El Parlamento de Canarias continúa con la sesión plenaria en la que se debaten, entre otros asuntos, la creación de un impuesto sobre estancias turísticas

Puede seguir la sesión plenaria en el siguiente enlace:

El Parlamento de Canarias celebra un pleno en el que, entre otros asuntos, se debaten dos proposiciones de ley, una del PSOE y otra de NC, para crear un impuesto sobre estancias turísticas.

Piden blindar la salud en el proyecto de planta de gas en La Luz

El Pleno ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) de NC-BC, enmendada por CC, en la que se aboga por priorizar la salud de los ciudadanos en la tramitación del proyecto de la planta de gas del puerto de La Luz y que se apueste por el desarrollo de las energías renovables en el recinto.

La formación canarista no logró el rechazo explícito de la Cámara al proyecto —CC y PP se abstuvieron y Vox votó en contra– y Vox también se opuso a cualquier proyecto de energías limpias en la zona.

Esther González (NC-BC) ha comentado que el proyecto de la planta de gas «ha sido muy contestado» por la ciudadanía, el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debido a que «la venta que se hizo» en su momento era que serviría para dar suministro a los buques y no para generar energía.

En su opinión se trata de introducir «por la puerta de atrás» un proyecto de generación de gas, tal y como ya se intentó con la regasificadora de Arinaga o el ‘gas ciudad’. «Es un proyecto que no solo es innecesario, sino que es perjudicial para la salud de las personas y además es contraproducente para la descarbonización del sistema energético», ha comentado, advirtiendo de que perjudicará la salud de las personas que viven cerca del puerto.

Vidina Espino (CC) ha comentdo que la salud va a estar «por delante» de cualquier proyecto por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que finalice la declaración de impacto ambiental garantizando las «máximas garantías» para los ciudadanos. «Confiamos en nuestros funcionarios», ha indicado.

Ha señalado que los políticos no pueden cerrar expedientes «a su antojo», poniendo como ejemplo el cierre del anillo insular de Tenerife, que ha acabado con una indemnización de más de 13 millones debido a la mala adjudicación.

Jesús Ramos (ASG) ha indicado que el gas «puede ser perjudicial para la salud», según los informes de Salud Pública. Se ha mostrado a favor de que culmine la tramitación ambiental y ha incidido en que la apuesta de Canarias debe ser el desarrollo de las energías renovables.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha apuntado que «la salud es lo primero» pero entiende que se debe trabajar a los técnicos «sin presiones». Y que los diputados no actúen como un «piquete de huelga», cargando contra las «ensoñaciones climáticas» de la formación canarista.

Carlos Ester (PP) ha comentado que su grupo no va a apoyar una iniciativa que vaya «contra la salud» de los ciudadanos. Ha señalado que el procedimiento técnico no ha concluido e incidido en que los dirigentes del PSOE y NC-BC «no dijeron ni mu» en el consejo de administración.

Vanostende: «…. un informe sanitario falso…»

Alicia Vanostende (PSOE) ha apuntado que la realidad actual es «distinta» a la de 2019 porque la directiva europea de suministrar gas a los barcos decayó y el proyecto se presentó «con datos erróneos», pues no hace falta tener una planta de generación de 70 megawatios.

Ha señalado también que el informe sanitario era «falso» porque las partículas contaminantes no irán al mar sino hacia la población, tal y como recoge el informe de Salud Pública. «Con los datos que tenemos hoy en día dudo mucho que votasen a favor de ese proyecto», ha comentado.

Rechazo al empaquetado genérico del tabaco

El Parlamento de Canarias también ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley contraria a la adopción en España del empaquetado genérico de los productos del tabaco.Una medida que considera ineficaz para disminuir el consumo del tabaco pero que pone en riesgo la industria tabaquera en Canarias y la industria auxiliar.

La iniciativa, promovida por PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG y AHI, y a la que se adhirió Vox, reclama al Gobierno de España que no se introduzca el empaquetado genérico en la legislación española. Y que se analice la eficacia de este empaquetado en base a la experiencia de otros países donde ya se ha implementado la medida y evaluar su impacto en el tejido industrial y económico de las islas Canarias.

«De demostrarse la ineficacia de la medida y el impacto negativo para la industria del archipiélago» el Parlamento reclama al Gobierno de España que acuerde con Canarias «cualquier propuesta relacionada con el empaquetado de los productos de tabaco». Los portavoces parlamentarios coincidieron en que esta medida no ha tenido los efectos de reducción del consumo en donde se ha aplicado pero puede tener implicaciones negativas en la industria tabaquera canaria y en la industria auxiliar, como las artes gráficas.

Según el Parlamento de Canarias, el empaquetado genérico, planteado en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, no es una exigencia de la Unión Europea pero su aplicación puede tener un impacto económico, industrial y social en Canarias.

En Canarias la industria tabaquera representa el 13% del PIB industrial

La industria tabaquera en Canarias representa el 13,9% del PIB industrial y genera más de 4.500 empleos directos e indirectos.

