Durante el pleno del Parlamento, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, recuerda que la migración es «un asunto de Estado»
El pleno del Parlamento de Canarias celebra este martes un pleno ordinario que ha comenzado durante la mañana con las preguntas de los grupos parlamentarios a los consejeros del Gobierno.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha afirmado que la inmigración es un asunto de Estado en el que la solidaridad «no funciona», pues a Canarias han arribado casi 6.000 menores y los derivados a otras regiones no llegan a 700.
Nieves Lady Barreto ha respondido de esta manera en el Parlamento regional a una pregunta del diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo respecto al planteamiento que va a trasladar el Gobierno de Canarias al Estado para que establezca una normativa para la redistribución y acogida de migrantes llegados a las islas.
Al respecto, el parlamentario de ASG ha pedido a la consejera «que se plante ya» y reclame al Ejecutivo central un mando único con decisiones «contundentes» para que la solidaridad en el reparto de menores extranjeros no acompañados no dependa de cada presidente autonómico, sino que se efectúe con carácter obligatorio.
Curbelo, que ha indicado que San Sebastián de La Gomera va a acoger a 40 menores, ha señalado también que los cabildos canarios se ven «solos y desamparados porque esto nos desborda, es una crisis que lleva implícito un drama humano».
La consejera ha reiterado que Canarias sigue reclamando un mando único en el Gobierno central para no tocar en «seis puertas» distintas y ha señalado que la titular de Bienestar Social, Candelaria Delgado, tiene previsto reunirse de nuevo el jueves con el secretario de Estado de Derechos Sociales para avanzar en el reparto de menores.
También ha recordado que los servicios jurídicos autonómicos están trabajando en una fórmula jurídica para obligar a ese reparto, bien mediante la modificación de la ley del Menor o mediante la reforma de la ley de Extranjería.
Franquis: «Ni el vandalismo ni la presión de la ultraderecha van a doblegar al PSOE»
El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha advertido que ni los actos vandálicos contra las sedes del PSOE ni los insultos de la ultraderecha, las pintadas «ni la presión» van a doblegar a un partido con 140 años de historia.
Sebastián Franquis se ha referido a los ataques sufridos en diferentes sedes socialistas del país durante una intervención en el pleno del Parlamento canario, en el que preguntó al vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, del PP, por su postura respecto a declaraciones de dirigentes de su partido y de Vox en relación con la derivación de inmigrantes hacia la Península.
Franquis ha comenzado su intervención agradeciendo el hecho de que Manuel Domínguez haya condenado los actos vandálicos sufridos en las sedes del PSOE, para a continuación acusar al PP de «sumarse al discurso de xenofobia y odio» que a su juicio ha iniciado Vox.
El vicepresidente canario ha replicado que Franquis lee sus intervenciones y luego «las interpreta y saca una nota de prensa» diciendo «lo que le da la gana» cuando, ha asegurado, ha sido «claro y transparente», para aludir a continuación a que el alcalde socialista de Sobrado se negó a recibir a 40 migrantes derivados de Canarias, que fueron acogidos por un municipio gobernado por el PP.
Domínguez ha tildado a Franquis de «demagogo» y se ha preguntado qué tipo de lecciones va a dar cuando en su partido «no es capaz de levantar el tono contra nadie», por lo que le ha pedido que recapacite y reconduzca su mensaje con intervenciones «más tranquilas». Si lo hace así «estoy dispuesto a darle un perdón como va a hacer Pedro Sánchez con Cataluña, estoy dispuesto a amnistiarle», ha ironizado el vicepresidente autonómico.
2,5 millones para pymes de La Palma
Precisamente Manuel Domínguez ha asegurado que los 2,5 millones de euros de los 5 millones que anunció el pasado septiembre para el tejido empresarial de La Palma llegarán antes de final de año, y que el resto se empezará a tramitar al inicio del siguiente año.
En respuesta a la pregunta de la diputada de Coalición Canaria Diana Lorenzo, quien ha asegurado que las ayudas no estaban llegando, Domínguez ha señalado que es consciente de que las pequeñas y medianas empresas de La Palma «siguen sufriendo» y que hay una situación de cierre de empresas. Así, sobre el resto de las ayudas que se empezarán a tramitar el próximo año ha especificado que será incorporado como remanente a principio de ejercicio.
