Manifestaciones simultáneas en cuatro islas denuncian la falta de recursos estables y la exclusión que sufren los alumnos con necesidades específicas
Varias manifestaciones convocadas por la Plataforma por una Educación Inclusiva en Canarias han reclamado este domingo una escuela pública con «apoyos reales» para alumnos con discapacidad o con necesidades específicas (NEAE), porque «ningún niño sobra». Las familias han alzado la voz contra un sistema educativo que consideran deficiente y que no garantiza la igualdad de oportunidades.
Las movilizaciones han sumado el esfuerzo de múltiples colectivos insulares en una jornada de protesta unificada. Los actos reivindicativos se han desarrollado de forma simultánea en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, isla esta última que ha contado con representación de familias procedentes de La Gomera y La Palma.
Un sistema que expulsa a los alumnos
Los portavoces de las familias insisten en que las infraestructuras actuales no dan abasto para la demanda existente. Carolina Buriticá, presidenta de la plataforma convocante, ha señalado que la falta los recursos necesarios conduce a la expulsión de estos alumnos del «entorno educativo ordinario», pero incluso en las aulas enclave o los centros de educación especial tampoco los hay.
La masificación y el aumento de diagnósticos han agravado las carencias del sistema en los últimos cursos de forma alarmante. «Que se dejen de mentiras», clama la presidenta de la Plataforma por una Educación Inclusiva en Canarias, pues denuncia que la Consejería «intenta ahora solventar lo que se necesitaba hace tres años», pero los alumnos con discapacidad o NEAE han aumentado de manera exponencial.
Más allá de la enseñanza especial
El colectivo demanda cambios estructurales profundos en la organización de los centros y rechaza los parches temporales. Señala que no solo piden auxiliares de apoyo, sino profesionales que permitan la codocencia, que en otras comunidades autónomas se ha implantado con éxito, para garantizar que los chicos con discapacidad gocen de «una inclusión real» y cuenten con los apoyos «donde tienen que estar».
Para las familias, la solución actual pasa por apartar al alumnado en lugar de integrarlo en las aulas comunes. Se refiere a que no sean derivados, por sistema, a la enseñanza especial, donde «no hay currículum académico», y a que son «excepcionales» los casos en los que alguno logra «pasar el filtro».
El riesgo de una educación que discapacita
La exclusión dentro del propio sistema genera una enorme frustración entre los padres, quienes sienten que el entorno educativo juzga a sus hijos por sus limitaciones. «Por su condición parece que se puede justificar la discriminación: como no le puedo dar los recursos que necesita, lo saco del sistema ordinario… están diciendo que nuestros hijos sobran», censura con dureza la portavoz.
Las consecuencias de esta falta de adaptación curricular se traducen en un estancamiento formativo severo para los estudiantes. Abunda en que entre los chicos con discapacidad intelectual, a los que «no se puede meter a todos en el mismo saco», existe «un analfabetismo generalizado», pues «no hay titulación».
Un futuro de dependencia tras las aulas
El panorama empeora notablemente cuando estos jóvenes finalizan la etapa escolar obligatoria y se enfrentan al vacío institucional. La única alternativa que les queda a estos chicos una vez completado el itinerario previsto son el programa NEAE +21 o la FP adaptada, «para que puedan permanecer unos años más dentro del sistema».
El mercado laboral no ofrece salidas reales y el peso del cuidado recae por completo en los hogares de forma indefinida. Pero «la mayoría», subraya Buriticá, se quedan en sus casas con sus familias «sin saber qué hacer, sin una oportunidad de desarrollarse laboralmente. Esto es una educación que discapacita», denuncia.
Las decisiones políticas del presente condicionarán el nivel de autonomía y el bienestar de los jóvenes el día de mañana. Y añade: «si no se les dan herramientas para ser útiles socialmente, para desarrollarse laboralmente, mañana tendremos más dependencia».
Exigencia de cumplimiento legal
Las familias recuerdan que no demandan privilegios, sino la aplicación estricta del marco jurídico que ampara a los menores. La presidenta de la Plataforma por una Educación Inclusiva en Canarias indica que si han salido hoy a la calle «no es para pedir que los derechos para nuestros hijos sean reconocidos porque ya lo están», hecho que considera incluso «más grave» ya que se está vulnerando la ley.
La manifestación concluyó con una llamada de atención directa a los gestores públicos para que abandonen las posturas dogmáticas. Opina que «la segregación» actual es una «cuestión de ideología» y advierte: «con nuestros hijos no se puede hacer política».
