La Fiscalía solicita una multa de 1.800 euros para María del Rosario Berriel por presuntos delitos de negociación prohibida y abuso de funciones
La exvicerrectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), María del Rosario Berriel, se sienta este martes en el banquillo de los acusados. El Ministerio Público solicita para ella una condena de 1.800 euros de multa tras detectar que la universidad alquiló viviendas de su propiedad, de su cónyuge y de su hermana utilizando fondos de la propia institución académica.
Los hechos que la Audiencia de Las Palmas analizará se sitúan en los años 2012 y 2013. En aquel periodo, la ULPGC firmó un convenio de cooperación educativa con el Instituto Confucio de la Universidad china de Chanchung, un proyecto destinado a promover la enseñanza del idioma chino y del cual Berriel ejercía como vicepresidenta del consejo asesor.
Viviendas familiares para docentes extranjeros
La llegada de profesores chinos a la capital grancanaria generó la necesidad de buscar alojamiento estable. Según sostiene el Ministerio Público, Berriel aprovechó presuntamente su posición de mando para autorizar el arrendamiento de cinco inmuebles familiares: cuatro pertenecientes a ella y a su marido, y un quinto propiedad de su hermana.
El escrito de acusación detalla que la gestión de estos alquileres se realizó de forma directa, «autorizando María del Rosario Berriel los pagos que en dicho concepto se pactaron». De esta manera, la exvicerrectora habría gestionado el flujo de dinero público hacia su propio entorno familiar sin respetar los cauces de imparcialidad exigidos.
Un proceso marcado por el retraso judicial
La Fiscalía mantiene una postura firme sobre la ética de la acusada y afirma que Berriel actuó «faltando así al transparente ejercicio de la función pública y la probidad que le es exigible». Por estas razones, el organismo califica los hechos como un delito de negociación y actividad prohibida a funcionaria pública junto a un abuso en el ejercicio de su función.
A pesar de la gravedad de la calificación jurídica, la petición económica de la multa se mantiene en una cifra moderada debido a los tiempos de la justicia. El Ministerio Fiscal reconoce la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, dado que el procedimiento arrancó en 2018 y el juicio ante jurado llega con varios años de demora acumulada.
