Se aprobó la operación de fusión entre los dos bancos españoles
El Consejo de Ministros aprobó este martes la operación de concentración entre BBVA y el Banco Sabadell con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco años.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este martes la decisión del Gobierno respecto a la OPA presentada por el BBVA hace 13 meses, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estableciera sus condiciones.
Protege el interés general
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo aseguró que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general «en línea con nuestro marco jurídico y constitucional».
El Consejo de Ministros ha establecido también que podrá ampliar por un periodo adicional de dos años la autonomía en la gestión de la actividad que impone inicialmente por tres años, una vez se evalúe «la eficacia de esa condición».
El Gobierno indicó que la autonomía en la gestión de la actividad deberá concretarse, al menos, en la capacidad de gestión y toma de decisiones autónoma en materias como la política de financiación y crédito, en particular a pymes, los recursos humanos, la red de oficinas y servicios bancarios, y la obra social a través de sus respectivas fundaciones.
Así, en materia de empleo el Ejecutivo estableció que no podrá haber procesos específicos de reducción de plantillas asociados a la operación.
Informe de situación
Para que el Ejecutivo decida si prorroga por dos años el plazo en que las dos entidades mantendrán una gestión de actividad autónoma, con una antelación de entre dos y seis meses respecto de la fecha de finalización del plazo de tres años, las dos entidades bancarias deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación cada una.
Este informe detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.
Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su página web un plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.
La decisión del Gobierno se comunicará a la CNMC y a todas las partes, y pondrá fin al procedimiento de control de concentraciones económicas establecido en la Ley de Defensa de la Competencia.
