En todo el territorio español, serían necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales
Canarias tiene un déficit de 19.607 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años y la ocupación media de las que existen es del 99,9 %, mientras que el tamaño medio de estos centros sociosanitarios en las islas es de 51,4 plazas, cuando la media española es de 73,5.
Así, del total de plazas que operan en Canarias, el 67,6 % son de financiación pública y el 32,4 % son privadas, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Además, en el conjunto del país el déficit de plazas residenciales para personas mayores sigue aumentando y serían necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con gran dependencia y dependencia severa.
Las plazas residenciales -públicas y privadas- han aumentado en los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) en 23.075, pero la población mayor de 65 años lo ha hecho en más de 800.000 personas.
Un 4,3% más que en 2024
A comienzos de 2025, había en España 412.109 plazas residenciales para mayores, 17.044 más que el año anterior (han aumentado 4,3 %), según datos del Informe Mayores del Imserso.
Es decir, vivían 339.655 personas en centros residenciales de mayores, 62.634 más que el año anterior (el 15,9 % más), lo que supone una ocupación del 82,4 % de las plazas existentes.
La asociación de profesionales de los Servicios Sociales destaca el aumento del déficit de plazas residenciales: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916.
El 75,5 % de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años.
Andalucía con mayor déficit, Castilla y León con exceso
Asimismo, las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712.
El informe señala que cinco regiones expresan una ocupación casi completa de sus plazas residenciales: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid.
Con porcentajes muy bajos están Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana, «lo que sugiere una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan».
Siete de cada diez, de financiación pública
El 71,1 % de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas.
Las plazas de financiación pública incluyen las de centros públicos, las concertadas en centros privados y las que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Con menos plazas de financiación pública, Canarias, Murcia y Valencia.
La asociación lamenta el «escaso avance» de la estrategia de desinstitucionalización que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023 con las comunidades para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, reforzando los servicios de atención domiciliaria y para reducir la necesidad de plazas residenciales.
Según el análisis, en 2024 este servicio domiciliario tiene una cobertura de 5,8 %, ocho décimas más que en el año previo a la pandemia, y la media de horas de atención y cuidados alcanza 23,8 horas mensuales, tres horas más que en el año 2012
