Las revisiones consisten en valorar la situación de las personas dependientes que se han visto empeoradas y no han recibido más ayudas o prestaciones
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha reactivado en los últimos meses 417 procedimientos de revisión de grado solicitados por personas en situación de dependencia y que llevaban cuatro años paralizados, según ha informado este martes en un comunicado.
Se trata de personas que ya habían sido valoradas hace años y cuya situación había empeorado notablemente, sin que recibieran más ayudas o prestaciones para atender la nueva realidad, precisa la nota
«Las modificaciones del grado no aparecen en las estadísticas macro que se manejan en materia de Dependencia, pero hay que pensar en las personas, no solo en los datos. Tenemos que trabajar para que la progresión de la situación de dependencia sea lo más lenta posible, pero todas las personas empeoran y necesitan ampliar los servicios que reciben», ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Según expone, desde que asumió el cargo y los propios trabajadores le informaron de la paralización de estos expedientes durante los últimos cuatro años, dio la orden de que se pusieran en marcha las revisiones de grado «porque estamos aquí para mejorar la vida de los canarios y las canarias y para que se cumpla toda la ley, no solo la parte que nos deja mejor».
Sacan a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto
Junto con las revisiones de grado, el área de Dependencia ha continuado realizando nuevas altas en el sistema al mismo ritmo que el mes de agosto del año pasado y se está trabajando en la mejora de los aplicativos informáticos.
La consejera ha recordado además que su departamento ha sacado este martes a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, con el fin de reducir los trámites administrativos actuales y agilizar el acceso de la ciudadanía a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
