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19 octubre 2021 7:07 pm

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Los grandes tenedores dispondrán de 18 meses para adaptarse a la nueva ley de vivienda

El acuerdo adoptado sobre la ley de vivienda pretende establecer ese período de carencia para la aplicación obligatoria del índice de precios

Los grandes tenedores de viviendas dispondrán de 18 meses para adaptarse a la nueva ley

El acuerdo de gobierno sobre la ley de vivienda permite a los grandes tenedores realizar nuevos contratos sin atenerse a los límites del alquiler en los dieciocho meses posteriores a la aprobación de la ley, ha desvelado el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

El acuerdo pretende establecer ese período de carencia para la aplicación obligatoria del índice de precios. Según esta organización, esta medida retrasaría el efecto pretendido de la ley sin una justificación. Explican que ya existe el índice estatal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde 2020.

Acuerdo «insuficiente»

El Sindicato de Inquilinos considera «insuficiente» el acuerdo de gobierno alcanzado sobre la ley de vivienda. Defiende que la bajada de precios «artificialmente inflados» debe ser obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, no solo para las empresas con más de 10 viviendas.

Según sus datos, con esa distinción que hace el acuerdo en Barcelona casi el 70 % de los inquilinos tendría difícil beneficiarse de una bajada. Para el resto de municipios, apuntan, será aún mayor la cifra de no beneficiarios.

Críticas a las bonificaciones fiscales del 90%

Critican también las bonificaciones fiscales del 90 % para que los particulares con menos de 10 viviendas bajen los precios. A su juicio implican una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos.

Sus cálculos apuntan a que los beneficios fiscales como condición para bajar un 10 % el alquiler resultarían rentables para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000 euros.

El sindicato considera, no obstante, que el acuerdo les sitúa «más cerca de blindar la regulación ya vigente en Cataluña y lograr que se extienda a todo el Estado».

Confían que Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, CUP, Más País, Nueva Canarias, Compromís y BNG defiendan con enmiendas en la tramitación parlamentaria las líneas planteadas en la proposición de ley que registraron hace unos días.

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