Se trata de una propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dota a Canarias de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes subvenciones por un importe total de 110 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dotar los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias (con 45 millones) y Extremadura. También han quedado formalizadas partidas por 45 millones de euros destinadas al empleo, 30 millones para combatir la pobreza y 23 millones de euros por los efectos de la crisis.
Por otro lado, se han aprobado actuaciones relacionadas con los puertos de La Luz, en Gran Canaria, y de Granadilla, en Tenerife, ha señalado.
Como ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta del cual se ha aprobado esta medida, el Plan de Empleo de Andalucía contará con una subvención de 50 millones de euros, el de Canarias estará dotado de 45 millones y el de Extremadura contará con 15 millones de euros.
Contra el desempleo estructural
Estos planes integrales, explica Trabajo, tienen como objetivo hacer frente al desempleo estructural que sufren estas tres comunidades pese a la evolución positiva del empleo en el último año.
Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de estos planes, que podrán extenderse durante 2027, así como la aportación en 2026 citada para el Plan Integral de Empleo de Extremadura, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas.
Los planes tendrán, entre otros, los objetivos de generar empleo de calidad y riqueza; mejorar la calidad del empleo; desarrollar la empleabilidad de la población activa; fomentar la inclusión y diversidad; y potenciar y consolidar los sectores estratégicos.
También, estimular la transformación digital; mejorar los servicios públicos de empleo; e impulsar mecanismos de transparencia que permitan hacer el seguimiento de los procesos de forma fácil y accesible.
Satisfacción en Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que el Consejo de Ministros ha cumplido este martes con «la primera andanada de medidas» que acordó este lunes con los ministros de Hacienda, Arcadi España, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Clavijo ha explicado que, según le ha comunicado el ministro de Hacienda, han quedado formalizadas partidas por 45 millones de euros destinadas al empleo, 30 millones para combatir la pobreza y 23 millones de euros por los efectos de la crisis.
También se han aprobado actuaciones relacionadas con los puertos de La Luz, en Gran Canaria, y de Granadilla, en Tenerife, ha señalado.
«Esta es la primera andanada de medidas que se había comprometido y que hoy se ha podido cumplir», ha declarado el presidente de Canarias.
Ha precisado que quedan asuntos pendientes de la agenda canaria, como el Posei adicional, el descuento del 60 % del IRPF para los residentes de la La Palma y los 100 millones de euros para esa isla, asuntos que irán previsiblemente al Consejo de Ministros del 25 de agosto o del 1 de septiembre.
Ruta trazada
Clavijo ha señalado que la hoja de ruta está trazada y que afortunadamente «poco a poco van llegando» los resultados de los acuerdos.
El presidente, que se ha reunido este martes con responsables de la Cofradía de Pescadores de Punta del Hidalgo, en Tenerife, ha reivindicado la importancia que para el sector pesquero tiene incluir en el nuevo marco financiero plurianual de la UE un Posei específico para la pesca y ayudas a la flota artesanal canaria.
Clavijo ha señalado que las instituciones «están para gobernar» y resolver los problemas de los ciudadanos, y ha defendido que las legislaturas deben desarrollarse mientras existan acuerdos suficientes para sacar adelante iniciativas como los presupuestos.
A su juicio, el verdadero problema sería una situación de bloqueo que impidiera la gestión.
En este contexto, ha lamentado que la falta de Presupuestos Generales del Estado perjudique a las comunidades autónomas, ya que obliga a depender de decretos para actualizar las entregas a cuenta, una circunstancia que, aseguró, genera «quebrantos importantes» para Canarias.
