La consejera de Bienestar Social ha pedido que las CCAA acepten la acogida de menores migrantes en virtud de la aplicación de la ley de extranjería
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La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha pedido este miércoles a las comunidades autónomas (CCAA) que han interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) que tengan «visión de Estado» y acepten la acogida de menores migrantes no acompañados en virtud de la aplicación de la ley de extranjería.
En una comparecencia ante el pleno del Parlamento ha precisado que «Canarias no pide caridad, exige responsabilidad» y por ello espera que en la conferencia sectorial del viernes haya «voluntad de acuerdo» y el Gobierno central diseñe la «logística» para iniciar los primeros traslados este verano y no a partir del 30 de septiembre.
«Ya es tarde, no caben más retrasos, la situación es apremiante», ha agregado, con casi 5.600 menores en el archipiélago y 82 centros, y profesionales «exhaustos» y organizaciones no gubernamentales «saturadas» ya que «todos los recursos están al límite y sobrepasados».
Crisis humanitaria estructural
La consejera ha comentado que «por mucho esfuerzo» que se haga en la atención a los menores «conlleva riesgos para su bienestar» ya que no se trata de una «situación coyuntural» sino de una «crisis humanitaria estructural», con casi 15.000 migrantes llegados en lo que va de año, un tercio de ellos menores.
Ha comentado que «la infancia no puede depender del código postal donde se desembarca» de ahí que haya exigido un sistema automático de distribución pues «Canarias sigue sola» y solo ha contado con el aval de la justicia y «dos autos históricos» del Supremo.
Ha dicho también que la derivación de los más de 1.000 menores solicitantes de asilo «será un alivio» para las islas y ha insistido en no caer en la «insensibilidad» dado que «cuando un niño llega solo en una patera es responsabilidad de un país entero».
Por ello ha pedido a las comunidades aparcar la «confrontación» y no convertir a los menores en «arma arrojadiza» con recursos judiciales ya que se les va a distribuir «de forma proporcional y justa».
La consejera ha comentado, igualmente, que la acogida de menores en el archipiélago ha supuesto un «coste enorme» que cifra en unos 190 millones al año y solo han recibido 50 millones de 2024 y faltan otros 100 millones a los que se comprometió el Gobierno central.
Para Delgado, no se trate de que «gane Canarias un pulso político sino que España gane en humanidad y unión».
Esperanzas de solución a la distribución
Jana González (CC) ha dicho que Canarias «no está como hace un año» ya que hay una herramienta legislativa, la modificación de la ley de extranjería, y dos resoluciones del Tribunal Supremo que amparan la distribución de menores migrantes por el resto de comunidades autónomas y la inclusión en el sistema nacional de asilo.
Ha apuntado que este entramado legal y jurídico da «ciertas esperanzas» de que se atienda las necesidades de los menores e incidido en las «dudas» y los «fallos» para determinar la edad, por lo que muchos «acaban en la calle». «Los derechos de las personas extranjeras están siendo pura utopía», ha comentado.
González también ha apelado a «insonorizar el ruido político» en torno a la inmigración.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), confía en que prime la «sensatez» y haya un acuerdo definitivo antes del viernes pero ha mostrado su «indignación» por la incomprensión del Estado y buena parte de las comunidades autónomas.
«Canarias sola no puede», ha indicado, y ha mostrado su deseo de que haya un «cambio de postura» a nivel estatal porque «todos van a ser necesarios en buscar una solución».
Jesús Ramos (ASG) ha admitido que se «eterniza una situación lamentable» debido a la «dejación» del Estado y la UE, y aunque se aprobó un decreto-ley, «a día de hoy nada», y la situación en las islas «se desborda».
Vox exige repatriaciones
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reivindicado la «repatriación» de la inmigración «ilegal» dado que llegará un momento en que todas las comunidades autónomas estarán al 150% de su capacidad. «¿Qué pasará entonces?», se ha preguntado.
Ha insistido en que los menores deberían volver con sus familias porque si no se incrementa «el efecto llamada, la delincuencia, el enriquecimiento de las mafias y las muertes en el Atlántico».
Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha lamentado que se haya tenido que recurrir al Supremo para que el Estado cumpla con su responsabilidad y ha incidido en el «desprecio absoluto» del Partido Popular por los menores a Canarias, que además «empieza a parecerse cada vez más» a Vox con su discurso.
María Isabel Saavedra (PP) ha afeado al Gobierno central que no tenga una política migratoria «seria» mientras Canarias se enfrenta «sola» a la crisis humanitaria, solo con la ayuda del Supremo, que ha obligado a «forzar» un acuerdo para acoger a más de 1.000 menores solicitantes de asilo.
«Si hoy existe un atisbo de solución, no es gracias al impulso del Estado, sino a la presión judicial, al trabajo del Gobierno de Canarias y a la resistencia institucional de una tierra como la nuestra», ha señalado.
Elena Máñez (PSOE) ha comentado si está garantizada «por ley» es por la «voluntad política» del Gobierno y especialmente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que «se ha fajado» para garantizar la acogida.
Reducción de la jornada laboral
El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado con los votos de los grupos que sustentan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) más Vox, una moción del PSOE en la que se reclamaba apoyo para la tramitación del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanas.
Gustavo Santana (PSOE) ha lamentado que el «interés político» del PP impida que se llegue a un acuerdo en el Parlamento y ha ironizado con que en las reformas laborales promovidas por los populares no contaron ni con apoyo de las comunidades autónomas ni «diálogo social».
Además les ha afeado que quieran «repartir la jornada» y no reducirla, y además con pactos individuales con los trabajadores, al tiempo ha criticado que los grupos parlamentarios sufran el «secuestro» por parte de la consejera de Empleo, Jessica de León. «No son capaces ni de posicionarse, es un error histórico», ha señalado.
«Medidas compensatorias» y más consenso
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha dicho que está favor de la reducción de la jornada pero discrepa de que haya «confrontación» y el acuerdo no se tome dentro de la negociación colectiva.
Asimismo, ha reclamado «medidas compensatorias» porque afectará al crecimiento del PIB y la creación de empleo.
Jesús Ramos (ASG) ha augurado que la reducción de la jornada laboral «no se va a aprobar» ante la mayoría que representan PP, Vox y Junts en el Congreso por lo que ha propuesto buscar más consenso en las alegaciones en torno al proyecto de ley.
Ha apuntado que está de acuerdo con la reducción de jornada pero es importante fijar en «cómo» se hace, especialmente en el caso de las pymes, que deberían contar con ayudas para poder soportar los costes.
Paula Jover (Vox) ha mostrado su rechazo a la «ocurrencia del populismo laboral» de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya que la «preocupación» de la sociedad no es que se trabaje menos horas sino que haya «más trabajo». «Esto es lo que hay que solucionar», ha explicado.
Ha criticado la «imposición» del Gobierno porque la estructura económica de Canarias «no lo puede asumir». «Esta ley traería más paro y más precariedad», ha señalado.
Natalia Santana (NC-BC) ha apuntado que este debate «va de ideología pura» ya que el Gobierno de Canarias se mueve al dictado del «mercado», y reducir la jornada laboral «no es ninguna utopía» pues está avalada por la experiencia.
Asimismo, ha cuestionado que «las derechas» se opongan a un avance de derechos y criticado especialmente a CC porque se «mimetizan» con el PP para «no desairarlos».
Preocupación por las pymes y autónomos
Carlos Ester (PP) ha reprochado al Gobierno central su «medida intervencionista sin diálogo social» y pedido que la reducción de jornada «se haga bien» para que no impacte en el crecimiento económico.
«Hagan caso de otros ejemplos de éxito europeos», ha agregado, subrayando que su grupo está a favor pero entiende que el modelo auspiciado por el Ejecutivo solo traerá más pobreza y precariedad.
Francisco Linares (CC) ha afirmado que su grupo está a favor de la reducción de la jornada «pero así no», pues el proyecto de ley «va a quedar en la carpeta». «Se ha vendido una moto que no sirve para nada», ha comentado.
El diputado nacionalista se ha mostrado preocupado especialmente por cómo afectará a las pymes y los autónomos. «Las cosas no se han hecho bien, ha faltado sentido común», ha destacado.
