El pleno del Parlamento ha rechazado la propuesta del PSOE para impulsar el acceso a la vivienda en las islas con la regulación de los grandes tenedores
El Parlamento de Canarias ha rechazado por mayoría este miércoles la propuesta del PSOE para crear un registro de grandes tenedores de viviendas en las islas, donde hay “al menos 104.417 inmuebles” pertenecientes a personas con más de cinco propiedades y más de “77.613 inmuebles” en manos de personas jurídicas, lo que supone “en torno al 10% de todas las viviendas.
Estos datos figuran en la proposición de ley presentada por el PSOE para el impulso del derecho a la vivienda en Canarias mediante la regulación de los grandes tenedores y el reequilibrio fiscal que proponía establecer por primera vez en las islas un Registro de Grandes Tenedores de Vivienda y ampliar los derechos de tanteo y retracto de la Administración autonómica sobre sus operaciones de venta.
Rechazada por todos los grupos que apoyan al Gobierno
La propuesta ha sido rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y también por Vox por considerar que solo aumenta la burocracia y que, en definitiva, no resuelve el problema de la vivienda en Canarias.
El diputado del PSOE Sebastián Franquis ha esgrimido en el pleno del Parlamento que la concentración de vivienda en estos agentes, junto con el incremento de precios y la demanda turística y residencial, hace necesaria la creación del registro y la adopción de medidas que permitan disponer de información y reforzar los instrumentos de la administración para ampliar el parque público.
En su propuesta de ley se definía como gran tenedor a toda persona física o jurídica titular de más de diez viviendas o más de 1.500 metros cuadrados construidos de viviendas, excluyendo garajes y trasteros y también a quienes posean cinco o más viviendas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Según el PSOE, cuatro personas concentran “620 propiedades” y que 73 sociedades reúnen “más de 19.384 viviendas”.
El texto, que solo ha sido apoyado por Nueva Canarias, establece que todas las transmisiones de viviendas realizadas por grandes tenedores, estén o no inscritos, quedarán sujetas a derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración autonómica, incluidos los supuestos de ventas de participaciones sociales que representen más del 25% del capital de entidades que cumplan la condición de gran tenedor. En caso de ejercicio del derecho de adquisición, las viviendas pasarán a formar parte del parque público.
Asimismo, la propuesta contempla un tipo impositivo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para adquisiciones realizadas por grandes tenedores, para transmisiones de edificios enteros y para viviendas destinadas o que vayan a destinarse a vivienda vacacional, salvo excepciones como vivienda protegida o alquiler residencial mantenido por quince años.
Para el PSOE es «imprescindible» la creación de un registro de grandes tenedores
Franquis ha insistido en que es «imprescindible» la creación de un registro de grandes tenedores debido al incremento de precios que se está produciendo, lo que hace que el PSOE, con esta propuesta, quiera saber cuántas viviendas están en sus manos y en qué municipios e islas. «No es una ocurrencia, es una necesidad», ha afirmado el socialista. Ha explicado que de esta propuesta «solo ordena y regula» y responde «a un mandato social y moral» y tiene el fin de que vivir «no sea un privilegio sino un derecho».
La diputada de CC Socorro Beato ha señalado que la propuesta del PSOE no se sustenta en un análisis riguroso y que el registro de grandes tenedores «solo supone más burocracia para los ayuntamientos» y no tiene «ninguna capacidad» para abordar el problema de la vivienda. «No improvisemos con una ley que no se sustenta en ningún informe jurídico», ha zanjado Beato, quien ha recordado que hay 2.500 públicas en construcción en estos momentos.
Por el PP, Jennifer Curbelo, ha opinado que «la receta de la intervención no funciona«, al tiempo que ha reclamado más seguridad jurídica para poder alquilar una casa en vez de «proteger a los okupas» como ha dicho que hace el PSOE.
Paula Jover, de Vox. ha criticado que la propuesta de ley socialista es «un nuevo castigo a la propiedad privada, a la inversión y a los canarios más vulnerables que buscan un piso donde vivir» y que pretender poner en «una lista negra» a los pequeños patrimonios familiares a los que convierte «en sospechosos».
Desde la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha admitido que «aunque está cargada de buenas intenciones», la ley del PSOE no garantiza un mejor acceso a la vivienda ni aborda este asunto «con rigor y responsabilidad».
Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha calificado la iniciativa del PSOE de «populista«. Y le ha preguntado a este grupo parlamentario por qué no puso en marcha el registro de grandes tenedores cuando gobernó.
Solo Nueva Canarias ha avalado la propuesta del PSOE pues, «¿qué problema hay de que se sepan quiénes son los grandes tenedores?» y ha añadido: «a lo mejor son ustedes -en referencia a los grupos que no han apoyado la ley- o amigos suyos».
Cambio en el himno de Canarias
El pleno del Parlamento ha acordado por unanimidad modificar el himno de Canarias para adecuarlo a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, de manera que la letra ya no mencionará a «siete peñas», sino a «ocho peñas».
El himno de Canarias, aprobado en 2003, se basa en la melodía ‘Arrorró‘, de los ‘Cantos Canarios’ de Teobaldo Power, y la letra de entonces incluía el verso «Repartido en siete peñas», coherente con el Estatuto de Autonomía vigente entonces, que describía el archipiélago como siete islas.
Pero en la reforma estatutaria de 2018 se reconoce a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote. Y delimita el ámbito espacial de Canarias incluyendo siete islas con administración propia y, además, la isla de La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.
Los seis grupos proponentes de esta iniciativa, todos salvo Vox, que también votó a favor, han considerado oportuno esta adaptación simbólica que «no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias».
La finalidad es «alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta», expone la iniciativa, que aún debe ser tramitada en el Parlamento para que gane oficialidad.
Reacciones
Marcos Bergaz, del PSOE, destacó que los gestos y los símbolos son importantes, y en este caso contribuirá al empeño de todos de superar la triple insularidad y alcanzar la igualdad de todos los canarios. David Toledo, de CC, consideró que no se trata solo de una modificación técnica, sino de un acto de justicia.
Rebeca Paniagua, del PP, destacó que «no estamos corrigiendo un himno, estamos completándolo».
Para Luis Campos, de Nueva Canarias, el himno se olvidaba de una parte del archipiélago, cuando «Canarias son ocho islas habitadas y cada una de ellas tiene sentido». Nicasio Galván, de Vox, anunció el voto favorable de su grupo.
Jesús Ramos Chinea defendió que «para ser un pueblo debemos estar todos y cada uno incluidos» y Raúl Acosta, de AHI, planteó que «este gesto demuestra que en Canarias nadie sobra y que todos aportamos».
Aprobada la ley de protección del arbolado urbano
El pleno ha aprobado la ley de iniciativa popular de protección del arbolado urbano con el apoyo de todos los grupos salvo Vox y la crítica del PSOE, que considera que se trata de una norma «de mínimos» al decaer parte de su contenido durante su tramitación.
El texto definitivo recoge un régimen sancionador en el que se diferencian las infracciones graves de las muy graves, como la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos de la ley, salvo por razones de seguridad para personas o bienes.
También se considerarán infracciones muy graves cuando las talas afecten a ejemplares que hayan sido incluidos en cualquier catálogo de protección o hayan sido individualizados por sus sobresalientes características en el inventario municipal.
En la exposición de motivos de la ley se esgrime la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de los ejemplares arbóreos más valiosos y antiguos ante «las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen», y asegurar con ello el fomento de los espacios arbolados en pueblos y ciudades.
La ley pretende la preservación de todos los ejemplares de cualquier especie que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco, así como aquellas nuevas plantaciones reguladas al amparo de la misma.
