La consejera de Empleo y Turismo ha señalado durante el Pleno del Parlamento de Canarias que la reducción de la jornada laboral no es competencia autonómica, aunque ha mostrado su apoyo a la medida
Clavijo llevará a la justicia a cualquier comunidad autónoma «sea del color que sea»
Este martes 11 de junio tuvo lugar la segunda sesión del Pleno del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife donde se debatieron asuntos, como la dirección del Hospital Universitario de Canarias (HUC) o la reducción de la jornada laboral.
Así, en esta jornada estaba prevista que aprobaran varias iniciativas, como la respuesta administrativa a «la ocupación e inquiocupación» de viviendas y la «masiva» adquisición de hoteles por parte de fondos de inversión.
Así, en la sesión celebrada este martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cargó duramente contra el resultado de la Conferencia de Presidentes. Asimismo, avanzó que había recibido una carta de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, para fijar una reunión y avanzar en una solución con los menores migrantes solicitantes de asilo.
El HUC abre el debate parlamentario
El diputado del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Yone Caraballo ha pedido este miércoles cambiar la dirección del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ante los problemas del servicio de urgencias, a lo que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha respondido que no se pueden centrar los problemas en una sola persona Y no ha obviado que ha habido «errores».
«Tenemos nuestros errores como todo el mundo, pero pasa en cualquier servicio sanitario de España y del mundo, las críticas las recojo y las admito para mejorar la gestión», ha comentado. Asimismo, Monzón ha preguntado a Caraballo dónde estaba su partido en la anterior legislatura (formaba parte del gobierno), y ha reiterado que en la actual se ha puesto en marcha un proyecto de mejora del servicio de urgencias del HUC con un presupuesto, «hasta ahora», de 2 millones de euros.
Otros diputados también han intervenido en el debate. Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), se ha referido a que es un problema estructural y Nicasio Galván, de Vox, ha asegurado que la consejera no tiene excusas tras dos años en el cargo. Por su parte, el diputado del grupo Nacionalista (CC) Alberto Díaz-Estébanez ha destacado que problemas hay en todos los hospitales y comunidades autónomas.
Condiciones de los trabajadores del HUC
Rebeca Paniagua, del Partido Popular (PP), ha comentado que el problema del HUC «se ha enquistado» y el servicio de Urgencias «se ha quedado pequeño», y ha admitido que en dos años de legislatura no se va a resolver si bien sí ha valorado que «se está trabajando en ello».
El diputado de NC-BC Ha comentado que al gerente del HUC, Adasat Goya, «le viene grande» el cargo y ha criticado el nombramiento de la nueva jefa de servicio en Urgencias y que los médicos están «huérfanos y no se sienten arropados».
Además, Caraballo ha señalado que el servicio es un «desastre total», poniendo como ejemplo que un paciente con un ictus sea valorado por un enfermero en el triaje y si hay un error en las primeras cuatro horas, los daños son irreversibles. «Los pacientes de Tenerife tienen miedo de ir a las Urgencias», ha señalado.
El Pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha aconsejado al PSOE que pida el apoyo de Junts y no del PP para sacar adelante en el Congreso la jornada laboral de 37 horas y media, después de que el diputado socialista Gustavo Santana la acusara en el pleno del Parlamento regional de oponerse a esa medida.
De León lo primero que respondió es que esa materia no es competencia autonómica y se remitió durante su intervención en el Pleno a declaraciones suyas anteriores en las que muestra su apoyo a la jornada laboral de 37,5 horas y media en el caso de que sea fruto del dialogo social entre patronal y sindicatos, de que se estudia su aplicación por sectores y de que se apoye a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. «El mejor derecho laboral es tener una empresa a la que ir a trabajar», y las subidas fiscales a autónomos y pymes por parte del Gobierno de España están llevando al cierre a muchas de ellas, ha afirmado.
