Prestaciones de emergencia social para atender necesidades básicas como alimentación, alquiler o el pago de suministros
Más de 1,4 millones de personas recibieron prestaciones de emergencia social para atender necesidades básicas como alimentación, alquiler o pago de suministros por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales referidos a 2020 y recogidos en un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El informe destaca que superan los 3,3 millones las personas que sufren en España carencias materiales graves, el 7 % de la población.
Las entidades locales destinaron 335,7 millones de euros a personas que carecen de recursos básicos, 235 euros de media por persona. En concreto 1.428.216 personas recibieron prestaciones de emergencia social en 2020, un 43 % de las personas con graves dificultades materiales.
Hay grandes diferencias por territorios, desde los más de mil euros de media en Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132), y los 91 euros en Andalucía o 177 en Canarias.
El informe muestra además otras diferencias, por ejemplo en La Rioja el número de perceptores (10.808) es superior al de personas con dificultades materiales graves (7.355); o los extremos respecto a la cobertura, en la que Cataluña tiene una cobertura del 91 % y Galicia solo alcanzan al 2 %.
Las trabas burocráticas
Los gerentes en Servicios Sociales explican que los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro. Todo ello disminuye la eficacia de las ayudas.
«Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social. Las trabas a la hora de justificarlas ante la intervención son dificultosas y humillantes», denuncia José Manuel Ramírez, el presidente de la asociación. Ramírez lamenta que «la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones es una de las causas de esta situación».
Ramírez señala que a pesar de que el Ministerio de Derechos Sociales incrementó en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros y las entidades locales podrían haber incrementado sus ayudas de emergencia social, «la burocracia y el retraso en la transferencia de estos créditos hace que su uso haya sido limitado».
«Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis, consideramos que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas», indica Ramírez. En ese sentido reclama enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen esas ayudas.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, lamentan que solo llegue a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el Gobierno consideraba como potenciales perceptores.
