El Centro de Iniciativas Turísticas advierte sobre la inviabilidad de aplicar esta normativa en los alojamientos de la isla del Meridiano
La nueva ley turística genera gran preocupación en El Hierro por sus exigencias técnicas imposibles de cumplir. Los empresarios y representantes políticos locales rechazan las medidas impuestas por el Parlamento de Canarias. El debate parlamentario sobre estas modificaciones normativas regresará a la cámara el próximo mes de abril.
Casi la totalidad de los alojamientos herreños carece de ascensores para trasladar maquinaria pesada. Los edificios cuentan mayoritariamente con dos o tres plantas conectadas únicamente por escaleras. Esta estructura física impide el uso funcional de los nuevos carros motorizados obligatorios.
El diputado Raúl Acosta cuestiona la lógica de obligar a comprar un carro por cada planta. Los establecimientos de la isla no disponen de los grandes pasillos propios de los hoteles masivos. La realidad arquitectónica de El Hierro choca frontalmente con las exigencias de la nueva normativa.
Sanciones desproporcionadas para los pequeños hoteles
El sector turístico muestra su total discrepancia con las multas de 30.000 euros para los infractores. Estas cuantías suponen una amenaza grave para la viabilidad de los negocios familiares herreños. Los empresarios consideran que el castigo no se ajusta a la realidad del mercado.
La Agrupación Herreña Independiente propone graduar las sanciones según el número total de camas. Un hotel de 20 plazas no puede afrontar las mismas multas que uno de 300. El objetivo es proteger a los pequeños establecimientos frente a criterios diseñados para grandes cadenas.
Futuro debate en el Parlamento de Canarias
Las modificaciones de la Ley de Ordenación del Turismo volverán a discutirse pronto en sede parlamentaria. El Centro de Iniciativas Turísticas mantendrá su postura crítica durante todo el proceso legislativo. Los agentes sociales buscan excepciones que contemplen las particularidades de las islas menores.
El texto legal actual requiere cambios profundos antes de su aprobación definitiva en abril. Los políticos locales confían en lograr un consenso que no castigue al turismo rural. La resolución de este conflicto marcará el futuro modelo de trabajo para las camareras de pisos.
