Los pilotos denunciados carecían de los permisos y de la documentación obligatoria para operar los dispositivos de forma legal
Agentes de la Guardia Civil han denunciado a dos varones, residentes en Reino Unido y Barcelona, a quienes sorprendieron volando dos drones e incumpliendo varios preceptos de la Ley de Seguridad Aérea.
Los hechos se produjeron mientras las autoridades prestaban su servicio habitual para garantizar la seguridad aérea en todo el entorno de las instalaciones aeroportuarias. Durante el operativo, los agentes lograron localizar estas aeronaves no tripuladas operando en la zona de la Bahía de El Médano.
Operaciones en espacio aéreo controlado
Las autoridades constataron que la zona donde se llevó a cabo el vuelo se encuentra dentro de un espacio aéreo controlado. Esta estricta clasificación se debe a su gran proximidad con las pistas del aeropuerto Tenerife Sur.
Los implicados estaban realizando estas operaciones sin haber solicitado la debida autorización a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y sin establecer coordinación previa con los controladores aéreos ni con el gestor del aeropuerto.
Además de volar en esta área restringida, los pilotos incumplieron otras normas básicas, ya que los agentes verificaron que ninguno de los dos varones estaba registrado como operador ante la AESA. Asimismo, las aeronaves carecían de la obligatoria identificación con el número de operador, contraviniendo las condiciones operacionales de la categoría abierta.
Infracciones medioambientales y cuantiosas multas
La Guardia Civil ha remitido las denuncias por infracciones administrativas a la AESA, al Cabildo y a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
Entre las irregularidades detectadas también figuran delitos medioambientales y de seguridad ciudadana, ya que los pilotos llegaron a sobrevolar la Reserva Natural Especial de Montaña Roja sin la preceptiva autorización del área insular de Fauna y Flora. Tampoco cumplieron con la obligación de comunicar al Ministerio del Interior el desarrollo de estas operaciones en entornos urbanos.
Al tratarse de graves infracciones cometidas por operadores de drones de carácter no comercial, la normativa establece que cada una de estas faltas conlleva una sanción económica que puede oscilar entre los 60 y los 225.000 euros.
