La postura del Gobierno canario ante la inmigración no es sumisa ni de entrega, sino de exigencia. Prueba de ello es que sólo quedan en las islas 3.558 migrantes, el 15% de los más de 23.000 arribados en pateras o cayucos, afirmó este viernes el consejero de Seguridad, Julio Pérez.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad respondió de esta manera en el Parlamento regional a las críticas que le formuló el diputado del grupo Nacionalista Canario Oswaldo Betancort. Pidió al Ejecutivo que «se faje» y exija al Gobierno de España en este ámbito, pues «ignora continuamente» a Canarias «debido a su sumisión».
Oswaldo Betancort, que también es el alcalde de Teguise (Lanzarote), lamentó que tiene que levantar reparos para autorizar cuestiones para las que no tiene competencia, como realizar contratos con grúas para retirar las pateras que se acumulan en la costa. Mientras tanto el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, «ni coge el teléfono».
«No he visto a los partidos en el Gobierno exigir más recursos y medios para Salvamento Marítimo. Ahora, dicen que están desbordados por los menores. Es decir, hasta ahora hemos sido sumisos y tratado de andar de puntillas porque ha habido improvisación», criticó Betancort. Dijo que hay unos 2.000 menores en espera de la prueba de filiación y sólo 416 han sido escolarizados.
Dice que sólo quedan 3.558 migrantes en las islas
El consejero Julio Pérez replicó que se siente en ocasiones como quien camina en la cuerda floja porque no quiere negar un problema que es «gravísimo». Pero tampoco dejar de reconocer que ha habido avances, «cada vez llegan más, pero cada vez se quedan menos» en las islas «cuando hace año y medio nos quejábamos de que había 23.000 aquí».
Recordó Pérez que tampoco es competencia estricta de Canarias el prestar atención a los menores no acompañados . Se va a tratar este asunto en la próxima comisión bilateral con el Estado. Precisó que su parecer es que debe ser la UE la que intensifique los medios en este ámbito.
Mientras eso se produce Canarias ha subrayado su interés en cambiar la ley para que sea obligatorio el reparto de menores entre comunidades . En ese aspecto «tenemos algún motivo para esperar algunos cambios», como es el que se logrado cambiar la actuación del Gobierno central respecto a los migrantes adultos. Al 85 por ciento de los llegados a las islas se les ha facilitado continuar el viaje hacia el continente «y esto es un avance».
En cuanto a los menores, indicó que «estamos desbordados porque no era previsible» atender a un número elevado en tan poco tiempo. Precisó que hay 1.354 pendientes de la determinación de las pruebas de edad. Casi 600 reciben asistencia por parte de los cabildos.
El peor de los datos es, dijo el consejero, que los servicios policiales en los lugares de origen no perciben que las circunstancias de estos países vayan a cambiar «sino todo lo contrario». Ni los riesgos del viaje ni la incertidumbre a la llegada son disuasorios.
Por el grupo Socialista la diputada Teresa Cruz observó que se han dado pasos sustanciales desde la oleada migratoria de 2006. Pidió al resto de formaciones una actitud más proactiva para aportar soluciones.
La oposición exige más medidas
Luz Reverón, del grupo Popular, pidió al consejero «que no siga mirando hacia otro lado ante la grave crisis humanitaria» que ha pillado al Gobierno canario «con el pie cambiado. Sin estrategia para gestionar el repunte del que avisó el PP, y que acabó con el hacinamiento de personas en el muelle de Arguineguín».
El representante de Nueva Canarias, Luis Campos, aludió a la mala interpretación de la ley del Menor que efectúa el resto de comunidades. Consideró que el Estatuto de Autonomía es una herramienta fundamental para que Canarias exprese su opinión al respecto «en todos los foros».
Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, consideró que la Comunidad Autónoma debería exigir competencias suficientes para tener capacidad de supervisión de cómo se efectúa el alojamiento, la atención sanitaria y las condiciones que se ofrecen a los inmigrantes y tener posibilidad de intervenir.
Por la Agrupación Socialista Gomera la diputada Melodie Mendoza dijo que no tiene justificación el comportamiento del Gobierno central con Canarias en materia de inmigración. Es «inaceptable». La realidad es que tanto el Estado como Bruselas «se han pasado el tiempo mirando hacia otro lado». Impasibles e insensibles a cómo las islas deben hacer milagros para afrontar la situación.
Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto por Ciudadanos, exigió que el Gobierno de España retome los acuerdos con los países vecinos, que han «brillado por su ausencia». Canarias no puede seguir soportando un aumento de la presión en este ámbito. Es necesario que el Gobierno autonómico «eleve el tono ante España y pasemos de los paños calientes a las medidas necesarias».
