La petición se realiza a la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, para que se le entregue a la Policía Nacional los efectos de Juan Bernardo Fuentes Curbelo de su despacho
La juez del «caso Mediador» ha acordado solicitar «a la presidenta del Congreso», Meritxell Batet, que autorice la entrega a la Policía Nacional de «los efectos depositados en el interior del despacho» que utilizaba hasta su dimisión el diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
En un auto hecho público este lunes, la instructora añade que, «en el supuesto de que la Presidencia del Congreso colaborara entregando esos dispositivos», el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía se ocupe de abrir, analizar y estudiar el contenido de los dispositivos informáticos y de los sistemas de almacenamiento que utilizaba Fuentes Curbelo, en busca de potenciales pruebas.
La juez da respuesta así a la solicitud del equipo policial que investiga esta supuesta trama de corrupción de registrar «sin restricciones» el despacho de Fuentes Curbelo y a las objeciones expresadas al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que apoyaba examinar los equipos informáticos del exdiputado, pero sugirió hacerlo pidiendo permiso al propio Congreso, ya que la Constitución consagra el carácter inviolable de las Cortes Generales.
12 investigados
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el caso y en el que presuntamente hay implicado políticos, empresarios y un general retirado de la Guardia Civil, se divide en tres piezas separadas, manteniendo aún una de ellas bajo secreto de sumario, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La investigación por el momento se extiende a 12 personas, entre las que se encuentra el exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, o al exdirector de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes.
El único acusado actualmente en prisión preventiva, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Nava, solicitó a través de su abogado la revocación del auto de prisión.
Efectos de Fuentes Curbelo
En este nuevo auto, la juez María de los Ángeles Zabala Sanz se refiere a Fuentes Curbelo como el «líder de la rama política de la organización criminal» a la que investiga y detalla que la Comisaría de Policía del Congreso le ha informado de que, en su antiguo despacho, «se encuentra diversa documentación y efectos personales» del exdiputado socialista, «así como un ordenador de sobremesa».
La magistrada coincide con la Fiscalía en que no está a su alcance ordenar, sin más, el registro del antiguo despacho en el Congreso de Fuentes Curbelo, pero precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí le permite solicitar permiso a la presidenta de la Cámara para hacerlo y recuerda que el investigado ya no tiene aforamiento (lo perdió el mismo día que renunció al cargo, el 14 de febrero).
Para reforzar su solicitud, deja constancia de que, por lo instruido hasta la fecha, «los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo (Fuentes Curbelo) en el seno de una organización criminal».
La instructora no se decanta por solicitar permiso para que la Policía registre el despacho, sino por pedir que el Congreso entregue a los agentes aquello que ella considera relevante: su contenido, en particular los sistemas informáticos.
Objetos solicitados
Y detalla a Batet que quiere que la Policía tenga acceso a «los instrumentos de comunicación telefónica, telemática y dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales».
También, si están en el despacho o en esos equipos informáticos, a «documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada, útiles y demás herramientas para llevar a cabo los delitos investigados».
En la causa, hay fotos que atestiguan que Fuentes Curbelo recibió en el Congreso a varios de los empresarios investigados en la trama como supuestos «corruptores» del exdiputado socialista, su sobrino Taishet Fuentes (exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias) y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
Claros indicios
Y la juez añade ahora que tiene «claros indicios» de la relación que existe entre los ordenadores que quiere investigar y el objeto de la causa, que «no es prospectiva», remarca, sino que apunta de forma concreta a posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.
«Por todo ello, se estima necesaria y proporcional la medida de intervención de los terminales solicitada en relación a los tres terminales entregados, a fin de poder esclarecer los graves delitos que son objeto de investigación en este procedimiento y el grado de participación y la existencia de nuevos investigados, no existiendo otra medida menos gravosa dada las circunstancias anteriormente mencionadas», razona.
Por último, dispone que, si la presidenta del Congreso entrega los efectos que se le han pedido, la Policía queda autorizada para «modificar las claves de acceso» si en esos dispositivos informáticos o de almacenamiento «apareciesen hechos relacionados con los delitos investigados».
Declaración de Thaiset Fuentes
En las últimas horas también se ha conocido parte de la declaración de Thaiset Fuentes, sobrino de Juan Bernardo Fuentes y exdirector General de Ganadería, ante la juez del ‘caso Mediador’. Thaiset Fuentes fue cesado en junio del cargo y desde entonces cobra el subsidio por desempleo.
Dice que su relación con el caso surgió a través de las redes sociales y que Antonio Navarro Tacoronte lo utilizó.
Thaiset Fuentes no recuerda el pago de 5.000 euros que se exigía a los empresarios y tampoco que se usaba para pagar los servicios de prostitutas o la cocaína.
