El municipio solicita al Gobierno de Canarias medidas urgentes para enfrentarse a la crisis habitacional, tras cumplir tres de los cuatro criterios legales establecidos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entregó un informe al Gobierno de Canarias para justificar su declaración como zona tensionada en vivienda. Según la alcaldesa Carolina Darias (PSOE), este paso busca «romper el bucle» y exigir soluciones inmediatas al Ejecutivo autonómico. La medida, pionera en el archipiélago, pretende afrontar el impacto de la crisis habitacional en el municipio.
Zona tensionada con alquileres por encima del IPC
El informe detalla que se cumplen tres de los cuatro requisitos de la Ley estatal de Vivienda, superando el mínimo necesario. La carga media del coste hipotecario y suministros básicos creció al 33,55 % en 2023, superando el umbral del 30 %. Además, la carga media del alquiler y gastos básicos pasó del 32,26 % en 2015 al 38,03 % en 2023.
El precio del alquiler en la ciudad aumentó más de tres puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC entre 2019 y 2024. Esta escalada evidencia la presión económica sobre los hogares y refuerza la urgencia de medidas estructurales. La alcaldesa concluyó que el municipio no permitirá más excusas para resolver esta situación crítica.
