Las audiencias provinciales alertan sobre las consecuencias de la nueva Ley Orgánica al tener que asumir más competencias los juzgados de Violencia sobre la Mujer
Los presidentes de las audiencias provinciales advierten sobre la carga de trabajo que tendrán que asumir los juzgados de Violencia sobre la Mujer con la nueva Ley Orgánica.
En la clausura de las jornadas de ámbito nacional y ante el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, han alertado sobre las carencias de personal y material para su puesta en marcha.
Preocupa la entrada en vigor y ha sido uno de los principales asuntos abordados por la necesidad de tener más profesionales de la justicia formados en casos de violencia sexual.
Un exceso de trabajo que deben asumir a partir del mes de octubre los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Análisis de los delitos
Los jueces piden más personal y plazas judiciales. También, solicitan un estudio exhaustivo del volumen de estos delitos.
Unas competencias que tienen que asumirse sin «revictimización» que el retraso de los procedimientos penales y civiles pueda ocasionar, apuntan los jueces.
En este sentido, demandan «soluciones de comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia».
Con un sistema organizado de guardias y unificación de los servicios de atención a las denunciantes, «ganando en rapidez y evitando revictimizaciones innecesarias».
Por otro lado, piden menor demora en los delitos de trata con fines de explotación sexual, que son complejas.
Protocolos de atención a víctimas de violencia de género
Los jueces demandan protocolos de atención a víctimas de violencia de género en situación de especial vulnerabilidad. Medidas que van unidas a la puesta en marcha de un observatorio específico de violencia de género en el medio rural.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha subrayado que el Gobierno ha aumentado la inversión en Justicia en un 25% con «la mayor transformación de la Justicia en décadas».
Bolaños ha comentado la creación de los tribunales de instancia con el reparto de 410 millones para la digitalización de la Justicia en las comunidades autónomas.
