisitos, ya que uno de ellos es contar con ingresos de más de 500 euros al mes, una exigencia imposible si, como suele ser habitual, no cuentan con permiso para trabajar».
«Aún logrando cumplir con todas las exigencias que marca la ley, la autorización que se les otorgaba es a título no lucrativo —como las que suele concederse a las parejas de expatriados— y no les permite trabajar», aseveran.
