El plan también ha provocado reacciones entre las distintas asociaciones feministas de todo el país para reivindicar el derecho de las mujeres
La propuesta antiaborto de VOX en Castilla y León ha provocado reacciones en el Ejecutivo nacional. El Gobierno de España ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León avisándole de que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el Ejecutivo está determinado a que no se contravenga la legalidad vigente y, especialmente, los derechos de las mujeres.
El plan, promovido por VOX como los actuales socios del PP en el Gobierno autonómico, obligaría a los médicos a informar a las mujeres que quieran abortar de la posibilidad de escuchar el latido fetal. Sin embargo, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, lo niega. «No se obligará ni a los médicos ni a las mujeres a nada», ha dicho en una rueda de prensa.
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, afirma que lo que sí va a ser obligatorio será el ofrecer las posibilidades de recibir la información.
Mientras el presidente del Partido Popular, Núñez Sánchez Feijóo, no se pronuncia, el Portavoz Campaña Electoral del PP, Borja Sámper, destaca que «VOX acude al rescate mediático de Sánchez, es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos».
Por su parte, la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «innecesario» una «improvisación de estas características».
Mientras tanto, PSOE y Unidas Podemos presionan a la oposición. La portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, señaló sobre Feijóo que, más que parecer un dirigente del Partido Popular, parece un rehén de VOX.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, también dedicó unas palabras al partido, destacando que «el Partido Popular permite que convirtamos los derechos de las mujeres en lo que está ocurriendo en Hungría».
Las asociaciones feministas definen el plan de VOX como un «delito»
En paralelo con el plan antiaborto, las asociaciones feministas de todo el país han alzado la voz. Afirman que les ha costado mucho conseguir derechos como para ahora permitir que los eliminen. Para todas ellas, la idea de obligar a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido del feto es un delito.