La diputada de CC Diana Lorenzo ha dicho que están «deseando» que las ayudas se conviertan en realidad y que los beneficiarios lo noten en su bolsillo porque «el volcán tendrá efectos más de cinco años vista y hay que ponerle voz a los afectados».
Rodríguez dice que el Ministerio no tiene previsión de iniciar la OSP Lanzarote-Madrid
El consejero de Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha afirmado que ha hecho consultas al Ministerio de Transporte sobre la previsión de la puesta en marcha de la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Lanzarote y Madrid y que «no hay previsión sobre cuándo ponerla en marcha«.
A una pregunta de la diputada del PP Luz Reverón, Pablo Rodríguez ha afirmado que al llegar al Gobierno el pasado julio en su Consejería tampoco había «un solo documento al respecto».
En cualquier caso, el consejero ha admitido que existe una percepción de que los canarios pagan «de más» en la conectividad con la península y que la OSP, aunque es una medida que genera «cierta controversia», es necesaria plantear esa prueba piloto en Lanzarote.
«Lo curioso de este asunto es que se anunció en marzo, poco antes de las elecciones, y se dijo que va a entrar en vigor en junio, pero no hay previsión de nada», ha ahondado Rodríguez, que ha opinado que es necesario poner en marcha esta fórmula para ver si es óptima y hacer que el derecho sea real.
Al respecto, Luz Reverón ha considerado que esta es otra «asignatura pendiente» del Gobierno de España con Canarias y ha recordado que la ley establece que se debe fijar una frecuencia de vuelos diarios y asientos mínimos anuales para atender las demandas de los canarios.
«En marzo del pasado año se anunció a bombo y platillo que se pondría en marcha una ruta experimental. Pero esta experiencia piloto ha pasado a formar parte de la larga lista de incumplimientos y la ciudadanía está harta de que el gobierno del PSOE mienta o cambie de opinión y no cumpla sus anuncios», ha concluido Reverón.
El Gobierno afirma que trabaja para corregir deficiencias eléctricas en los colegios
El consejero de Educación, Poli Suárez, ha afirmado que están trabajando para mejorar las deficiencias eléctricas que presentan más de 50 centros educativos en el archipiélago y ha dicho que es «importante y urgente» planificar con coherencia y eficacia las infraestructuras educativas.
Suárez ha dicho que conocieron las incidencias al llegar al Gobierno en julio y ha lamentado que, en algunos casos, esas deficiencias hayan supuesto el retraso del inicio del curso en centros como el IES Saulo Torón, en Gran Canaria.
En cualquier caso, Suárez ha apuntado que ya se han solventado alrededor de una treintena de intervenciones y que están en ejecución una veintena de obras, lo que ha supuesto una inversión de dos millones de euros. «Hay que corregir esto para que no vuelva a pasar en el próximo curso escolar», ha dicho Suárez, que ha agregado que se encuentran inmersos en la implementación de un sistema de gestión digital de incidencias en los edificios educativas o en la adecuada gestión de los inventarios de los centros.
La diputada del PP Sonsoles Martín ha indicado que la seguridad eléctrica de los centros «es fundamental» y que muchos de ellos están «obsoletos y necesitan mejorar sus instalaciones, especialmente las eléctricas» que se encuentran en mal estado «debido a falta de mantenimiento y previsión». Martín ha dicho a Suárez que «hereda una situación delicada que no se puede arreglar con una varita mágica».
El Gobierno quiere modernizar y consensuar la Ley del Suelo «siete años después»
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha reconocido en el Parlamento que «siete años después» de aprobada, la Ley del Suelo necesita reformarse y ha garantizado que se buscará el consenso de las instituciones insulares y locales, de la sociedad y del Parlamento.
Miranda respondió a una pregunta en el pleno del Parlamento del diputado del PSOE Marcos Bergaz, quien ha destacado que la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Coalición Canaria hace siete años ha sido una normativa «fallida» y aprobada sin consenso, por lo que ha destacado que ahora se trata de corregirla y de buscar el acuerdo de la Cámara. «Dijeron que iban a eliminar la maraña burocrática» para agilizar el planeamiento y lo que hicieron fue «quebrar el consenso histórico», dijo Bergaz.
Según el consejero, «es necesario modernizar y actualizar» la Ley del Suelo para simplificarla y conseguir que «el planeamiento salga adelante». En esta «reorientación» de la Ley del Suelo, la Consejería quiere a cabildos y ayuntamientos como «aliados».
