Las viviendas vacías y la escasa promoción y construcción de vivienda pública son los principales problemas del sector en Canarias, según el Diputado del Común
La escasa promoción y construcción de vivienda pública en los últimos 30 años, que ha llevado a Canarias a tener un parque público inferior al 1% del total, frente al 2,5% de media estatal y el 9,3% europeo, sumado al gran número de viviendas vacías son los principales lastres de la situación de la vivienda en Canarias.
Son dos de las conclusiones a las que ha llegado la Diputación del Común en Canarias a través de un informe extraordinario sobre la situación de la vivienda cuyo contenido se ha hecho público este viernes, si bien el jueves se avanzaron algunos aspectos tras la entrega del Diputado del Común, Rafael Yanes, al Parlamento de Canarias.
Viviendas vacías
En cuanto a las viviendas vacías, la Diputación del Común subraya que existen en Canarias 9,7 viviendas vacías por cada 100 habitantes, un hecho que se suma a que las dos capitales provinciales se encuentren entre las cuatro ciudades españolas con población superior a 200.000 habitantes con mayor porcentaje de viviendas vacías.
De hecho, Santa Cruz de Tenerife ocupa el primer lugar nacional, con un 17,3% de su parque total de viviendas en esa situación mientras que Las Palmas de Gran Canaria, la cuarta posición, con el 14,3%.
Respecto a localidades con población superior a 10.000 habitantes, el municipio de Tías, en Lanzarote, se sitúa en el primer lugar nacional, con un 48% de viviendas vacías respecto al total de las viviendas de ese término.
La Diputación del Común también ha realizado un censo de viviendas públicas, por un lado las que son propiedad del ICAVI, 14.645 viviendas, y a las que hay que añadir otras 6.050 gestionadas por VISOCAN. En total, 20.695.
El informe también recoge la existencia de un puñado de viviendas públicas propiedad del Cabildo de Gran Canaria, el único Cabildo que gestiona 64 viviendas públicas. El resto alude falta de competencias para esta materia.
También se hace especial hincapié en la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población a la hora de acceder a una vivienda digna, como las personas con discapacidad o las mujeres víctimas de violencia de género, un colectivo que «tiene dificultades específicas para acceder a una vivienda, tanto por motivos de seguridad como por causas socio-económicas».
Predominio del acceso a la vivienda en régimen de propiedad
La Diputación del Común ha agregado que dentro del mercado inmobiliario español ha existido tradicionalmente un claro predominio del acceso a la vivienda en régimen de propiedad, algo que «comporta indudables ventajas para la persona beneficiaria de su adquisición, pero reporta múltiples inconvenientes a la dotación de vivienda pública por parte de las administraciones, a la sociedad en su conjunto y, en particular, a los sectores de la población económicamente más desfavorecidos».
El Diputado del Común también preguntó a los 88 ayuntamientos canarios por su patrimonio municipal de vivienda, de los 57 que contestaron de forma expresa a la pregunta de “si disponen de suelo para la construcción de vivienda protegida”, 42 Ayuntamientos (78,76%) evidenciaron carecer de suelo a tales fines, situación que a menudo viene propiciada por la obsolescencia de su planeamiento.
Así, entre las 39 recomendaciones que se ponen sobre la mesa para mejorar se establece declarar la política de vivienda en Canarias como urgente y preferente y promover un pacto de vivienda con la participación de todos los agentes sociales y políticos, así como una mesa de diálogo permanente.
También ha urgido el diputado del común a actualizar el censo de viviendas públicas, a combatir el uso fraudulento de la vivienda protegida, a priorizar la construcción de vivienda protegida en los suelos cedidos por las administraciones locales y a una mejor planificación y ordenación del territorio.
Necesidad de suelo disponible para vivienda protegida
En este sentido, cree necesario habilitar instrumentos que permitan conocer el suelo disponible para la edificación de vivienda protegida, optimizar el Programa Vivienda Vacía de Canarias, reequilibrar la oferta de vivienda protegida en Canarias y conformar un parque público de viviendas protegidas para destinarlas a alquiler social, priorizando esta modalidad como opción preferente de acceso a la vivienda social.
Ha pedido asimismo constituir una bolsa de vivienda privada para destinarlo al alquiler público, simplificar los procesos de solicitud, acceso y adjudicación de la vivienda protegida así como la actuación urbanística de las entidades locales.
Sobre el personal de la administración que se dedica a este tipo de asuntos Yanes ha pedido que haya el suficiente y ha manifestado la conveniencia de crear una mesa de emergencia habitacional, además de la configuración de un parque canario de viviendas de tránsito.
Red insular de viviendas
Otras medidas son asimismo crear una red insular de viviendas para emergencias habitacionales, fomentar la colaboración y coordinación entre las administraciones públicas en situaciones de emergencia habitacional o crear una oficina de asesoramiento para situaciones de ejecuciones hipotecarias y desahucios.
Respecto a los supuestos de tanteo y retracto en favor de las administraciones públicas, la Diputación del Común ha abogado por ampliar el catálogo legal de supuestos de adquisición preferente de vivienda y clasificar de manera perpetua el carácter protegido de la vivienda pública.
Yanes también ve oportuna la creación de un observatorio canario de la vivienda y ha pedido promover la participación ciudadana en la planificación de la actividad administrativa.
Viviendas para personas con discapacidad
Sobre las personas en situación de discapacidad, ha apuntado la necesidad de aumentar el porcentaje de vivienda pública protegida para ellas o su inclusión como beneficiarios específicos en los planes y programas de fomento del acceso a una vivienda.
Se debería asimismo, destinar un porcentaje del parque de vivienda pública a entidades del tercer sector que sean gestoras promotoras de apoyos y gestión con las personas con discapacidad.
Tampoco se descarta el fomento de la vivienda colaborativa y otras soluciones residenciales modelo cohousing, alojamientos temporales, de viviendas intergeneracionales u otras modalidades similares, además del aumento de cooperativas de viviendas colaborativas.
Para las mujeres víctimas de violencia de género, Yanes ha defendido que se debe fomentar la transparencia de todo el procedimiento, con información con mayor calidad y más agilidad ante la emergencia y un cupo cupo específico para ellas, así como un aumento en los recursos y la creación de líneas específicas de ayudas.
