Asegura que el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos
La Comunidad de Madrid ha advertido al Gobierno de España de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025. Al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos.
Así lo ha trasladado la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, en una misiva.
Hace unas semanas, Torres cifró en unos 1.800 los menores no extranjeros no acompañados trasladados a la península desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la actualidad procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, en el marco del nuevo sistema de reubicación impulsado por el Gobierno.
El ministro reiteró la necesidad de mantener y reforzar el actual sistema de reubicación: «Es una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional» ha indicado. Dijo que «el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura».
Ante esta situación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ve «llamativo» que después de que el Ejecutivo central haya afirmado públicamente que la situación de contingencia había finalizado, el Ministerio «pretenda ahora prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica tras la expiración de los plazos legalmente previstos».
En concreto, el plazo máximo para ejecutar los traslados de menores que se hallan en territorios declarados en contingencia migratoria de emergencia era de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025 aprobado el 18 de marzo de 2025.
Dávila ha defendido que la Comunidad de Madrid ha cumplido «escrupulosamente» con la legalidad y con sus obligaciones. Por ello, ha subrayado que «no puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo». Ha añadido que cualquier intento de promover nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes «supondrá una actuación contraria a derecho».
«El Real Decreto ha ignorado la coordinación»
«La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar», ha manifestado.
La consejera madrileña ha alertado de que «se ha llegado a separar a grupos de hermanos«. Y a trasladar a Madrid a «menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España». También se ha producido con jóvenes que «contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad. Abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad».
«Le insto a que cese en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias. En defensa de sus competencias y de la legalidad vigente», ha avanzado.
Culpa al Gobierno de no ejercer sus competencias
Considera la consejera madrileña que la situación de emergencia migratoria que han sufrido de manera «tan extraordinaria como injusta» Canarias, Ceuta y Melilla, así como Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y la Comunidad de Madrid se ha producido por el Gobierno de España, quien «no ha ejercido las competencias en materia de política exterior, control de fronteras e inmigración».
«Mientras las comunidades autónomas hemos movilizado todos nuestros recursos para atender situaciones personales dramáticas, sostener sistemas de protección al límite y frenar la actuación de las mafias, su gobierno ha pasado del silencio y la inacción a la imposición. Ha sustituido la cooperación por decisiones unilaterales. Que han puesto en riesgo nuestras capacidades, invadido nuestras competencias y generado un efecto llamada difícil de revertir», ha remarcado.
Al hilo, Dávila ha lanzado a Torres que la solidaridad de la que habla el Ejecutivo central «no la han practicado en ningún momento». «De hecho, su Gobierno solo ha cumplido con sus obligaciones cuando se lo ha exigido un tribunal. Como ocurrió con los menores solicitantes de protección internacional», ha recordado.