De momento, la Consejería está haciendo un análisis de «la casuística» existente en el planeamiento y en 2024 habrá consultas con los ayuntamientos, cabildos, agentes sociales y ciudadanía, mediante jornadas y plataformas.
«Los plazos se irán marcando en función de ese diálogo y ese debate», dijo el consejero, quien apostó por el consenso para conseguir que el planeamiento salga adelante.
El PSOE pide al Gobierno que no actúe como un «fondo buitre» con las viviendas de Añaza
La diputada socialista Patricia Hernández ha pedido al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, que deje de comportarse «como un fondo buitre» respecto a las 358 viviendas de Añaza, en Tenerife, a lo que éste ha replicado que se está estudiando caso por caso la situación de las familias afectadas.
Patricia Hernández ha preguntado en el Parlamento regional al titular de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad la razón por la que Visocan está mandando cartas a los vecinos y vecinas de las 358 viviendas de Añaza, en la capital tinerfeña, para que entreguen las llaves y abandonen su casa, al tiempo que se están iniciando procesos de desahucios.
El consejero ha respondido que le sorprende la pregunta de Hernández porque este asunto lleva «enquistado» desde 2019, cuando Visocan compró las viviendas al banco que las tenía en propiedad y surgieron problemas que no se resolvieron en estos cuatro años.
La parlamentaria socialista ha aludido a una carta enviada por Visocan el 11 de octubre para proceder al desalojo de familias que tienen contrato, con menores a su cargo y en situación de vulnerabilidad debido a que, en su opinión, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha cumplido con el pago de diez meses de alquiler al que se comprometió en su momento.
El consejero ha indicado a Patricia Hernández que debe formular sus preguntas «en su bancada», y ha reiterado que «la casuística» es distinta, pues hay que gente con contrato que paga «religiosamente» su alquiler con la ayuda del Ayuntamiento, otros deben alguna mensualidad y hay algunos que se negaron a firmar el contrato en 2019 y ocuparon las viviendas.
La Consejería está citando a estas familias «para dar la oportunidad de que firmen el contrato» y se va a actuar «con la mayor sensibilidad posible para hacer de manera inmediata lo que otros prometieron y no hicieron», ha señalado Rodríguez.
El diputado del grupo Nacionalista y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha pedido intervenir para apostillar que el consistorio procedió en 2019 a la compra «pionera en España» de estas 358 viviendas, que pasaron de un «casero privado a uno público para que no se fueran a la calle». Bermúdez ha insistido en que ahora se estudiará caso por caso para regularizar la situación de los afectados, lo que «el Gobierno socialista fue incapaz de hacer».
El Gobierno niega un plan de movilidad en el Teide
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha afirmado que no existe plan alguno en tramitación respecto a la movilidad en el Parque Nacional del Teide. Ha precisado que se estudian las casi 8.800 alegaciones presentadas al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que se hará «en consenso» para no caer «en el mismo error» que el anterior Ejecutivo.
Manuel Miranda ha dado esta respuesta al diputado del grupo Nacionalista Canario (CC) Francisco Linares, quien ha hablado de la incertidumbre en torno a un plan de movilidad «del que nadie sabe nada», pero que ha trascendido a los medios de comunicación con una propuesta de crear «tres adefesios» para aparcar en el Teide.
El consejero ha negado que esté en tramitación un plan de movilidad, y ha subrayado que en el departamento son conscientes de que la propuesta de Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que impulsó el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, provocó «un problema muy serio en la sociedad de Tenerife».
Por ello, ha proseguido, «no vamos a cometer el mismo error» y se trabajará en consenso con el Cabildo de Tenerife y los municipios afectados, pues el titular de Política Territorial considera «una obligación sacar un documento que no tenga el rechazo de la sociedad».
Ha añadido que Gesplan está respondiendo a las alegaciones presentadas al PRUG, al tiempo que la Consejería va a poner todos los recursos técnicos y humanos necesarios para que la actualización de este documento tenga garantías medioambientales.
Francisco Linares, que también es el alcalde de La Orotava, municipio al que pertenece el 70 por ciento de la superficie del Parque Nacional del Teide, ha asegurado que el plan de movilidad lo tiene el director del Parque Nacional, Manuel Durbán, para cuestionar que se haya difundido en prensa con asuntos como la prohibición de aparcar en este paraje natural.