Por su parte, Santana ha replicado que el coste salarial de la implantación de las 37,5 horas sería entre el 2,1 y el 6,7% en el peor de los casos, lo que ha contrastado con el aumento de los márgenes empresariales en un 105% y de los beneficios en un 392% desde 2009. Ha recordado que Canarias es la peor comunidad en cuanto a la implantación del las 37,5 horas en los convenios colectivos, ya que solo se le reconoce al 7% de los trabajadores.
Sensores de medida de glucosa
Tras las intervenciones sobre la reducción de la jornada laboral, el pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que se plantea, entre otras cuestiones, la dispensación directa en las farmacias de los sensores de medición de glucosa en sangre.
La iniciativa, promovida por el grupo Socialista, pide poner a las farmacias «en el centro de la operativa» de la recepción, almacenaje, dispensación y/o sustitución de estos sensores, y liberar, de paso, de burocracia al personal asistencial de hospitales y centros de salud. Además, propone la dispensación de un sensor adicional a los que habitualmente prescribe gratuitamente el Servicio Canario de la Salud (SCS) a los pacientes de diabetes tipo I para evitar que tengan que pincharse en el dedo entre una y dos semanas mientras esperan por la nueva entrega.
Finalmente, solicita al Gobierno de Canarias un control más exhaustivo de la ineficacia de algunos sensores en cuanto a que se desprenden con facilidad de la piel por sudor o por un leve golpe, con el riesgo que ello acarrea en las horas de sueño, en las que el paciente no es consciente de una eventual subida o bajada de azúcar.
Ocupación ilegal
Entre otras medidas, el Pleno del Parlamento también ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del grupo Popular en la que se condena la ocupación ilegal de viviendas, y también que se habiliten juzgados especializados en ocupación e inquiocupación.
Así, CC, PP, ASG, Vox y AHI votaron a favor de que el Parlamento regional inste al gobierno canario para que este pida al ejecutivo central a modificar la ley por el derecho a la vivienda y a desbloquear la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinas y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, remitida por el Senado el 20 de febrero de 2024.
Esta proposición de ley del Senado fue presentada por el PP y lo que pide ahora el Parlamento canario es que pueda someterse a debate y votación lo antes posible y se pueden poner en funcionamiento medidas como el desalojo de los ocupas en un plazo de 24 horas, el incremento de las penas para quienes ocupan ilegalmente un inmueble o promuevan o faciliten la ocupación, o la nulidad de las inscripciones de ocupantes ilegales de viviendas en el padrón municipal.
La vivienda, un bien social
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández ha apoyado la propuesta de rechazar la ocupación ilegal, y ha hecho hincapié en que la mejor manera de prevenir las ocupaciones es que la vivienda sea un bien social, como dice la Constitución, y no un bien de mercado, como plantea el PP, ha añadido. Además, ha subrayado que la política de vivienda no la dirige el gobierno central sino las comunidades autónomas, y ha propuesto incluir una enmienda para establecer un tope al precio de la vivienda de alquiler, algo que ha sido rechazado por el grupo Popular.
La diputada de Vox Paula Jover ha aseverado que frente a la ocupación «solo» queda su partido, y ha presentado tres enmiendas, una de ellas para derogar la ley, que no ha aceptado el PP. La diputada del grupo Nacionalista (CC) Socorro Beato ha afirmado que se protege más a quien da una patada en la puerta que al propietario, y ha asegurado que se ha hecho negocio de la ocupación de viviendas, para proponer que haya secciones especializadas en los juzgados contra las ocupaciones, cuestión que ha sido aceptada por el PP.
Por su parte, la a diputada del grupo Socialista Patricia Hernández ha indicado que el PP crea «alarma» al mezclar allanamiento, usurpación e impago de alquiler, al cual, ha agregado, llama inquiocupación.
Adquisición de hoteles por parte de fondos de inversión
Con respecto a uno de los puntos del día más relevantes de la jornada, el plano ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que encargue un estudio sobre la adquisición de hoteles de las islas por parte de fondos de inversión, una práctica que se desarrolla sobre todo desde 2008 y que se ha acelerado en los últimos cinco años hasta alcanzar unos cien hoteles con 40.000 camas.
