Las AMPAS exigen priorizar la convivencia escolar frente a las medidas punitivas y reclaman más apoyo institucional
Las federaciones de familias mostraron su oposición a la nueva ley de autoridad del profesorado en el Parlamento de Canarias. Los portavoces critican la norma impulsada por el Gobierno y defienden un modelo basado en la participación democrática.
Las asociaciones piden que la Consejería de Educación refuerce el acompañamiento a los padres para mejorar el sistema educativo.
Prioridad a la convivencia escolar
Vicente Brito, presidente de la Federación de AMPAS de La Palma, defiende que la base de un sistema potente reside en la democratización y la inclusión. Brito prefiere alcanzar acuerdos antes que imponer jerarquías. Las familias consideran que la convivencia efectiva aporta mejores resultados que el simple refuerzo de la autoridad.
Por este motivo, los portavoces no comprenden la urgencia de impulsar esta nueva regulación legislativa. Ellos proponen centrar los esfuerzos en mecanismos que unan a toda la comunidad educativa. El diálogo entre las partes debe prevalecer sobre el carácter punitivo de la normativa actual.
Además, las federaciones solicitan que la ley incluya también los deberes de los docentes. Esta medida garantizaría un equilibrio real de responsabilidades dentro de las aulas canarias. La transparencia en las obligaciones profesionales fortalecería la confianza de los padres en los centros.
Necesidad de apoyo administrativo
Brito lamenta que las familias canarias a menudo caminan solas por la falta de recursos institucionales. El portavoz reclama que la Administración cree un servicio de apoyo específico para los tutores. Esta asistencia facilitaría la resolución de conflictos sin necesidad de recurrir a medidas legales severas.
En consecuencia, el colectivo pide a la Consejería de Educación una mayor implicación en sus problemas diarios. Las AMPAS aseguran que un profesorado respaldado y unas familias ayudadas forman el mejor equipo. El éxito escolar depende de este soporte mutuo y no de una imposición externa.
Asimismo, los representantes insisten en que la ley debe mirar hacia el futuro de los estudiantes. Una norma que solo busca el castigo olvida los valores fundamentales de la enseñanza moderna. Por todo ello, esperan que el Parlamento escuche sus demandas durante la tramitación.
