La defensa del exfiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, solicitará además que se suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia de dos años de inhabilitación
La Abogacía del Estado presentará ante el Tribunal Supremo (TS) un incidente de nulidad de la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, registrará en la próximas horas el incidente de nulidad y pedirá asimismo que se suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia.
Estos movimientos, que ha adelantado eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo, son los pasos previos antes de recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia que dictó la Sala de lo Penal del Supremo.
Dos años de inhabilitación
El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.
El plazo para presentar el incidente de nulidad termina este martes, algo que ya ha hecho la Fiscalía, también disconforme con la condena al anterior fiscal general por la filtración de la oferta de acuerdo de González Amador al ministerio público en la que admitía dos delitos fiscales.
Se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo
Por otro lado, Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado.
Fuentes fiscales confirman a EFE la noticia, adelantada por ‘El Mundo’, de que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.
García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin saber aún qué ocurrirá con su futuro en la carrera fiscal.
La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo ve «excesivo», aunque reconoce que «las consecuencias extraprocesales de la condena» no es competencia suya.
