La Policía Nacional libera a 8 mujeres explotadas sexualmente en Tenerife

Hay 9 personas detenidas por explotar sexualmente a 8 mujeres, cinco de las cuales han ingresado en prisión provisional

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Europa Press
Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Europa Press

Agentes de la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a explotar a mujeres sexualmente en pisos prostíbulos ubicados en el sur de la isla de Tenerife. Se han identificado a un total de 36 mujeres explotadas, siendo ocho las liberadas. Eran captadas en su país de origen para venir a España mediante falsas promesas de obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución. Adquirían una deuda de 3.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas al día siete días a la semana, sin descanso y obligadas incluso estando enfermas de infecciones derivadas del propio ejercicio. Hay nueve personas detenidas –los cinco principales responsables han ingresado en prisión provisional-, y se han realizado cinco entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de dos de ellos.

La investigación dio comienzo en el año 2024 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España para posteriormente explotarlas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en la zona sur de la isla de Tenerife.

RTVC. Declaraciones: Celia Peláez – Portavoz de la Policia Nacional en Santa Cruz de Tenerife.

Modus Operandi

La policía desmanteló una organización criminal dirigida por un clan familiar formado por cinco ciudadanos de origen venezolano. Este grupo se dedicaba a captar y traficar ilegalmente con mujeres colombianas muy jóvenes, de entre 18 y 25 años, con el objetivo de explotarlas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional del sur de Tenerife, que usaban como pisos prostíbulos.

Una colaboradora del clan captaba a las mujeres en Colombia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y precariedad económica. Ella se encargaba de convencerlas para viajar a España, utilizando falsas promesas de que ganarían mucho dinero ejerciendo la prostitución en condiciones muy distintas a las que encontraban al llegar.

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Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife. También les gestionaba un seguro de viaje y una reserva de hotel ficticia. Antes de viajar a España, eran aleccionadas sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera. Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto de Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que previamente les habían enviado y les trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas.

Condiciones infrahumanas

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, puesto que, si aparecía un cliente, eran obligadas a regresar al piso. El entramado les obligaba a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.

Las mujeres dormían en habitaciones compartidas, donde también prestaban los servicios sexuales. Los miembros del clan las obligaban a trabajar incluso cuando estaban enfermas, incluso con infecciones venéreas. Si la enfermedad les impedía continuar, las echaban del piso, aunque no tuvieran dinero ni un lugar al que ir.

El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las victimas a través de cámaras de video vigilancia instaladas en los propios pisos y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el 100% hasta saldar la deuda inicial contraída. No obstante, en algunos casos las victimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada.

Algunas de las víctimas consiguieron huir del calvario al que estaban sometidas, no obstante, la organización criminal les amenazaba a través de mensajería instantánea en sus teléfonos particulares con atentar contra su integridad o la de sus familiares en sus países de origen.

Drogas y blanqueo de capitales

El clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual. Con el objetivo de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios, la organización criminal obligaba a las mujeres a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si éstos lo solicitaban.

Las investigaciones realizadas por los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles.

La operación policial culminó con la detención de nueve personas en la isla de Tenerife, decretándose el ingreso en prisión de los cinco principales responsables. Del mismo modo se llevaron a cabo cinco entradas y registros, decretándose la clausura de dos pisos prostíbulos, donde se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, tres vehículos, 14 terminales móviles y diversas sustancias estupefacientes (cocaína y tusi), y gran cantidad de documentación incriminatoria. Además, se procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para recaudar los beneficios obtenidos.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

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