El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha criticado las palabras del ministro Ángel Víctor Torres en relación a los expedientes de menores migrantes no acompañados que tienen que reubicarse en la Península
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, se ha mostrado muy crítico con las palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre los expedientes de menores migrantes no acompañados que tienen que reubicarse en la Península.
En este sentido, el portavoz del Gobierno canario cree que el Gobierno de España está siendo desleal y pide colaboración administrativa porque las islas siguen tutelando a más de 4.100 menores migrantes no acompañados, una situación de hacinamiento.
Gracias a esta mejora extraordinaria de personal, la Comunidad Autónoma ha remitido ya 755 expedientes completos a la Delegación del Gobierno para su traslado a la península en cumplimiento de la declaración de contingencia migratoria.
Este personal, ha recordado el portavoz del Gobierno, también está gestionando las 228 resoluciones de traslado recibidas desde la Delegación de Gobierno, de las 572 nuevas llegadas de menores a Canarias, niños y niñas que permanecen en centros del Ejecutivo autonómico desde que arriban al archipiélago.
«Si algo ha quedado claro a lo largo de estos casi tres últimos años es que el Gobierno de Canarias está haciendo todo lo posible por desbloquear y revertir la situación de hacinamiento», observó Cabello.
Además, el portavoz hizo especial hincapié en que es el Estado el que tiene «varios autos» del Tribunal Supremo «condenándolos» a revertir la situación de los menores migrantes y poniendo el foco sobre los incumplimientos del propio Gobierno de España.
Cabello entendió que Torres ha venido dando en los últimos días unas cifras en las que, dijo, ha mezclado algunos conceptos o tipología de expedientes.
Decisión unilateral de la Delegación del Gobierno
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, Alfonso Cabello también ha criticado la decisión de la Delegación del Gobierno en el archipiélago para que la Policía Canaria asuma los traslados de menores con medidas judiciales desde el 1 de febrero porque «infringe» los mecanismos legales de cooperación entre administraciones.
El portavoz del Gobierno entiende que se trata de «un acto unilateral», después de que la Delegación del Gobierno de Canarias le notificara, por carta, a 21 de enero que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) deberá asumir en exclusiva las competencias en el traslado de menores con medidas judiciales con fecha 1 de febrero.
El Gobierno canario se ha mostrado sorprendido por recibir esta comunicación a través de una carta, sin que haya mediado contacto previo telefónico o personal, y considera que vulnera los principios de lealtad institucional del Estado con una Comunidad Autónoma.
El Ejecutivo canario, señala Cabello, no se niega a asumir las competencias del traslado de menores, pero nunca se constituyó, como se fijó en enero de 2019, un grupo de trabajo liderado por la Delegación del Gobierno para realizar un estudio de los recursos humanos y materiales.