Los grupos que apoyan al Gobierno, que han enmendado el texto con acuerdo del proponente PSOE, han coincidido en que es un fenómeno que hay que estudiar, pero han rebajado el lado negativo de este tipo de inversiones para resaltar sus efectos positivos. Por su parte, el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, quien ha planteado la iniciativa, ha explicado que la adquisición de hoteles por parte de fondos de inversión es una práctica habitual en el sector, que se realiza «de forma silenciosa, pero vertiginosa».
José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, ha coincidido en la importancia de estudiar estas inversiones «pero sin alarmismo» y ha quitado importancia a los efectos de la propiedad sobre los salarios, que están regulados por los convenios sectoriales y que dependen de la capacidad negociadora de los trabajadores y las empresas explotadoras, que raramente coinciden con la propiedad en el caso de los fondos. «No ha habido ningún indicio de que los fondos de inversión estén presionando para modificar los convenios», ha dicho Barragán.
Prevención contra el consumo de pornografía en jóvenes
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado con el voto en contra de Vox, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a elaborar una estrategia de educación sexual integral y prevención del consumo de pornografía en jóvenes y que tenga dotación presupuestaria estable.
La proposición no de ley ha sido defendida por la diputada del grupo Nacionalista (CC) Cristina Calero, quien ha aceptado enmiendas presentadas por Alicia Pérez, del PSOE, para que la estrategia tenga financiación estable y sostenida, y de Jennifer Curbelo (PP), para que los mensajes sean también por redes sociales y en lenguaje accesible para la juventud.
Calero ha rechazado una enmienda de Vox porque, según ha dicho, en ella se niega la perspectiva de género, así como que hay varios modelos de familias y no distingue entre violencia y libertad sexual.
Uso profesional de drones en La Gomera
El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido por unanimidad al Gobierno autonómico que participe en el diseño e implantación de programas y módulos de Formación Profesional (FP) específica en el uso profesional de drones en la isla de La Gomera.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, a la vez presidente del cabildo, ha defendido que el sector aeronáutico y aeroespacial es una gran oportunidad para La Gomera, que quiere diversificar su economía.
Los drones, ha explicado, ofrecen múltiples aplicaciones en áreas como la inspección, logística, prevención de incendios o transporte de pruebas médicas que pueden generar empleo cualificado y mejorar servicios públicos. No obstante, la falta de formación accesible y reglada en drones limita estas oportunidades y por eso se necesitan programas formativos en la isla e impulsar así el empleo joven.
Plan de instalaciones deportivas
A iniciativa del grupo Socialista, el Parlamento canario insta al ejecutivo canario a la tramitación y elaboración del plan director de instalaciones deportivas que mandata la ley de la actividad física y del deporte, de 2019, así como a fomentar la participación en el proceso del conjunto de consejerías competentes y afectadas, junto a cabidos y ayuntamientos, universidades, federaciones deportivas y entidades sociales.
El texto aprobado por unanimidad incluye una enmienda de adición de CC y PP en la que se reconoce la necesidad de actualizar previamente el censo de instalaciones deportivas, ya que el último data de 2005, algo en lo que está trabajando el ejecutivo regional.
Por su parte, Sonsoles Martín (PP) ha recriminado al diputado socialista que su partido no impulsara desde el Gobierno regional en la pasada legislatura ni el plan ni el censo de instalaciones deportivas, como tampoco el registro de centros de alto rendimiento o el consejo canario del deporte. En la misma línea, Diana Lorenzo (CC) ha afirmado que «no se puede empezar la casa por el tejado» y que por eso antes que el plan se debe actualizar el censo, y ha opinado que «la inactividad y pasividad» del gobierno del ‘pacto de las flores’ está «totalmente injustificada».
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