La Audiencia de Las Palmas ha ordenado que se reabra la causa por asesinato contra el subdirector del banco del que eran clientes Antonio Quesada y María Artiles, los ancianos de Guanarteme que desaparecieron en 2012
La Audiencia de Las Palmas ha ordenado que se reabra la causa por asesinato contra el subdirector del banco del que eran clientes Antonio Quesada y María Artiles, los ancianos de Guanarteme que desaparecieron en 2012, al apreciar indicios de que pudo matarlos por un móvil económico.
La sección sexta del tribunal revoca así el archivo de la causa dictado el 20 de junio de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que consideró que no existían pruebas ni indicios suficientemente sólidos para procesar a Rogelio S.T., el único detenido por la desaparición y muerte del matrimonio.
Desaparición en 2012 tras reunirse con el subdirector del banco
Quesada, de 76 años, y Artiles, de 74, desaparecieron el 6 de marzo de 2012 tras acudir por la tarde la sucursal del Banco de Santander a reunirse con Rogelio S.T., que se encargaba de sus cuentas, y tras ser haber sido vistos caminando por la calle poco después unos metros detrás de él. Sus cuerpos se encontraron pasados cinco años, el 20 de agosto de 2017, en una ladera del barranco de Las Vacas, cerca de la carretera Santa Lucía-Agüimes.
La investigación policial se fijó desde el primer momento en Rogelio S.T., por el hecho incontrovertido de que era la última persona con la que fueron vistos los dos ancianos la tarde en la que se perdió su pista, sobre las 18.30 horas, pero sin que fuera posible averiguar qué les pasó, porque durante cinco años no se supo si seguían con vida y, si habían muerto, cuándo y de qué forma.
Cuerpos hallados por un cazador cinco años después
La causa dio un giro en agosto de 2017, cuando un cazador encontró en el barranco de Las Vacas los esqueletos de dos personas que rápidamente fueron identificadas como Antonio y María, ya que junto a los cadáveres aparecieron sus DNI y algunos objetos personales.
La autopsia, revela ahora la Audiencia, determinó que ambos habían muerto por un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza en una fecha «compatible con el momento de la desaparición, en marzo de 2012».
Y Rogelio S.T. se convirtió formalmente en sospechoso de su asesinato porque la Policía averiguó que a las 20.44 horas del mismo día en que desaparecieron Antonio y María había recibido una llamada telefónica de su esposa en el móvil a través del mismo repetidor que da cobertura al barranco de Las Vacas; es decir, en el lugar donde aparecieron los cuerpos de los dos ancianos cinco años después.
El juez entendió que los indicios «no eran sólidos»
El juzgado encargado del caso disponía ya de todos esos indicios, pero entendió que no eran suficientemente sólidos, ni se podían conectar con otras circunstancias que permitieran llegar a juicio a Rogelio ST.
La Audiencia enmienda su apreciación: «Los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado don Rogelio y no de un único indicio ni de meras sospechas, al margen de otros elementos indiciarios que, entendemos, se desprenden del examen de la causa», asegura el tribunal, en un auto hecho público este viernes.
La sala conecta las dos pruebas principales (el testimonio que sitúa al sospechoso con los ancianos la tarde de su desaparición y la llamada que lo ubica en el lugar donde fueron arrojados sus cadáveres) con otra serie de indicios relativos al trabajo de Rogelio S.T., que fue despedido del Banco Santander «en noviembre de 2012 como consecuencia de las prácticas financieras ilícitas con personas del mismo perfil del matrimonio, mayores y jubilados a los que recibía por las tardes fuera de los horarios propios de los bancos».
Móvil económico
La Policía, añaden los magistrados, parece «tener claro que existe un trasfondo económico en el crimen del matrimonio, por la retirada en efectivo de 78.400 euros de la cuenta del matrimonio» el 1 de abril de 2009, y por una serie de ingresos regulares de 420 euros que luego recibían en su cuenta hasta un mes antes de desaparecer.
«El carácter dubitado de la firma de don Antonio en la retirada de 78.400 euros y el hecho de que don Rogelio se encargara personalmente de la cuenta del matrimonio, es un indicio más que notable de que el investigado lo retirara», añade el tribunal.
Y apunta «la posibilidad» de que el matrimonio confiase ese dinero en su momento al sospechoso para algún tipo de inversión y que este les pagase regularmente intereses en sus cuentas (los ingresos de 420 euros), hasta que en vísperas de desaparecer, Antonio Quesada le pidiera recuperar su inversión principal, los 78.400 euros.
El auto pone todos estos indicios en conexión con las dificultades económicas por las que pasaba el sospechoso, «que tenía al descubierto con frecuencia su cuenta» y, a pesar de ello, «llevaba un nivel de vida que no era acorde con esa situación».
El testimonio del investigado «no era verosímil»
Asimismo, cuestiona la versión que dio el investigado cuando le pidieron que explicase por qué cogió el coche aquella tarde y por qué se dirigió al sur de la isla (algunas cámaras de tráfico lo grabaron): a buscar un taller, dijo, porque el motor se recalentaba.
«No es verosímil», razona el tribunal, pues de tener efectivamente el coche esa avería lo razonable hubiese sido dejarlo estacionado hasta el día siguiente, donde lo tenía, en la zona de Guanarteme, o bien tratar de acudir a un taller más cercano (bien en la misma ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o, incluso, en la de Telde, donde estaba su domicilio), y ello no solo por razón de la propia avería alegada, sino, además, porque entre más kilómetros recorriese en busca de un taller, menores serían las posibilidades de encontrar uno abierto, atendiendo a que salió de la sucursal bancaria a las 18:34:21″.
«Todos los indicios expuestos justifican la continuación de la causa»
Para la Audiencia de Las Palmas, «todos los indicios expuestos justifican la continuación de la causa, debiendo el instructor acordar, dados los delitos de asesinato a que se contrae la misma, que la causa continúe por todos sus trámites en la forma prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y, en tal sentido ha de estimarse el recurso de apelación.
El tribunal ordena así al instructor que retome el caso, cite a dos nuevos testigos y realice indagaciones sobre dos hechos concretos: por qué en días que coinciden con la desaparición de matrimonio Rogelio S.T. tenía una herida en la cabeza y en qué fecha se tomó una foto recuperada de su teléfono móvil donde aparecen unos zapatos de mujer idénticos (modelo y color) a los que llevaba María Artiles el 6 de marzo de 2012, que nunca aparecieron.
