Diferentes miembros comenzaron a realizar operaciones en las que los MENAS se fugaban del centro de menores y, a cambio de dinero, los trasladaban hasta la Península
La red criminal que traficaba con menores migrantes alojados en centros de Canarias y que ha sido desmantelada por la Policía Nacional cobraba unos 1.000 euros por viaje a la Península.
El perfil de los afectados era el de un migrante hombre menor de edad al que en el momento de contratar sus servicios le facilitaban la documentación de terceras personas para poder viajar, así como la adquisición de vuelos y el acompañamiento en los aeropuertos, detalla la Policía Nacional en una nota.
En la operación se ha detenido a nueve personas, siete en la provincia de Alicante y dos en la región de Murcia. De entre ellos, dos han ingresado en prisión provisional.
A todos se les investiga presuntos autores de delitos contra los derechos de los extranjeros con ánimo de lucro en el seno de una organización criminal y falsedad documental.
En esta vía, la Policía Nacional ha llevado a cabo la entrada y registro en cuatro inmuebles de esas provincias en los que se han intervenido 1.000 euros en efectivo, tres teléfonos móviles, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación.
Además de los objetos relacionados con la presente investigación, los agentes han intervenido 100 cajas de ropa valoradas en 270.000 euros y 26 garrafas de aceite sin etiquetar, susceptibles de proceder de otros delitos contra el patrimonio llevados a cabo por la organización.
Prisión provisional
El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha ordenado prisión preventiva para dos de los nueve miembros de una red que traficaba con menores migrantes no acompañados (MENAS) que se fugaban de centros de Canarias y se distribuían por la Península.
Fuentes del TSJC apuntan también que las otras siete personas investigadas por la ‘Operación Akron’ quedan en libertad provisional. Sin embargo, tienen la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días y la prohibición de salida del territorio nacional. Se les califica así como presuntos autores de delitos contra los derechos de los extranjeros con ánimo de lucro en el seno de una organización criminal y falsedad documental.
En esta vía, se trata principalmente de vuelos a la Península desde Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, con documentación a nombre de terceros facilitada por la red a cambio de pagos en dinero.
Una operación iniciada en enero
El auto judicial, hecho público este martes, recoge que la operación se inicia en enero de este año a raíz de una llamada de la ONG Asociación QUORUM Social 77, que gestionaba un centro de menores en Puerto de la Cruz. En ella, advertían de que un grupo de personas trataba de convencer a los menores de que se fugaran y, a cambio de dinero, trasladarlos hasta la Península.
De hecho, el 8 de febrero dos de ellos llegaron a fugarse y volaron hasta Málaga, probablemente con pasaporte falso, hasta que acabaron internados en un centro de menores de Valencia.
La Policía Nacional, al conocer que había más traslados de menores a la Península siguiendo el mismo modus operandi, organizó un dispositivo de vigilancia en los dos aeropuertos de Tenerife. Además, intervieron algunos teléfonos en los que se detecta que el presunto cabecilla de la trama facilitaba sobornos en los puertos de Marruecos y Algeciras para facilitar la operativa de la red.
Incluso, a raíz de estas llamadas, los agentes se dan cuenta de que la red también se dedica al tráfico de drogas.