El sector de artes gráficas, crucial para la impresión de embalajes de tabaco, también se vería afectado, con una pérdida estimada del 17% de su facturación, considera la iniciativa aprobada.

La aplicación del empaquetado genérico puede reducir el volumen de negocio, deslocalizar las inversiones y suponer la pérdida de empleo cualificado, consideran los grupos parlamentarios. También puede incrementar el comercio ilícito de tabaco y falsificaciones, afectando la recaudación fiscal.

Argumenta el Parlamento que en países con empaquetado genérico, como Australia, Reino Unido o Francia, no se ha logrado reducir el tabaquismo y se ha promovido el comercio ilegal. 

Modificación de los incentivos regionales

El pleno del Parlamento también ha dado por unanimidad luz verde a una proposición no de ley que pide al Estado que se modifiquen los incentivos regionales que están enfocados a fomentar la inversión productiva y la actividad empresarial en zonas específicas.

El diputado del PP Fernando Enseñat ha defendido esta proposición no de ley, que no es vinculante, y ha destacado su importancia, pues, según ha explicado, estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles.

Enseñat ha abogado por una serie de cambios en los criterios de valoración de los proyectos para que los incentivos regionales a los que pueden acceder las empresas canarias no se vean perjudicados y para que puedan aprovechar toda la intensidad de estos incentivos.

Todo ello, ha continuado, con el objetivo de mejorar los proyectos de inversión que diversifiquen la economía y para que generen empleo, sean medioambientalmente sostenibles y así beneficiar a los canarios para que tengan mejores empleos, mejores rentas y un nivel de vida mayor.

Todos menos el PP rechazan iniciativa de Vox por vincular inmigración e inseguridad

Todos los grupos del Parlamento de Canarias menos el PP han rechazado una proposición no de ley presentada por Vox contra el cierre de casas cuarteles de la Guardia Civil en cuya exposición de motivos se vincula esta casuística con el fenómeno migratorio y la inseguridad ciudadana.

En concreto, en la iniciativa de Vox, defendida por la diputada Paula Jover, se esgrime que Canarias sufre una llegada «descontrolada de inmigración ilegal», por lo que se necesita reforzar la presencia de la Guardia Civil para «prevenir la entrada de personas de manera clandestina y combatir las redes criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos».

También desliza que en Canarias, «ante la creciente inseguridad», la política del Gobierno de España «no puede ser la de cerrar cuarteles o destinarlos a la acogida de más inmigrantes ilegales agravando el problema y contribuyendo al efecto llamada».

Mónica Muñoz Peña, del grupo Popular, ha compartido el fondo pero no las formas de esta iniciativa de Vox, por cuanto expresa una «preocupación legítima» por el cierre de cuarteles de la Guardia Civil, que desempeña «un papel crucial en la cohesión social y la protección de las comunidades más vulnerables».

Sin embargo, ve «poco procedente» vincular esto con la migración, «politizando una cuestión que se debe abordar con seriedad y rigor», pero a pesar de esto y de juzgar «inaceptable justificar o blanquear» los postulados de Vox en esta materia, su partido ha respaldado la proposición no de ley.

La diputada socialista Nira Fierro ha reprochado a los diputados del PP que «cada vez que pueden le compran el discurso a los fascistas». Y ha hecho una comparación con la reforma de la Ley de Extranjería, sobre la cual «aquí dicen una cosa» y en Madrid, «la contraria».

Fierro: «El planteamiento de Vox es miserable»

Fierro ha calificado de «miserable» el planteamiento de Vox, a cuyos representantes en el Parlamento de Canarias ha espetado: «es una desgracia para esta tierra tenerles aquí dentro».

Raúl Acosta, del grupo Mixto, ha considerado innecesaria la pretensión de Vox de «monopolizar» y de colocar «bajo palio» a la Guardia Civil, de la que ha recordado su «lealtad excesiva» al Estado durante la dictadura franquista, sin menoscabo de los servicios que presta actualmente.

Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera ha concedido que se necesitan más efectivos, pero ha puesto el acento en la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales y ha lamentado la «incoherencia» de la propuesta de Vox en su parte expositiva, «mezclando» la inmigración ilegal en este asunto.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha censurado la «estrategia» habitual de Vox de promover una iniciativa en apariencia «loable» pero que lo que busca es «enmascarar sus verdaderas intenciones», que son «criminalizar a los migrantes y difundir el miedo, generando una inseguridad ciudadana ficticia que no se sustenta en datos».

Jonathan Felipe, del Grupo Nacionalista, ha señalado por su parte que la Guardia Civil «no es patrimonio de nadie». Y por si acaso ha recordado que el cuerpo tiene 180 años de historia y Vox solo nueve, con lo que «algo habremos hecho los demás» en el apoyo de este cuerpo todo ese tiempo.

También ha criticado el «potaje de cuarteles, menores y campamentos» para «seguir cocinando ese caldo de cultivo del miedo y remover los sentimientos más recónditos de la ciudadanía».