El programa de alquiler seguro pretende que el Gobierno canario actúe como arrendador de las casas vacías que existen en Canarias
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha propuesto este miércoles un programa de alquiler seguro con el objetivo de que el Gobierno regional actúe como arrendador de las casas vacías en Canarias, y que los inquilinos abonen un precio al menos un 30% inferior al del mercado.
La presidenta del grupo parlamentario de NC-BC, Carmen Hernández, y el portavoz parlamentario, Luis Campos, han presentado en rueda de prensa el contenido de esta propuesta, que han registrado como una proposición no de ley para crear el Programa Canario de Alquiler Seguro para fomentar el arrendamiento de vivienda vacía en Canarias.
Más de 200.000 viviendas vacías en las islas
Luis Campos ha indicado que se trata de impulsar y exigir medidas para recuperar las más de 211.000 viviendas que se calcula que se encuentran vacías en las islas, y ha recordado que el acceso a una casa es actualmente «el mayor problema existente en Canarias».
Al respecto, Carmen Hernández ha señalado que, según el registro público de demandantes de vivienda en el archipiélago, hay más de 25.000 personas que llevan años esperando por una casa y, aunque el Gobierno regional ha declarado la emergencia habitacional, las medidas que plantea «son ineficientes a corto y medio plazo».
Por ello NC-BC ha planteado un plan «concreto, realista y viable» formado por doce líneas de trabajo que conllevarían un compromiso económico por parte del Ejecutivo, sobre lo que ha considerado que un buen punto de partida sería recuperar los 24 millones de euros que el Gobierno redujo de la partida destinada a la vivienda protegida en los presupuestos autonómicos.
El plan de NC-BC se basa en un programa similar desarrollado en el País Vasco y su eje central es que el Gobierno de Canarias se convierta en arrendador, a través de Visocan, para lo que debería contactar con los propietarios de las viviendas vacías.
Garantías económicas y jurídicas a los propietarios
NC-BC propone que el Gobierno ofrezca garantías jurídicas y económicas a los dueños de estas viviendas porque, si no están en alquiler, ha continuado Carmen Hernández, es porque no se fían de que puedan recuperar el inmueble en buen estado, en el momento en que deseen y que vayan a cobrar a fin de mes.
Esas garantías «se las tiene que dar el Gobierno, que va a ser con el que el propietario va a alquilar directamente», al tiempo que el Ejecutivo debe ofrecer un precio justo, razonable y atractivo para que los dueños de los inmuebles estén dispuestos a acogerse al programa.
Además, Visocan debe garantizar que el propietario va a percibir mensualmente el alquiler mientras dure el contrato, se debe habilitar una página en internet para que los dueños puedan inscribirse y se debe difundir y dar publicidad al programa.
También se debe ofrecer asesoramiento a los propietarios para que puedan poner su vivienda a disposición y, si ésta necesita reformas, el Gobierno podrá financiar la rehabilitación, que se descontará de la renta.
Además deberá garantizar de que se devolverá la vivienda en perfecto estado al propietario y de que los beneficiarios serán personas inscritas en el registro de demandantes, por lo que abonarán un alquiler adaptado a su renta y como mínimo un 30 por ciento más económico que el precio de mercado.
Alquiler
Por ello NC-BC propone que la diferencia entre este alquiler y el precio de mercado la abonará el Gobierno dotando una partida presupuestaria para este fin.
Asimismo pide que Visocan asuma el pago de los impuestos a la basura y el alcantarillado, y que se encargue de tramitar el certificado energético de la vivienda.
Carmen Hernández ha confiado en encontrar en el Gobierno regional «la sensibilidad necesaria» para respaldar e implementar esta proposición no de ley porque, sin recursos, será muy difícil que pueda llegar a buen puerto, y ha explicado que en Baleares se está diseñando un programa similar con una dotación de 19 millones de euros.
