El fiscal delegado de Violencia de Género, José Luis Sánchez Jáuregui, analiza en Buenos Días Canarias, la propuesta del Gobierno de Castilla y León de poner en marcha una ley de violencia intrafamiliar

«El concepto de violencia intrafamiliar actualmente no tiene recorrido jurídico en España»

En lo que va de año, una mujer ha sido asesinada por su pareja o ex pareja cada diez días en España. Además, diez menores han quedado en situación de orfandad y se ha producido el primer asesinato por violencia vicaria de 2022: el de Jordi, un menor de once años asesinado por su padre en Sueca, Valencia. Ante estas cifras, Buenos Días Canarias, ha invitado al fiscal delegado de Violencia de Género de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, a hacer una reflexión sobre proyectos como la ley de violencia intrafamiliar que quiere poner en marcha el gobierno PP-Vox de Castilla y León.

Jáuregui ha asegurado al respecto que «el agravante de género no es discutible y que actualmente no tiene recorrido ese concepto de violencia intrafamiliar».

El término «Violencia Vicaria» aparece recogido en la reforma del Código Penal

Sobre el caso de violencia vicaria de Sueca, Jáuregui asegura que son casos que nos resultan incomprensibles y que «es el tope de lo peor que se puede ser como persona». Sobre la posible descoordinación entre juzgados de la que se ha hablado en este caso, el fiscal delegado ha asegurado que ha podido existir una orden de alejamiento de la madre pero que se haya mantenido la relación del padre con el menor buscando el interés superior de éste.
Desde el pasado mes de septiembre está en vigor la reforma legal que permite retirar el régimen de visitas ante indicios de maltrato. Jáuregui asegura que «la suspensión del régimen de visitas de manera automática hay que valorarla caso por caso» y reconoce que «echa» en falta unidades técnicas de valoración para hacer esa labor. Él ha recordado que «el derecho de visitas es del hijo o hija a ver al progenitor no custodio» y que la obligación de los fiscales y juristas es proteger los derechos del menor sin ponerlo en riesgo. Asegura que a veces tienen 24 horas escasas para hacer esa valoración y solo una apreciación mínima del riesgo. Desde 2013, año en que se realizan las estadísticas, 47 menores han sido asesinados por violencia de género en nuestro país.

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